Ejemplo de inversión

Todo un ejemplo es la granja Porcón en Cajamarca.
¿Cuánto tiempo tomó forestar todo esto? Doce años…
Para poder cosechar hay que sembrar primero.

En el caso del turismo (tradicional y vivencial) para el valle del Colca se está invirtiendo bastante en promoción, pero creo que no se está invirtiendo lo suficiente en infraestructura y seguridad.

En Porcón la inversión en promoción de Turismo ha sido mínima, y sin embargo está llegando a ser su principal ingreso, sobrepasando a los ingresos por la producción de madera, ganadería, industria láctea y otros.

Crimen: Tres grandes distorsiones

Por Diego García Sayán, Presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y Director General de la Comisión Andina de Juristas – Publicado en La República el 7 de marzo del 2013

Es increíble el simplismo con el que algunos medios de comunicación vienen manejando lo que, por lo visto, ven como tema “taquillero”: el crimen y los homicidios. Parecería que a fuerza de repetir lugares comunes o distorsiones, se quisiera amoldar la realidad a lo que esos medios o políticos imaginan. Vaya uno a saber con qué objetivo.

Es irresponsable manipular el delicado y complejo asunto de la criminalidad. Alimentar y retroalimentar prejuicios y distorsiones impide una visión objetiva y realista de los hechos, única base para el diseño de políticas y estrategias adecuadas. Que hay criminalidad, no es novedad. Y que golpea impunemente afectando a miles de ciudadanos de bien, tampoco. Pero en ese contexto hay tres grandes distorsiones que hoy navegan impunemente sin que casi nadie las enfrente.

La primera: que los homicidios “aumentan” de manera vertiginosa en el Perú, a un punto en que se estaría convirtiendo en una “Centroamérica”, como El Salvador u Honduras (85,5 por 100.000 habitantes). Eso no es verdad, ni las cifras disponibles en los informes internacionales lo corroboran. Me toca viajar casi todas las semanas por diferentes países latinoamericanos en los que el panorama sí es alarmante y se ha escapado de las manos. Es fácil darse cuenta de ello en San Pedro de Sula, por ejemplo, en donde hay un homicidio cada 81 minutos.

Entre todos los países de América, el Perú está dentro del 25% con menos homicidios (de 10 a 11 por 100.000 habitantes). En el 75% restante de países, la proporción de homicidios es superior. Entre los que nos “ganan”, largamente, están Brasil, Bolivia, Colombia, Ecuador, México, Panamá, Paraguay, República Dominicana y Venezuela (y todos los centroamericanos). La proporción en el Perú se mantiene más o menos estable. Hay un “salto” estadístico del 2004 al 2005 porque se modificó la metodología estadística del Estado peruano.

La segunda distorsión: explicar la criminalidad por la falta de policías y las leyes penales “blandas”. Es verdad que faltan policías y que las normas muchas veces no se aplican. Pero nada se conseguirá si no se enfrentan dinámicas sociales de las que emergen bandas juveniles, como las “maras” centroamericanas, o reclutas para el sicariato (que se nutre del narcotráfico y de otras ilegalidades como la minería informal). Hay que poner el dedo en esa llaga y ya. Antes de que las estadísticas sí se parezcan a lo que ciertos agoreros ya “describen” como realidad de hoy.

Las experiencias exitosas de enfrentamiento al crimen en América Latina son resultado de respuestas multifacéticas y concertadas. Que han abordado, entre otros temas, el marco dramático de familias desestructuradas y de vidas sin rumbo. En Medellín y Bogotá fue central el entrecruzamiento de tres variables: a) reforma y fortalecimiento de la policía; b) articulación con la acción municipal; c) participación y acción ciudadana. Incluso en la dantesca Ciudad Juárez, en pleno “narcoterritorio” de Chihuahua, la situación ha mejorado gracias a una acción estatal integrada. Con programas sociales, de empleo y de asignación de responsabilidades sobre bolsones de pobreza y hacia jóvenes enrumbados al sicariato.

La tercera distorsión: simplificar las respuestas y reducirlas a “más policías y más cárceles”. Se necesita más policías, sí, pero no “fast track”, graduados con menos de un año de curso luego del cual se les lanza a la calle legitimados por el Estado para disparar y detener. Sí, una policía razonablemente bien formada y conducida, honesta y que no se convierta en otro problema para la sociedad.

