El poder del crimen anula a la sociedad civil en Tamaulipas

El cierre de una web que alertaba de zonas de peligro continúa la erosión social del Estado más opaco de México

Por Pablo De Llano – Publicado en El País de España el 11 de abril del 2013

“Hoy por la mañana apareció una camioneta con varios ejecutados por el chaparral. Estaba balaceada la camioneta. Y los soldados llegaron por ella a las meritas 12 de la tarde.” Este mensaje fue publicado este martes a las 19.11 en la página de Facebook de Valor por Tamaulipas. Es una web dirigida por un internauta anónimo en la que se avisa de qué zonas es preferible evitar y de qué sucesos ocurren a lo largo del día en Tamaulipas. Tanto ha arraigado la violencia en este Estado del noreste de México que para los tamaulipecos el concepto de información de servicio incluye saber en qué erial han aparecido cadáveres metidos en bolsas o en qué calle han sonado disparos de kalashnikov. Pero dentro de unos días ya no podrán consultar esta información en Valor por Tamaulipas. Su autor ha anunciado que la cerrará la semana que viene porque el crimen organizado le ha puesto precio a su cabeza: 600.000 pesos. 46.000 dólares. La erosión de la sociedad civil de este Estado continúa hasta en el ciberespacio.

Tamaulipas es un territorio casi vedado para las iniciativas no gubernamentales en favor de los derechos humanos. En una entrevista concedida hace una semana a EL PAÍS por el jefe de la oficina regional contra el delito de Naciones Unidas, su encargado, Antonio Luigi Mazzitelli, reconoció que ellos no trabajan en este estado porque no pueden garantizar la seguridad de sus operadores. Hace un año, el Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia tanteó en su nombre al Gobierno tamaulipeco para saber si era factible hacer allí un taller sobre las condiciones de seguridad de los periodistas. La respuesta fue negativa. “Nos dijeron que mejor ni fuéramos”, dice el presidente de esta organización asesora, Raúl Benítez Manaut. Este experto en seguridad afirma que la virulencia de las mafias en esta zona y su control del territorio impiden el desarrollo de la sociedad civil. “Nadie organiza nada en Tamaulipas. La cohesión social y política está muy deteriorada, y su soberanía territorial está muy mermada”. Mientras tanto el Gobierno federal se limita a reconocer de una manera genérica su preocupación por Tamaulipas. Este miércoles el secretario de Gobernación (ministro del Interior mexicano), Miguel Ángel Osorio Chong, dio una rueda de prensa sobre la evolución de la violencia en México y se le preguntó cómo valoraba el hecho de que una organismo del peso de Naciones Unidas no se atreviese a poner un pie en Tamaulipas. Osorio Chong solo dijo que es un Estado con “complicaciones” y que era uno de los objetivos del plan de seguridad del gabinete del presidente Enrique Peña Nieto.

La realidad concreta para la sociedad civil es asfixiante. Desde la oficina mexicana de Amnistía Internacional explican que ellos no hacen nada en Tamaulipas porque no han tenido ocasión de encontrar a ningún grupo de ciudadanos que pueda servirles de enlace local para sus actividades. La sección de Human Rights Watch en México lamenta que se trata de uno de los estados con más necesidad de activistas y sin embargo carece de ellos por el riesgo que supone defender los derechos humanos donde el poder del crimen parece ubicuo. “No solo por la falta de apoyo de las autoridades estatales y por la violencia de la delincuencia organizada, sino también por el siniestro nexo entre ambos”, dice Nik Steinberg, investigador de esta organización. Las ONG locales en Tamaulipas son una especie civil amenazada.

La más consolidada del Estado cerró en 2011 después de 12 años de actividad. Se llamaba Centro de Estudios Fronterizos y de Promoción de los Derechos Humanos, CEFPRODHAC, y tenía su base en Reynosa. Un miembro de la organización cuenta por correo electrónico, bajo condición de anonimato, por qué han tenido que echarse a un lado. “Llegó un momento en que no sabías a quién estabas defendiendo, podía ser un delincuente, y el trabajo de monitoreo y de registro de las torturas era altamente riesgoso”. Pone un ejemplo de la inviabilidad del trabajo civil para las agencias locales y para las foráneas. “El año pasado visitaron nuestra ciudad dos mujeres que hacen investigación sobre derechos humanos y literalmente salieron huyendo por las amenazas que recibieron”.

