Carga procesal en el sur crece con paros en Fiscalía y Poder Judicial

Sufre el litigante. Los trabajadores judiciales deben levantar su medida de fuerza, sin embargo, en los once días perdidos cientos de audiencias quedaron paralizadas

Publicado en La República el 15 de Mayo del 2012

Litigantes y abogados son los afectados por las paralizaciones que trabajadores del Poder Judicial (PJ) y Ministerio Público. Mañana deben regularizarse la atención en los distritos judiciales del sur, despúes de que se otorgara facultades al titular del PJ César San Martín para que negocie el íntegro del pliego. En el Ministerio Público no se quedaron atrás. Ayer acataron una paralización de 24 horas solicitando un incremento de S/. 600. Amenazan radicalizar las medidas de fuerza.

Una muestra de los problemas que provocaron estas protestas, es que en Arequipa en los 11 días de huelga judicial se dejaron de realizar cerca de 800 audiencias. Mientras que la paralización de 24 horas acatada ayer por los trabajadores del Ministerio Público, frustró 400 diligencias.

Cifras similares de paralizaciones de juicios y diligencias fiscales se dieron en las regiones de Cusco, Puno, Moquegua y Tacna. El presidente de la Junta de Fiscales de Arequipa, señaló que las huelgas tanto en el Poder Judicial como en el Ministerio Público, provocan el incremento de la carga procesal, debido a que los jueces y fiscales no pueden resolver expedientes en trámite.

RECONOCEN DAÑOS

El secretario de los trabajadores judiciales de Arequipa, Walter Rosa Tejeiro, señaló que es cierto que su paralización ha afectado a los litigantes, abogados y demás usuarios de la Corte. Empero señaló que ha sido el gobierno a través del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), los que provocaron todo esto al no aprobar sus aumentos salariales. De igual opinión fue el secretario de los servidores del Ministerio Público, Gonzalo Medina, quien pidió disculpas a los usuarios de la Fiscalía. Esta postura también fue tomada por los trabajadores de las regiones de Cusco, Puno, Tacna y Moquegua.

TRAICIONADOS

En cuanto al levantamiento de la protesta de los trabajadores judiciales de la región sur, el dirigente de los servidores en Puno, Walter Torres, dijo que continuarán con la huelga. Refirió que no están de acuerdo con la propuesta del MEF de un solo aumento. Por su parte el representante en Arequipa, Walter Rosa, dijo que la dirigencia nacional los ha traicionado al levantar la huelga sin lograr mayores logros. “Contra nuestra voluntad levantaremos la huelga mañana (hoy)”.

Por su parte los judiciales de Moquegua indicaron que recién hoy definirán si siguen con la medida de lucha.

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El Secreto de la Investigación y su regulación en el Nuevo Código Procesal Penal

La Dra. Lozada ha protestado por la aparición de una grabación de audio hecha durante el interrogatorio a Rosario Ponce y difundida en medios de prensa y TV. Si bien a lo largo del caso han existido múltiples filtraciones, esta última grabación es muy singular por haberse realizado en sus propias narices.

– Victorio Neves de Baers

“Para guardar un secreto se necesita de dos, para que todos se enteren, de tres.”

– Dicho popular

“¿Me guardarías un secreto, amigo? Mejor me lo guardarías si no te lo digo.”

– Anónimo

Por Miguel Ángel Vásquez Rodríguez [1]

Publicado en el “Blog de Torquemada” el 5 de Agosto del 2010

I. INTRODUCCIÓN

Acerca de la regulación de la reserva de la investigación y el secreto de ésta en el Nuevo Código Procesal Penal, poco se ha escrito hasta ahora en el Perú. Si bien la mayoría de los tratados describen la reserva como parte del proceso en la Investigación Preparatoria, no se ha desarrollado a profundidad el mecanismo del secreto de la investigación como herramienta del proceso penal actual.

Como preludio, cabe afirmar que todo sistema requiere de piezas y engranajes que lo pongan en funcionamiento, allí donde los engranajes no están correctamente dispuestos o cuando las piezas han sido fabricadas sin seguir el modelo propuesto para el sistema, este termina por colapsar. Se debe considerar que cualquier falla por mínima que sea termina siendo irreparable en su correspondiente dimensión y en el caso del sistema diseñado en el actual modelo procesal estas fallas podrían causar efectos importantes que pueden llegar a afectar al fin del proceso en su conjunto o individualmente al sujeto que interviene de éste.