¿La cárcel? Por cierto que necesaria frente a delitos serios. Pero es frívolo y simplista proponer eso como poción mágica. Las cárceles ya son una universidad del crimen. Saturarlas más solo nos conduciría a situaciones explosivas con decenas de muertos en motines y riñas. Las penas de trabajo comunitario están previstas en la ley y funcionan bien en muchos países. Es una de las respuestas que el sistema puede dar a los “primerizos” y es, acaso, un camino que abre más posibilidades de rehabilitación y reinserción.

¿Es tan difícil hablar con información seria y cierta?

El Precio de hacer Justicia – III

Leer aquí la parte II

Son propuestas que llegan en un momento en que la misma figura del juez instructor pende de un hilo. Alberto Ruiz Gallardón, ministro de Justicia, ha dado los primeros pasos para reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal y que pase a ser el fiscal —teóricamente independiente, pero en la práctica nombrado por el Gobierno— quien dirija la investigación. Buena parte de la judicatura teme que el fiscal tenga aún más problemas para plantarse ante el juego político. Jacobo Pin, joven instructor del caso Fabra contra el presidente de la diputación de Castellón por cohecho, tráfico de influencias y cuatro delitos fiscales, puede dar fe sobre lo difícil que es sustraerse a esa supervisión.

Cuando llegó con 27 años al juzgado de Nules a bordo de su Jaguar, muchos de los que seguían el caso Fabra con la esperanza de que el sumario no se pudriera en un cajón torcieron el morro. El caso había conocido ya ocho togados, todos de paso en el diminuto juzgado de Nules hacia otros destinos. El presidente del PP de Castellón seguía en su cargo mientras su poderoso equipo de abogados conseguía dilatar una instrucción endemoniada en un clima de caciquismo asfixiante. Y Pin tampoco parecía el héroe dispuesto a enfrentarse a esa maquinaria. Miembro de una buena familia (un hermano diplomático y otro médico), hijo de un conocido abogado de Castellón vinculado al PP, y nacido en la localidad castellonense de Burriana, a 10 kilómetros de Nules, había elegido el destino para no alejarse de casa. Solo tenía que darle salida rápido al molesto dossier Fabra para disfrutar de una plácida vida de recién casado.

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JACOBO PIN, CASO FABRA
Burriana (Castellón), 1981. Casado.
En 2008 llegó al Juzgado Número 1 de Nules.
En su primer destino profesional, en un juzgado a 10 kilómetros de su casa, ha asumido la imputación de Carlos Fabra, expresidente de la Diputación de Castellón y del PP, por cohecho, tráfico de influencias y cuatro delitos fiscales. En los nueve años que lleva instruyéndose el proceso, con nueve jueces distintos, Fabra se ha mantenido siempre al frente de todos sus cargos.

Tras los primeros días quedó claro que, por mucho que hubiera trabajado con una ONG en Bolivia —según afirmó al recoger un premio por su expediente académico, su ambición es dedicarse a los derechos humanos— el juez no reunía los atributos que se le suponen a un aventurero. Su estilo procesal era seco, muy pegado a la letra. En sus autos e interrogatorios no resultaba interpretativo ni especialmente arrojado. Pero poco a poco comenzó a abrirse camino entre los tomos de la causa. Mostró diligencia al pedir información a los bancos, activó resortes de la investigación esclerotizados, aplicó con rigor los fundamentos jurídicos… Y empezó a ganarse problemas, a desayunar con entrevistas en las que Fabra decía no tener “ninguna manía al juez Jacobo Pin”, a sufrir movimientos invasivos de Carlos Domínguez, presidente de la Audiencia de Castellón y amigo del ya exdirigente del PP.

Hasta que soltó el bombazo. Pin hizo algo tan inaudito para el juez de un pueblecito, como es pedir amparo al CGPJ contra sus superiores. Es en ese escrito al órgano de dirección de los jueces donde se le descubre una firmeza desconocida. No se aleja de los caminos en los que se siente cómodo —todos los puntos los sostienen argumentos legales—, pero sus conclusiones son apabullantes: desde Castellón están “tratando de imponer indirectamente el sobreseimiento del presunto delito de cohecho”, que Pin quería sumar a los que acumulaba Fabra. La petición de Pin es clara: “Deje de perturbar mi independencia”. Contra lo previsible, el CGPJ no archivó la petición de amparo y el Tribunal Supremo ha ordenado que el político sea juzgado también por cohecho.

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