Otro caso es el del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo. Su presidente, Raymundo Ramos, explica que su grado de inseguridad llega a tal punto que trabajan siempre con su oficina cerrada con llave, y nunca de noche. Ramos está bajo protección de la Secretaría de Gobernación a petición de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Su ONG documentó la “desaparición forzada” de seis hombres en junio de 2011 a manos supuestamente de miembros de la Armada, y la Comisión Nacional exigió la aclaración del caso en su Recomendación 39/2012. “Entonces hubo actos de intimidación hacia los familiares de las víctimas y hacia un servidor”, dice Ramos, que igual que reconoce que en su momento la Secretaría de Gobernación se ocupó de protegerlo, denuncia que hace cuatro meses que intenta sin éxito reunirse con miembros de este organismo. “Aunque estemos en riesgo, a los de la provincia no quieren escucharnos”. Él dice que vive entre dos fuegos. “Por un lado, el crimen organizado, y por otro las posibles represalias del Ejército, de la Armada y de la Policía Federal”.

Tamaulipas tampoco ha sentido el calor del fenómeno civil más importante de los últimos años en México, la aparición del Movimiento por la Paz, liderado por el poeta Javier Sicilia. Ninguna de las caravanas contra la violencia que ha hecho esta organización ha pasado por allí. Uno de sus miembros, Daniel Gershenson, explica que no lo han hecho porque ellos apoyan sus viajes en la colaboración de las asociaciones locales, y en este Estado no han encontrado “la infraestructura ciudadana” que necesitan. De todos modos el Movimiento por la Paz tiene en mente ir a Tamaulipas. “Es el epicentro del horror”, dice Sicilia, “y sentimos que estamos en deuda con este lugar. Es casi un territorio tomado por el crimen y con muchas violaciones de derechos humanos que no se han podido visibilizar. Tamaulipas es territorio de nadie”.

Una de las amenazas de la zona son los halcones. Así le llaman a los sujetos que sirven de vigías en las calles para los criminales, los ojos de las mafias, sus oídos. Ellos son una amenaza para los activistas civiles y para cualquier otro cuyo oficio, de una forma u otra, consista en preguntar. Por ejemplo, las empresas de sondeos. “En Tamaulipas nos vigilan, hasta saben donde nos hospedamos”, dice Roy Campos, director de Consulta Mitofsky. Ellos no han renunciado a trabajar allí, pero se preocupan de que sea evidente que son consultores y no cualquier otra cosa. En los hoteles se registran a nombre de la empresa, el alquiler de los coches lo hacen a nombre de la empresa, en la calle visten camisa y visera de la empresa. Para que los ojos de los halcones no se confundan. Otra empresa de sondeos, Parametría, ha llegado a sufrir la “retención” de unos de sus consultores durante unas horas, aunque luego los soltaron y no les hicieron nada. Su director, Franciso Abundis, cuenta que siempre que hacen un sondeo prescinden de algún municipio porque antes les chivan que está caliente. ¿Quién los avisa? “A veces el Ejército, a veces los vecinos, a veces los propios criminales. Ellos en las carreteras tienen retenes de hombres armados y te dicen ‘regrésate’, o ‘por aquí no pasas’, y eso evita problemas”.

Otros profesionales de la pregunta que se han encontrado con el bozal de silencio de Tamaulipas son los periodistas. Los periódicos locales han renunciado a investigar al crimen organizado, e incluso a informar de los meros crímenes diarios, y ni siquiera la ONG que más vela por la seguridad de los reporteros mexicanos, Artículo 19, hace incursiones en el Estado. “Es una zona demasiado monitoreada. Hay informantes en cada esquina. Trabajamos a distancia, tanto por nuestra seguridad como por la de los reporteros locales. Allí la situación está sostenida con alfileres”, dice Ricardo González, miembro de está organización.

51 minutos después del mensaje con el que empezaba esta crónica, aparecía otra anotación en Valor por Tamaulipas. “Reynosa. ¿Alguien supo qué pasó por el cuartel como a las 2:25? Indican que se escucharon algunas detonaciones”. La página de información de servicio seguía funcionando. Todavía.