Si bien el secreto de la investigación se encuentra enunciado en un solo parágrafo del Código Procesal Penal, ello no significa que este mecanismo sea uno de menor jerarquía, ya que su uso y ejecución vulnera directamente una de las principales garantías del modelo procesal penal: El derecho a la legítima defensa traducido en el derecho que le asiste a cada imputado o investigado de conocer los documentos y actuaciones que eventualmente pueden llevar a su incriminación y por tanto tener la facultad de contradecirlos o realizar los descargos correspondientes.

A fin de poder contribuir al desarrollo del secreto de la investigación, es que se desarrolla este breve ensayo, esperando poner al debate un mecanismo procesal que ya diversos autores han señalado como polémico.

II. EL SECRETO DE LA INVESTIGACIÓN

2.1 Diferencias entre secreto de la investigación y reserva de la investigación.

Este apartado es una breve y sencilla distinción que el propio Código Procesal Penal ya se ha encargado de establecer y aclarar, esto es la diferencia entre la reserva de la investigación y el secreto de esta, la misma que radica en los sujetos respecto a los cuales opera por un lado y las actuaciones y documentos sobre los que tiene efectos de otro.

La reserva de la investigación se tiene entendida como una limitación que impide que cualquier persona extraña al proceso pueda tomar conocimiento de él mientras se desarrolla la investigación. De acuerdo a lo establecido por el artículo 324.1 del Código Procesal Penal esta limitación se extiende inclusive a los sujetos procesales que aún no se han hecho parte del proceso.

El artículo precitado establece expresamente que “[…] Sólo podrán enterarse de su contenido las partes de manera directa o a través de sus abogados debidamente acreditados en autos. […]”. De lo que se desprende que un sujeto procesal no acreditado (es decir que aún no es parte) no podrá acceder a la carpeta fiscal o al expediente judicial de ser el caso.

De lo expuesto se desprende que el espíritu del Código es que el investigado mantenga de manera insoslayable el derecho reconocido a defenderse de los cargos imputados y tomar conocimiento de las actuaciones y documentos que se tienen en su contra. Sin embargo el ejercicio de este derecho requiere de un paso previo: El investigado deberá primeramente hacerse parte en el proceso y acreditar debidamente a un abogado, entendiéndose que podrá solicitar un defensor de oficio si no puede acreditar a uno particular o privado. Se concluye entonces que los sujetos procesales no apersonados no pueden tomar conocimiento del contenido de las investigaciones por la simple recepción de la notificación de las disposiciones fiscales o resoluciones judiciales, haciéndose extensiva a ellos la reserva hasta haberse apersonado apropiadamente.

En cambio el secreto de la investigación es una limitación especialísima y excepcional; En primer lugar establece un recorte temporal a un derecho fundamental, el derecho a la defensa, puede operar respecto a una o más de las partes debidamente apersonadas a la investigación y su duración máxima es de cuarenta días, siendo el señalamiento de los primeros veinte facultad del Ministerio Público y su prórroga por hasta veinte días facultad del Juez de la Investigación Preparatoria.

El Código señala de manera incuestionable en el artículo 324.2 que el secreto se podrá mantener en su primera etapa por un tiempo no mayor de veinte días, de lo que se desprende que el plazo del secreto puede ser uno menor a juicio del Fiscal a cargo de la investigación.

Cabe resaltar que al referirse al secreto, el encabezado del artículo 324 señala de manera desafortunada la expresión “Reserva y Secreto de la Investigación” lo que puede llevar a una confusión por parte del eventual lector. Más abajo se puede observar que el secreto ordenado o propuesto por el fiscal solo puede versar sobre alguna actuación o documento en particular, interpretándose luego que dicho secreto no puede ser sobre toda la investigación o expediente, precisión que tiene importantes implicancias acerca de la oportunidad y modo de disponer el secreto de determinada actuación.

2.2 Secreto: ¿Respecto a quién?

Si es el fiscal quien ordena o dispone el secreto de determinada actuación o documento, ¿Respecto a quien debe operar el indicado secreto? Como ya se indicó líneas arriba, en la investigación el conocimiento del contenido del proceso se encuentra limitado a las partes procesales en virtud a la reserva. Entonces debe asumirse que el secreto debe entenderse contra alguna o algunas de las partes procesales ya constituidas.

