Jueces señalan imprecisiones en informe fiscal del caso Ciro

Penalista afirma que se debe respetar la presunción de inocencia de Rosario

Publicado en El Comercio el 11 de Noviembre del 2012

Contrariamente a lo que se creía, Rosario Ponce tiene ahora mayor garantía de que su presunción de inocencia sea respetada por la fiscal María del Rosario Lozada Sotomayor en la investigación por la muerte de Ciro Castillo Rojo, sucedida en abril del año pasado en el nevado Bomboya, en el cañón del Colca.

El abogado Luis Lamas Puccio explicó que durante la investigación preparatoria la fiscal Lozada está obligada a fundamentar por qué pide que se realice una determinada diligencia, por ejemplo sobre el levantamiento del secreto de las comunicaciones de Rosario Ponce López y Víctor Cabrera.

“En la investigación preliminar las diligencias se hacían porque la fiscal consideraba que eran necesarias, ahora tiene que demostrar primero que persiguen un objetivo concreto, que buscan probar algo específico, no porque la magistrada crea que es lo correcto” dijo el jurista.

Lamas Puccio aclaró que hasta ahora la fiscal solo tiene sospechas de que la muerte de Ciro Castillo Rojo fue un crimen. No tendría ninguna prueba, pues de lo contrario ya habría formalizado una denuncia . “Como solo tiene indicios de que se habría cometido un delito, entonces decide judicializar el caso, para que sea el juez quien le permita realizar nuevas diligencias. La fiscal enfrenta ahora un proceso difícil en el que debe probar lo que sospecha o archivar la investigación. Si es que no puede hacerlo, se está jugando su prestigio”, afirma el jurista.

Lamas recordó también que el Nuevo Código Procesal Penal la obliga a actuar con objetividad y le pone plazos para que realice su investigación, puede ser llevada a una audiencia de tutela de derechos si la defensa de la parte investigada considera que se violentan sus derechos.

El penalista concluyó que en caso la fiscal no encuentre pruebas, es ella quien debe ordenar el archivo del caso y no acudir sin el sustento necesario ante el juez.

DECISIÓN CUESTIONADA

En Arequipa, la resolución de la fiscal Lozada fue analizada por varios jueces de la Corte Superior. Ellos encontraron algunos puntos que no están claros.

Uno de los cuestionamientos es que durante la investigación fiscal se haya llegado a la misma hipótesis que se formuló cuando encontraron el cadáver del universitario una año atrás: “Ciro murió por desbarrancamiento, el cual pudo ser causado por un agente externo o por un accidente”. Es decir que no se tiene la certeza de que se cometió un delito.

Para los jueces consultados, la fiscal habría incurrido en una falta al principio de imputación correcta. Esto no la ayudaría a resolver el caso.

ROSARIO SE DEFIENDE

ACUSA A LOS MEDIOS

La familia de Rosario Ponce considera que la joven es víctima del fenómeno conocido como criminalidad mediática. Es decir que es la historia difundida por los medios de comunicación que presenta a las personas como criminales y no la investigación fiscal.

INVESTIGACIÓN A PERIODISTAS

Los padres de la joven seguirán la recomendación hecha por representantes de organismos de derechos humanos y acudirán ante el Consejo de la Prensa Peruana y la Sociedad Interamericana de Prensa, para solicitar a ambos organismos que investiguen el comportamiento de los periodistas durante la cobertura del caso.

Anuncios

La doble sentencia a Eva Bracamonte y Rosario Ponce

Son dos de las jóvenes más mediáticas de los últimos años. Sus intimidades se han ventilado en la prensa con el pretexto de ser las sospechosas de un asesinato. Aun cuando nadie tenía la certeza de que fueran culpables, su sentencia ya había sido dictada.

Por María Isabel Gonzales – Publicado en La República el 11 de Noviembre del 2012

A estas alturas de sus historias todos tenemos en la retina algún episodio de la vida de Eva Bracamonte y Rosario Ponce. El nombre de la primera tiene más de dos millones de resultados en Google y en Youtube.

Su desmayo y las convulsiones que le vinieron durante la lectura de su sentencia se han reproducido cerca de 30 mil veces. En el caso de la segunda, el buscador muestra poco más de ocho millones. La traducción de estos datos es muy sencilla. A la gente le interesa Eva Bracamonte y Rosario Ponce. Para satisfacer ambas demandas, que los propios medios de comunicación han incentivado, se ha trabajado en varios capítulos. Para empezar tomemos el caso de Eva Bracamonte. Estas entregas de las que hablamos han sido tantas que la curiosidad del público se fue convirtiendo en un vocal más del proceso judicial. Con derecho a voz y voto. Al respecto, Juan Gargurevich, decano de la Facultad de Ciencias y Artes de la Comunicación de la Pontificia Universidad Católica del Perú, señala que la prensa judicializa los casos que sigue. Al punto de que mucho antes de que Bracamonte fuera sindicada por el Poder Judicial como una parricida ya tenía una condena impuesta por los medios y su público.

Llegados hasta aquí hay que aclarar que estas líneas no son una defensa de Eva Bracamonte. Es, en todo caso, la historia de un juicio paralelo. Cosa muy usual en nuestro país. Roberto Pereira, asesor legal del Instituto Prensa y Sociedad, explica que esto pasa en el Perú porque no existen poderes disciplinarios de los jueces sobre terceros como los medios de comunicación. Como sí sucede en el derecho anglosajón.

