Rosario Ponce: “Es mi vida privada”

Se negó a hablar ante fiscal de mensajes cariñosos, entre ellos uno donde le dicen “te amo”.

Por T. Paredes – Publicado en Trome el 24 de Mayo del 2012

“Es mi vida privada y no hablo de ella”, fue lo que le respondió Rosario Ponce, a la fiscal María del Rosario Lozada, cuando le preguntó quién era el autor del mensaje “Te amo”, que le habrían enviado cuando estaba perdida en el valle del Colca.

Durante el interrogatorio, Rosario no permitió que la magistrada le haga preguntas sobre su vida personal. Ante su negativa y la dureza de sus respuestas, la fiscal decidió no preguntarle más sobre el tema.

OTRO AMIGO

Sin embargo, el despacho que investiga la muerte de Ciro Castillo-Rojo dedujo que los mensajes no solo vienen del supuesto amigo de 65 años de Rosario, sino también de otro celular y, por el contenido, serían de un joven.

Fueron más de cinco hojas de mensajes de texto del período de octubre del 2010 hasta mayo del 2011 que fueron entregadas a la fiscal por las empresas de telefonía.

En tanto, el doctor Juan de Dios Medina llegó ayer a Lima para indagar por las investigaciones sobre el supuesto certificado médico falso que presentó Rosario en julio del año pasado.

Por otro lado, calificó de inapropiado que la misma defensa de Rosario hable de su vida privada. Por la tarde se reunió con el doctor Ciro Castillo-Rojo.

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Los ‘Informes’ de la Televisión y la Justicia

Por Alberto Borea – Publicado en Caretas el 24 de Mayo del 2012

Una modalidad recurrente en la televisión es la de presentar un caso que los periodistas encuentran como notorio y, luego de haber tomado partido sobre el tema y presentado los hechos como si de por sí fueran típicos penalmente, exigir una explicación inmediata y una sanción para quien ellos han encontrado “responsable”. Todo ello acompañado de una musiquita de gravedad y la repetición majadera de los extractos, muchas veces sacados de contexto, de lo que consideran como irrebatible.

Así, pretenden actuar como fiscales frente al Tribunal de la opinión pública. El problema está en que los periodistas no son miembros del Ministerio Público ni conocen Derecho.

Pero además, pretenden que cumplen con otorgar el “derecho de defensa” citando casi compulsivamente al “set” televisivo al personaje aludido, con el apercibimiento de acribillarlo y presentarlo como renuente a “dar la cara”. Vale decir, si el afectado no se presenta, la inmediata conclusión es normalmente esta: “como lo llamamos y no fue habido o no quiso contestar, entonces es culpable”.

Lo primero que hay que decir es que el periodista debe acostumbrarse a presentar las cosas como sus opiniones y no como verdades. Nadie objeta que luego de haber hecho lo que ellos llaman sus averiguaciones, alcancen las conclusiones que estimen válidas, pero han de presentarse siempre bajo la aclaración de que ese programa cree, o ese periodista estima, que las cosas han pasado así. Eso es muy distinto a afirmar que las cosas han sucedido de ese modo.

La opinión sobre cualquier materia es un derecho constitucional de todo periodista, pero la aseveración que arrasa con la presunción de inocencia es una agresión al derecho de las personas. Se ha visto muchos casos en que por cualquier motivo solo se infló globos o se trató como sacrilegio conductas que no tenían ningún contenido penal, pero el daño ya hecho no se levanta con la frase dicha casi al pasar de “Este programa reconoce que se equivocó”. A esto no tiene derecho ni el periodista ni nadie.

Por otro lado, se pretende que enfrentada con la acusación, la persona aludida conteste de inmediato, violando así, aunque tuvieran competencia para exigir la respuesta, el derecho de las personas a preparar su defensa dentro de un plazo razonable. Normalmente aparece un reportero con un micro que mete en la cara al “investigado” y le pregunta agresivamente sobre lo que tiene que expresar respecto a los que ellos asumen como verdad.

Ya que están acusando ante el tribunal de la opinión pública, bueno sería que recordaran que es una garantía esencial de la persona que el aludido cuente con el tiempo y los medios propios para ejercer su defensa. Así lo exige el art. 8º del Pacto de San José de Costa Rica.