Si el artículo 324.2 del Código Procesal Penal señala que la finalidad del secreto es ocultar una actuación o documento para asegurar el éxito de la investigación[2], debería entenderse a primera vista que el secreto operaría solo respecto a quienes por su condición podrían entorpecer la investigación, esto es al investigado.

Esta afirmación sin embargo no del todo cierta, si bien resulta remotamente posible que el agraviado o la parte civil puedan querer entorpecer la investigación, no olvidemos que en esta etapa recién se están levantando los datos necesarios para la formación de convicción en el fiscal para una posible eventual futura acusación, por lo que en el desarrollo de la investigación un presumible agraviado podría convertirse en cómplice, por ejemplo, a la luz de mayores pruebas. De la misma manera un agraviado podría (sin tenerlo planificado) obstaculizar la investigación si toma conocimiento de una actuación que, según su libre juicio y entender, pudiera perjudicarlo indirectamente, motivo por el cual se puede afirmar que la determinación de contra qué partes procesales va a operar el secreto debe quedar al arbitrio del Fiscal a cargo de la investigación, de acuerdo su estrategia y los resultados que desee obtener, debiendo señalar expresamente en el requerimiento correspondiente respecto a quién va a operar el secreto.

Se puede afirmar entonces que el secreto puede operar contra una parte procesal cualquiera o contra todas ellas; debiendo el fiscal señalarlo expresamente. Resulta obvio que debe señalar también el plazo por el cual va a durar el secreto (fecha de inicio y fecha de final) y las actuaciones o documentos sobre los que recaerá el indicado secreto.

III. PROCEDIMIENTO PARA DISPONER EL SECRETO DE LA INVESTIGACIÓN

3.1 ¿Cuaderno aparte o cuaderno principal?

Si hemos llegado a la conclusión que la disposición fiscal de mantener el secreto sólo puede recaer sobre determinados documentos o actuaciones, debe entenderse que el resto de la investigación permanece en reserva. En términos de materialización del proceso, las partes (todas ellas) pueden seguir accediendo al expediente o carpeta fiscal, excepto a las piezas sobre las que ha recaído el secreto, que por un evidente sentido práctico deben mantenerse en un cuaderno aparte hasta que se culmine el plazo del secreto dispuesto. Concluido este plazo, deberá anexarse el cuaderno al principal a fin de integrar lo actuado al proceso principal.

Este procedimiento propuesto ha sido recogido de la normatividad española en los procesos penales seguidos a menores[3], la misma que dispone que en el caso del secreto del expediente[4] el incidente debe tramitarse en cuaderno aparte. Indica también la norma española que el defensor deberá conocer la integridad del expediente en la etapa de alegaciones, de lo que se desprende que debe incorporarse este cuaderno al principal una vez finalizado o levantado el secreto a fin de poder incluir lo actuado en una eventual audiencia de control de acusación y de ser el caso remitir lo actuado al juez unipersonal o juzgado colegiado para el correspondiente juicio oral.

3.2 El contenido de la disposición fiscal y la motivación de las resoluciones.

Es un principio del Código Procesal Penal y del procedimiento en sí, que todo auto, sentencia, disposición o requerimiento debe estar debidamente motivado. En el caso de la disposición que declara el secreto, se entiende que debe estar motivada y además por mandato expreso del artículo 324.2 del Código Procesal Penal, última parte, debe ser notificada a las partes.