Sobre todo en Inglaterra, en donde los jueces prohíben a los medios que incidan de una manera negativa en un proceso judicial. “Acá sería visto como un exceso contra la libertad de expresión pero creo que es una experiencia que habría que tener en cuenta ya que la autorregulación es poco efectiva”, señala.

Bracamonte fue señalada como la conspiradora, la joven adinerada y rebelde. Su orientación sexual, sus decisiones y su vida con Liliana  Castro fueron cuestionadas. A esto, July Naters –quien asegura estar en la fase de investigación de un documental sobre la cobertura mediática del caso Fefer– dice que se le agrega en el 2009 el artículo en un diario de Salta, Argentina, en el que un periodista aseguraba que el sicario Alejandro Trujillo Ospina había sido contratado por la hija. “A raíz de esa noticia se retoman las investigaciones. Pero a las únicas que investigan son a Eva y Liliana”, dice Naters. Según sus propios sondeos, los siguientes tres años el 80% de los medios tuvo una actitud inculpatoria. “Era casi un juicio popular”, apunta.

Sobre esto el abogado Roberto Pereira coincide en parte con su argumento. La manera como se presenta la información en los medios sobre hechos relacionados con imputaciones penales puede afectar la presunción de inocencia y más aún en contextos institucionales como el peruano, señala Pereira. Por lo menos así lo han determinado el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la Corte Constitucional de Colombia y el Tribunal Constitucional de España.

En este sentido Teresa Quiroz, presidenta del Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa Peruana, sostiene que las implicadas en este caso –Eva Bracamonte y Liliana Castro– han sido presentadas en los aspectos más espectaculares de sus vidas. O, mejor dicho, los hicieron espectaculares. Les practicaron seguimientos con el pretexto de descubrir sus intenciones. “Aunque no tengan la facultad de determinar las responsabilidades penales, juegan con estos temas porque saben que hay un morbo en el público de seguir los detalles más íntimos. Como la homosexualidad, alegando que podía ser un detonante”, sostiene. Según dice, tampoco hay que dejar de lado ‘el factor’ que va alimentado la maquinaria mediática. Son los propios implicados quienes recurren a los medios. “Este es un esquema en el que todos se necesitan. Una relación perversa que va virando según crean necesario”, afirma Quiroz.

Sobre este argumento, en las últimas semanas las portadas para Eva Bracamonte han tenido otros tintes. Ahora es una joven con una severa condena. Liuba Kogan, jefa del Departamento Académico de Ciencias Sociales y Políticas de la Universidad del Pacífico, explica que una sociedad como la peruana tiende a ver a los jóvenes como víctimas. Esta sentencia se ve como algo que no debería suceder.

ROSARIO Y EL COLCA

En mayo del 2011, a menos de un mes de haber sido encontrada en el nevado Bomboya (Caylloma), Rosario Ponce había pasado de víctima a presunta asesina de Ciro Castillo, su enamorado desaparecido en el valle del Colca. Solo fue cuestión de unas cuantas portadas y algunas declaraciones, escribía Patricia Wiesse, directora de la Revista idéele, en un artículo en el que analizó la cobertura mediática sobre Ponce durante el 2011. De resaltar que para sobrevivir comió hierbas e insectos y tomó su propia orina, los periodistas empezaron a desconfiar de la heroína. Ya no parecía tan maltratada por la montaña.

Según apuntó Wiesse, había tres hechos que perfilaban la tendencia acusadora en los medios. Primero, Ponce exacerbaba los ánimos cuando no se presentaba ante la Divincri de Arequipa, y las dudas sobre su equilibrio emocional luego de ser sometida a un examen psicológico. Segundo, la intervención de la Fiscalía anunciando una investigación. Tercero, la presencia del padre de Ciro, quien se yergue como un protagonista apoyado por los medios. Así, con el transcurrir de los meses, el linchamiento mediático se iba justificando.

Al respecto, Liuba Kogan también hizo un análisis. Señala que, a pesar de no existir pruebas de delito alguno, una gran parte de la sociedad peruana empezó a condenarla por la forma en que era presentada en los medios. La prensa, precisa Kogan, resaltaba su personalidad valiente en términos negativos. Cuando se afirmaba que no era una mujer temerosa y a la que, por el contrario, le gustaban las emociones fuertes.

También fue condenada por no expresar sentimientos de duelo y tristeza en público por su enamorado. Los televidentes y lectores iban tomando bandos. En las tres ocasiones que declaró para la fiscalía en Arequipa fue llamada “asesina” por la gente que se encontraba en el aeropuerto o que aguardaba afuera de la sede del Ministerio Público. Le arrojaron piedras, naranjas podridas y huevos. Pero los ánimos tampoco se calmaron cuando en octubre del 2011 hallaron el cadáver de Ciro Castillo. Una declaración de su hermana encendió la mecha una vez más. Dijo que le parecía extraña la forma en que se encontró el cadáver. Se desató un debate sobre si el joven cayó o fue empujado por Ponce o terceros.

En este caso, señala Teresa Quiroz, la familia de Ciro Castillo pretende tener una injerencia en el proceso judicial. Para eso se ha apuntado a todo aquello que hubiera podido pasar. A sus parejas anteriores y su vida como madre soltera. Todo ha sido válido con tal de lograr la sostenibilidad del caso. Desde el punto de vista de Juan Gargurevich, no es sorprendente la conclusión a la que llegó la fiscal: indicios de que Ponce haya empujado a Ciro Castillo. “Hay tal presión mediática que no puede contradecir a la mayoría”, señala.Tanto él como Quiroz creen que es necesario el debate público para señalar las evidentes limitaciones que tiene la autorregulación.