Además, al enfrentar a la persona ante la opinión pública de esta manera tan desigual, violan directamente el principio de igualdad de armas, también básico para un adecuado juzgamiento. Normalmente, los periodistas pasan su informe que puede durar varios minutos, donde extractan lo que les parece útil y descartan lo demás. Luego de ese lapso no le dan el mismo tiempo al interesado para que, luego de conocer con tiempo aquello de lo que se le acusa, pueda expresar en su defensa lo que crea conveniente, sino que en una entrevista en que normalmente el conductor del programa quiere tener la razón e interrumpe todas las veces que puede al “acusado”, le exige y lo conmina para que en treinta segundos exprese algo, y si el entrevistado quiere explicar algo que no está dentro del interés del periodista, pues lo hostigará durante toda la entrevista para de todas formas hacerlo parecer culpable.

Como se ve, aquí no hay ninguna igualdad de armas, que sí existe entre Fiscal y defensa en un proceso. Si hacen una acusación ante el Tribunal de la opinión pública en términos tan categóricos, ¿no tiene la persona aludida en cuidado de su honor y su buena reputación el derecho a defenderse debidamente y a ocupar en ello un tiempo similar a aquel en que se le acusa?

Insisto, el periodismo puede investigar cualquier causa que crea importante, pero debe, en un país en el que la defensa de la persona humana es el fin supremo de la sociedad y el Estado, respetar esos derechos de las personas y cuando publica algo, señalar que esa es su opinión, que eso es lo que el periodista cree o lo que quienes hacen el programa estiman. Asimismo deben de respetar es principio de igualdad de armas para ejercer un debido descargo.

De esta forma haremos compatibles, sin lesión alguna, el derecho a la libertad de información y de opinión y el derecho a la libertad, a la presunción de inocencia y al honor y buena reputación de las personas.

Culpable, pero sales libre

Por mala sustentación fiscal presunto padre violador consigue salir en libertad

Por Carlos Herrera – Publicado en Correo el 22 de Mayo de 2012

Jueces absolvieron a acusado de violación de su hija por falta de pruebas.

Una inadecuada investigación fiscal provocó que Narciso Umiyauri Cuyo, sea absuelto por el colegiado de jueces unipersonales de la Corte Superior de Justicia de Arequipa de violación sexual contra su hija de iniciales B.U.A. La Fiscalía solicitó cadena perpetua, sin embargo, no supo sustentar el pedido. Ante la duda, los magistrados dejaron libre a Umiyauri.

Según los jueces unipersonales de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, presidido por Nayko Coronado, se detectó desperfectos en la investigación fiscal. Hubo una una mala calificación del delito.

La jueza narró durante su lectura del fallo, que el fiscal Eufracio Ticona, de la Primera Fiscalía Provincial Penal, llegó al proceso con una primera premisa de que Umiyauri era culpable del delito de violación en contra de una menor mayor de 14 años. Empero durante el juicio se esclareció que las supuestas agresiones sexuales ocurrieron el 2002, cuando la menor tenía nueve años de edad. Esto fue indicado por la misma agraviada en su declaración durante el juicio. Dijo que recién denunció los hechos cuando tenía 17 años, porque su padre la agredió con una barreta (vara de fierro).

En la sentencia se aclara que debido a las modificaciones de la acusación y que no se expuso suficientes pruebas que comprobasen la responsabilidad del acusado este debió ser liberado. Coronado durante la parte final de la lectura de sentencia, señaló que el Código Penal, señala que ante la duda que exista para probar la responsabilidad de un acusado éste debe ser absuelto.

Al término de la audiencia, el acusado Narciso Umiyauri, preguntó si estaba libre de todo, a lo que los jueces le refirieron que sí, empero le aclararon que no era porque era inocente, sino porque no se tuvo los suficientes elementos de prueba que demostraran el delito por el que se le acusó.

Abogado pide sanción a Rosario Ponce por falsificación certificado médico

Por Yenny Quispe – Publicado en Correo el 23 de Mayo de 2012

El abogado de la familia Castillo-Rojo, Juan de Dios Medina, viajó a Lima para evaluar la denuncia que hiciera hace más de 4 meses, sobre la supuesta falsificación de un certificado médico para que Rosario Ponce no asista a una diligencia.

El jurista señaló que pedirá a la fiscalía que la denuncia sea aplicada para sancionar a la ex pareja de Ciro Castillo-Rojo.

Para el abogado, Rosario no sólo se burló de la justicia, sino que prolongó la investigación. “Vamos a pedir a la fiscal María del Rosario Lozada, a que también acepte esta denuncia en la investigación de la muerte de Ciro”, dijo.

Acerca de las diligencias, Medina aseguró que aún falta evaluar las muestras de cabello de todos los citados. Detalló que los resultados tienen que ser entregados a mediados de julio.