Si la idea es no entorpecer la investigación evitando que una o más de las partes conozca de alguna actuación o documento[5], entonces ¿cómo evitar que dicha parte conozca del motivo por el cual se va a disponer el secreto si el motivo normalmente coincidente con la esencia de la actuación? Si nos regimos por el principio de la motivación de las resoluciones debería establecerse en la disposición cuál es documento o actuación que va a permanecer en secreto y las razones por las que va a permanecer en secreto. Cualquier persona medianamente suspicaz podría advertir fácilmente de qué se trata la diligencia o documento que se va a mantener como tal, con la sola descripción de las razones por las cuales debe darse dicho secreto. Luego al notificar a las partes (a todas) el secreto dispuesto deviene en ineficaz por cuanto no va a conseguir el fin perseguido: esto es garantizar el éxito de la investigación. Al respecto Binder aclara certeramente respecto a la investigación que “[…] si bien esta etapa no es pública en el sentido en que lo es el juicio oral (abierto a todos los ciudadanos), no se debe deducir de ello que sea secreta para los distintos sujetos procesales. Al contrario: el defensor, el querellante, las partes civiles, deben tener acceso al desarrollo de la investigación. Esta posibilidad siempre estará limitada, porque existen ocasiones en las que la eficacia de un acto o una investigación concreta depende del secreto. En estos casos, los códigos procesales, con distintas modalidades, permiten que por un tiempo limitado se establezca el secreto de las actuaciones, aún para los intervinientes en el proceso.” (Resaltado agregado.)[6]

Aquí nos encontramos ante una colisión de principios, por lo se hace necesaria la herramienta de la ponderación para determinar cuál es el principio que debe preferirse en el caso concreto. Si los principios contrapuestos son por una parte privilegiar el éxito y eficacia de la investigación por medio de la limitación o restricción de un derecho fundamental (donde ya se ponderó que el principio preferido es el interés común), y por otro lado tenemos el principio de la motivación de las resoluciones, entonces resulta que para privilegiar el éxito de la investigación, tendrá que preferirse nuevamente este último sobre el de la debida motivación.

Esto tiene sentido por cuanto en una eventual motivación de la disposición fiscal, el contenido esperado sería la razón por la cual se va a disponer el secreto de determinado documento o actuación, es decir que la resolución tendría que contener una descripción del modo en que se va a realizar la actuación y su contenido, lo que evidentemente va a afectar el éxito de la investigación al poner esta información en conocimiento de las partes. Como se puede ver claramente al notificar esta disposición a las partes, se les estaría poniendo en conocimiento el contenido del propio secreto que se pretendía guardar.

Se puede colegir que la razón por la que se exige que la disposición sea notificada a las partes, es porque los asistentes de la función fiscal o los propios fiscales no pueden impedir que una parte pueda revisar la carpeta fiscal sin disposición previa. Así cuando la parte acude a la sede fiscal para revisar la carpeta, no puede darse con la sorpresa de que no puede acceder a determinado documento o actuación. Dicha situación sería por demás arbitraria ya que el impedimento a acceder a la carpeta no estaría respaldado en una decisión expedida válidamente por el fiscal a cargo de la investigación. La idea es que al notificar a las partes, la parte procesal acerca de la cual va a operar el secreto sepa de antemano que no va a poder revisar determinados actuados durante un plazo específico, debiendo aceptar que su derecho está siendo restringido en ponderación de uno de mayor importancia relativa en este momento en particular. Las garantías para la parte afectada con el secreto es que debe saber con certeza por cuánto tiempo no podrá tener acceso a esa información; culminado el plazo podrá tomar nota de lo actuado. Como se puede ver el sistema se hace más eficiente si como ya se expuso líneas arriba el trámite se hace en cuaderno aparte, de tal manera que no se vulnere el derecho de la parte de revisar el resto del expediente que no está inmerso en la disposición del secreto[7].

En esta hipótesis, cabe afirmar entonces que la disposición fiscal no debe ser motivada en el sentido estricto, debiendo contener solamente los motivos generales y normativos que le permiten disponer el secreto de determinada actuación o documento a fin de preservar la eficacia de la diligencia y cumplir al mismo tiempo con el requisito de la notificación a las partes procesales.

3.3 La prórroga: El contenido del requerimiento y la necesidad de una audiencia.

De acuerdo al artículo 123.2 del Código Procesal Penal, los autos se expiden, siempre que lo disponga el Código, previa audiencia con intervención de las partes. De lo que se desprende que no todos los autos se expiden previa audiencia. Así el auto de formalización de la investigación preparatoria es una muestra de ello, de la misma manera el auto de confirmación de incautación de evidencia, el auto que autoriza la detención preliminar incomunicada y otros varios ejemplos que se podrían citar en este caso.

En algún proceso que aún se encuentra en trámite y por lo tanto todavía en reserva, motivo por el cual no es posible hacer referencia al número de expediente hasta no culminar la investigación y el proceso, la Sala Superior Mixta de Apelaciones de la Corte Superior de Madre de Dios ha dispuesto que el auto que resuelve el requerimiento de prórroga del secreto de las investigaciones debe ser expedido previa audiencia.

Dicha posición se basa en los principios generales del nuevo proceso penal, en el sentido de que toda parte tiene derecho a una audiencia pública, oral y contradictoria. Si bien es cierto que es un derecho de cada parte el debatir en audiencia sus derechos o las posibles afectaciones o limitaciones de estos, es nuestro punto de vista que en este caso particular no es posible llevar a cabo una previa audiencia a fin de resolver el requerimiento del Ministerio Público por las siguientes razones:

a) En primer lugar, como ya se ha expuesto en el punto precedente, se tendría que citar a la parte respecto a la cual va a operar el secreto, porque precisamente ella va a ser afectada con la decisión. Ello implicaría poner en su conocimiento los motivos y circunstancia por los cuales se va a disponer la prórroga del secreto, generando como ya se dijo que el pretendido secreto sea ineficaz al no poder lograr sus objetivos.

b) En segundo lugar para poder debatir en audiencia, es un derecho básico tener acceso a la carpeta fiscal. Si en la carpeta fiscal (o en el cuaderno correspondiente) se encuentran los documentos o la descripción de las actuaciones en cuestión ¿se podrá permitir el acceso a dicha carpeta por parte de la parte citada? y si no se le permite el acceso ¿sería apropiado llevar a cabo una audiencia en la que una de las partes no conoce el fondo acerca de lo cual se va a oponer? y si la parte no se opone, ¿surtiría algún efecto jurídico la conformidad a un acto cuyo contenido no conoce? En estos supuestos la audiencia sería puramente simbólica y formal, práctica que precisamente el nuevo modelo pretende proscribir.

c) En tercer lugar, existe la hipótesis que la audiencia se lleve a cabo solo con la presencia del Ministerio Publico a fin de que sustente sus puntos, sin embargo, ¿cabe llevar a cabo una audiencia con citación a solo una de las partes? Entonces ¿cómo se va llevaría a cabo el debate y el contradictorio? Volveríamos entonces nuevamente a la idea de la audiencia simbólica, por lo que en ese caso por un principio de economía procesal, bastará que el Ministerio Público sustente sus puntos por escrito acompañando el cuaderno correspondiente.

De otro lado, de la lectura de la norma, no aparece dispositivo alguno para que la decisión se lleve previa audiencia. Tomando en cuenta lo dispuesto por el precitado artículo 132.2 no estaríamos obligados a convocar a una audiencia en este caso, recordando que lo prescrito por el código es que los autos se expidan en audiencia, siempre que exista mandato expreso.

De otro lado, el Reglamento General de Audiencias bajo las Normas del Código Procesal Penal aprobado mediante Resolución Administrativa Nro. 096-2006-CE-PJ del 28 de junio del año 2006, en su artículo 10 señala expresa y taxativamente cada una de las audiencias que serán conducidas por el Juez de la Investigación Preparatoria y en el largo listado no aparece en ningún momento el artículo 324.2 del Código Procesal Penal.

Sin perjuicio de lo indicado líneas arriba, es nuestro criterio que el auto que dispone la prórroga del secreto de la investigación no requiere audiencia por tratarse de una medida que, en el desarrollo de actividad probatoria, implica una restricción de derechos – recordemos que el derecho a la legítima defensa es un derecho fundamental (art. 2.23 de la Constitución) – y le resulta aplicable por tanto lo dispuesto por el artículo 203.2 del Código Procesal Penal[8]:

“Los requerimientos del Ministerio Público serán motivados y debidamente sustentados. El Juez de la Investigación Preliminar, salvo norma específica, decidirá inmediatamente, sin trámite alguno. Si no existiere riesgo fundado de pérdida de finalidad de la medida, el Juez de la Investigación Preliminar deberá correr traslado previamente a los sujetos procesales y, en especial, al afectado. Asimismo, para resolver, podrá disponer mediante resolución inimpugnable la realización de una audiencia con intervención del Ministerio Público y de los demás sujetos procesales, que se realizará con los asistentes.” (Resaltado agregado)

No cabe duda que la disposición del secreto de una determinada diligencia o documento tiene como finalidad el acopio de pruebas para el éxito del proceso. En ese orden de ideas estamos correctamente ubicados en la sección del Código dedicada a la prueba. Al tratarse de una medida que impide el libre ejercicio de defensa de cualquiera de las partes procesales, nos encontramos también adecuadamente en el título dedicado a la búsqueda de pruebas y restricción de derechos.

De esta manera se puede afirmar que el artículo 203.2 en comentario resulta ser perfectamente aplicable para la resolución (auto) que concede la prórroga del secreto de las investigaciones. Esta norma, en su parte inicial establece como regla general que el Juez de la Investigación Preparatoria o Preliminar resolverá el requerimiento inmediatamente sin trámite alguno, estableciendo solo dos excepciones:

a) Que exista norma específica o expresa que disponga que se lleve a cabo audiencia, y

b) Que no exista riesgo fundado de la pérdida de la finalidad de la medida.

Como claramente se puede observar, en el caso de la prórroga del secreto de la investigación se cumplen estos dos parámetros, en primer lugar porque no existe norma en el Código Procesal Penal ni en el reglamento General de Audiencias (Resolución Administrativa 096-2006-CE-PJ) que disponga audiencia para este supuesto y en segundo lugar porque al convocarse a la parte o partes respecto a las cuales va a operar el secreto, se genera un alto riesgo (y fundado por tanto) de perder la finalidad o eficacia de la medida, es decir la búsqueda de pruebas por parte del Ministerio Público sin conocimiento de la otra parte, que es la esencia del secreto.

Como se puede ver, tanto la norma como el sentido común establecen que no es necesaria ni eficiente la realización de una audiencia para resolver el requerimiento fiscal de prórroga del plazo del secreto en la investigación. Ahora acerca del contenido de la resolución del Juez de la Investigación Preparatoria y siendo consecuentes con la línea de este trabajo, esta resolución deberá estar fundamentada solamente en elementos generales y normativos, sin poner en conocimiento de las partes a notificar el contenido de las diligencias o documentos sobre los que recaerá el secreto.

3.4 La oportunidad para solicitar el secreto de las investigaciones.

Un punto aparte es la discusión de si la solicitud del secreto de las investigaciones puede pedirse por una única vez o si siendo diversas diligencias o documentos, la totalidad de las solicitudes deben concentrarse en un solo pedido.

A nuestro entender y al no haberlo prohibido el texto normativo del Código Procesal Penal, la disposición de secreto de las investigaciones puede ordenarse las veces que el Fiscal a cargo de la investigación lo considere necesario, siempre que sean para diferentes actos o documentos.

En una investigación compleja existe una alta probabilidad de que en el desarrollo de las actividades de pesquisa, aparezcan permanentemente nuevos elementos que ameriten disponer el secreto de ciertas diligencias o documentos, y al ser el plazo de veinte días uno máximo, bien podrían señalarse plazos breves para cada una de las nuevas actuaciones a realizarse o revisión de documentos hallados. Lo que no es posible es disponer el secreto de diligencias o documentos que ya fueron materia de secreto en oportunidades anteriores, las razones saltan a la vista: En primer lugar por una cuestión de orden práctico: ya no habría secreto alguno que proteger en una segunda oportunidad y en segundo lugar, si se pretendiera establecer nuevos plazos de manera consecutiva, se estaría vulnerando directamente el mandato del Código Procesal Penal en el sentido que los veinte días del plazo fiscal y del autorizado por el Juez, son plazos máximos para cada actuación.

IV. CONCLUSIONES

1. La reserva de la investigación implica que sólo las partes procesales pueden tener acceso al expediente o carpeta fiscal cuando está en etapa de investigación. Los sujetos procesales deberán apersonarse primeramente para poder tener acceso a los actuados.

2. El trámite del llamado secreto de la investigación debe entenderse como secreto de determinadas actuaciones o documentos y no de la totalidad de la investigación o expediente. Por ello debe tramitarse en cuaderno aparte a fin de que el resto del expediente o carpeta fiscal pueda ser accedido por cualquiera de las partes, ya que estos actuados no están inmersos en el secreto dispuesto.

3. La disposición fiscal que ordena el secreto debe ser notificada a las partes, motivo por el cual respecto a su motivación, esta deberá ser genérica y normativa, sin revelar el contenido de las diligencias o documentos a mantenerse en secreto. Debe contener el detalle de las partes respecto a las cuales opera el secreto y fijar expresamente el plazo, es decir las fechas de inicio y final del secreto.

4. La resolución judicial de prórroga del secreto de la investigación, también debe estar motivada sólo de manera general y normativa, debiendo ser notificada también a las partes procesales.

5. No se requiere previa audiencia para expedir el auto que concede la prórroga, dado que afectaría la eficacia de la medida adoptada, ello en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 203.2 del Código Procesal Penal.

6. Se puede disponer el secreto de la investigación y su prórroga sobre determinados documentos o diligencias en cuantas ocasiones lo vea por conveniente el fiscal a cargo de la investigación, pero nunca dos veces sobre la misma diligencias o documento.

V. BIBLIOGRAFÍA

1. ANGULO ARANA, Pedro. La Investigación Preparatoria. Selección de Lecturas Instituto de Ciencia Procesal Penal
2. BINDER, Alberto M. Introducción al Derecho Procesal Penal. Ad. Hoc. 2da. Edición. 3ra. Reimpresión. Buenos Aires.
3. CACERES JULCA, Roberto. IPARRAGUIRRE N., Ronald. Código Procesal Penal Comentado. Jurista Editores. Lima. 2008.
4. FUENTES SORIANO, Olga. El Modelo Acusatorio y el Ministerio Público. Selección de Lecturas Instituto de Ciencia Procesal Penal
5. SALINAS SICCHA, Ramiro. Conducción de la Investigación y Relación del Fiscal con la Policía en el Nuevo Código Procesal Penal. Publicado en la Revista JUS-Doctrina Nº 3, Grijley. Lima, marzo 2007. Disponible en: http://www.pandectasperu.org – Revista virtual de derecho.
6. YATACO ROSAS, Jorge. Breves anotaciones a la Investigación Preparatoria en el Nuevo Código Procesal Penal. Extraído de: http://www.pandectasperu.org – Revista virtual de derecho.

Notas a pie

[1] Juez de Paz Letrado con funciones de Juzgado de Investigación Preparatoria del distrito de Iñapari. Provincia de Tahuamanu. Distrito Judicial de Madre de Dios.
[2] El Dr. Angulo Arana, refiriéndose a la decisión que dispone el secreto de la investigación refiere que “[…] Se advierte que tal decisión debe tener como motivo objetivo que el conocimiento de ello pueda poner en peligro el éxito de la investigación.” ANGULO ARANA, Pedro. La Investigación Preparatoria. Selección de Lecturas Instituto de Ciencia Procesal Penal. p. 145.
[3] Art. 24 de la LO 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de menores. Citado por FUENTES SORIANO, Olga. El Modelo Acusatorio y el Ministerio Público. Selección de Lecturas Instituto de Ciencia Procesal Penal. p. 67.
[4] La norma española sí hace referencia expresa al “secreto del expediente” a diferencia de la nuestra que hace referencia al secreto de un “documento o actuación procesal”. Ibídem.
[5] Los sujetos procesales que no son parte, como ya se dijo, no pueden conocer el contenido de las actuaciones y documentos en virtud a la reserva de la investigación.
[6] BINDER, Alberto M. Introducción al Derecho Procesal Penal. Ad. Hoc. 2da. Edición. 3ra. Reimpresión. Buenos Aires. p. 241.
[7] Al respecto señala el Dr. Salinas Siccha “[…] Entiéndase bien: sólo se puede disponer que se tenga en secreto la actuación de alguna diligencia o documento más no los cargos de la imputación. Estos deben ser de conocimiento amplio del investigado desde el inicio y en todo momento de la investigación.” SALINAS SICCHA, Ramiro. Conducción de la Investigación y Relación del Fiscal con la Policía en el Nuevo Código Procesal Penal. Revista JUS-Doctrina Nº 3, Grijley. Lima, marzo 2007. p. 14.
[8] Ubicado en el Libro Segundo: La actividad procesal. Sección II La prueba. Título III. La búsqueda de pruebas y restricción de derechos. Capítulo I. Preceptos generales.

El santo y el héroe

El destino de dos jóvenes peruanos fallecidos recientemente nos permite reflexionar sobre la forma como la sociedad peruana construye sus íconos.

Por Nelson Manrique Gálvez

Publicado en La República el 15 de Mayo del 2012

El azar o el destino han construido un notable paralelo entre la vida de estos dos jóvenes, el primero estudiante universitario, el segundo suboficial de la Guardia Civil, ambos fallecidos trágicamente, con apenas una veintena de años vividos.

Ciro Castillo falleció, como es sabido, desbarrancado en el Valle del Colca, cuando realizaba una excursión junto con su enamorada. César Vilca murió a causa de las heridas sufridas en un enfrentamiento con una columna narcoterrorista en la selva del Cusco, luego de descender junto con otros dos compañeros de un helicóptero y de ser abandonado a su suerte por sus superiores. Hasta aquí aparentemente sus destinos son divergentes.

¿Qué ha enlazado estas dos existencias, luego de su muerte?Es la denodada lucha de sus padres por recuperar sus restos mortales. El país ha sido testigo conmovido, primero, de la epopeya de don Ciro Castillo Rojo Salas, buscando a su hijo durante meses, cuando todos habían abandonado toda esperanza, y después de la indesmayable búsqueda de don Dionisio Vilca, hasta encontrar los restos de su hijo, realizando el rescate que le correspondía hacer a la Guardia Civil, solo, sin el apoyo de la institución por la que su hijo dio la vida. Es el conmovedor ejemplo de amor de sus padres lo que ha hecho singulares los destinos de Ciro Castillo y César Vilca.

Ciro Castillo ha sido convertido en objeto de veneración religiosa por amplios sectores de la sociedad arequipeña, como esas señoras que lo proclaman “su” santo y anuncian que en adelante van a rezarle. La razón no parece estar en un rasgo singular del escogido. Hasta donde se sabe Ciro era un buen muchacho, buen amigo y buen hijo, pero eso no lo hace excepcional. Que mantuviera una relación con su enamorada sin matrimonio de por medio, o que tuviera algo de marihuana en los bolsillos no lo convierte en un ejemplo de santidad para quienes viven su religiosidad ciñéndose a la ortodoxia religiosa. Pero,contra lo que suele creerse, para convertirse en objeto de veneración no es necesario tener una existencia ejemplar: Víctor Apaza, fusilado en Arequipa a inicios de los 70 por asesinar a su esposa, es objeto de culto en el cementerio de La Apacheta, y son multitud quienes le rezan, se encomiendan a él y le piden mercedes.

La razón de la santificación de Ciro parece residir pues en otra parte, en el martirio que presuntamente habría sufrido. No es, por eso, accidental que los mismos que lo han convertido en objeto de veneración hayan construido al verdugo (o, más precisamente, la verdugo) que le infligió el martirio y a la que acusan de su muerte: su enamorada, que hasta ahora sigue siendo agredida por la población cuando se ve obligada a viajar a la Ciudad Blanca.

En el caso de César Vilca nadie puede dudar de su heroicidad, pero su trágica muerte es muy similar a la de los otros nueve combatientes del orden que han caído enfrentando a las columnas narcoterroristas durante este mes trágico. Sin embargo, y a pesar de las demandas de los deudos de los demás combatientes fallecidos, solo a él se le reconoce la condición de héroe; la Municipalidad de Lima le va a poner su nombre a una calle y va a erigirle un monumento, y hoy se discute la posibilidad de declararlo oficialmente héroe de la Nación. No sucede lo mismo, por ejemplo, con Luis Astuquillca, quien combatió victoriosamente contra Sendero durante dos días defendiendo su camarada herido, lo curó, acompañó y cuidó hasta que, herido él mismo, debió abandonarlo para buscar ayuda, sobreviviendo solo en la selva por 17 días, para retornar luego a la vida, gracias a la ayuda de dos heroicas nativas machiguenga. Quizá lo que impida que reciba el reconocimiento que merece es que solo reconocemos como héroes a los muertos.

Es bueno que en la imagen de César Vilca se reconozca a quienes han caído luchando por el Perú. Pero no debiera olvidarse a los otros. Yes necesario recordarle al Estado la obligación que tiene para con sus deudos. Es un escándalo que los soldados tengan que comprar ellos mismos su uniforme como acaban de contarlo las viudas en un programa de TV.