“El riesgo ha sobrepasado a Valor por Tamaulipas”

MARI LUZ PEINADO

El peligro le ha ganado a la libertad. La decisión del administrador de Valor por Tamaulipas de cerrar su página de Facebook y su cuenta en Twitter es definitiva y se debe a las amenazas. En declaraciones a EL PAÍS por correo electrónico, el internauta anónimo ha confirmado que en los próximos días cerrará su página. “Cuando comencé no tomé las precauciones necesarias. Hay varios factores que, si los junto con el temor que tengo a que se tomen acciones contra los usuarios que siguen a Valor por Tamaulipas, me hacen considerar que los riesgos empiezan a sobrepasar cualquier apoyo que genere el mantener la página”. El gestor de las cuentas también asegura que “hay personas que no comprenden esta decisión, pero desde mi perspectiva, la consideración de daños a terceros pesa demasiado”. Hace unos dos meses, cuando aparecieron los folletos que ofrecían una recompensa de 600.000 pesos para saber algo de su paradero, el administrador reconoció que su mujer y sus hijos habían tenido que pasar a Estados Unidos y abandonar México por miedo a represalias.

Resistencia en las Redes – Yoani Sánchez

Internacional Yoani Sánchez, periodista y bloguera cubana de paso por Lima, analiza el activismo digital en tiempo de dictaduras.

Por Carlos Cabanillas – Publicado en Caretas el 11 de Abril del 2013

Antes que el silencio de la isla prefiere el ruido de internet. Está advertida: todo lo que escribe puede, es y será usado en su contra. Cada frase que salga de sus dedos va a ser distorsionada, desmentida, deconstruida y no pocas veces reformulada para sostener exactamente la idea contraria. No solo por la dictadura comunista, sino también por la democracia digital. Es el precio de la libertad de la turba, la ley no escrita que impera en esa otra distopía donde todos pueden hablar libremente pero ya nadie escucha. Sabe que navega a contracorriente en un mar de desinformación, rodeada de corsarios a sueldo y tiburones digitales. Pero lo asume. “A mí no me preocupa que manipulen mis palabras”, advierte mientras sorbe su tintico. “Peor es que manipulen mis silencios, porque si uno se calla creen que estás a favor de algo”. La blogger cubana más googleada del mundo sabe que su voz no siempre será escuchada, pocas veces será entendida y casi nunca será creída. “Hay que pagar un costo por la opinión, pero vale la pena”, sonríe.

Yoani Sánchez recibe a CARETAS hablando sobre el Perú. “Veo grandes contrastes sociales”, dice sobre Lima. Aquejada por un tema médico, confiesa que suspenderá su paso por Argentina y se irá de frente a Europa. “En Suiza trabajé en la librería El Cóndor de la peruana María Mariotti”, recuerda. Allí pudo leer los libros prohibidos y acceder a las bondades del wi-fi. “Me dicen que lo mejor que tiene es que habla poco” agrega sobre Ollanta Humala. Se explayó sobre su anunciada vejez en la isla, el servicio militar de su hijo, su affaire con Camila Vallejo (“si yo viviera en Chile estaría haciendo algo similar a lo que ella hace”), las bondades de la vieja revolución castrista (“fue una manera de terminar otra dictadura), su dinero (“jamás he recibido financiamiento de la embajada norteamericana”), la política exterior norteamericana (“Sus gobernantes han sido muy torpes”), la película cubana “Fábula” (donde un filólogo admira a Vargas Llosa) y la presunta novela inédita de García Márquez sobre Fidel. Pero sobre todo habló de internet.

-¿Con qué otros bloggers se siente identificada?

-Conocí a un activista chino llamado Zhou (zuola.com/weblog). Él hace un trabajo periodístico por el que recibe mucha presión de su gobierno. Me resultó muy inspirador porque la censura de su país se parece a la que está apareciendo en el mío. La diferencia es que él sí tiene internet.

-En China financian tuiteros para sembrar rumores. La herramienta no tiene la culpa, pero puede ser un arma de doble filo.

-La tecnología no tiene una ética intrínseca. Puede servir para mentir o para decir la verdad. La primera censura cubana era bloquear internet. Pero ahora China le está vendiendo mucha tecnología de rastreo, filtrado y control a Cuba. Publiqué en mi blog una entrevista a un ingeniero informático que había dirigido algo que se conoce como Operación Verdad. Les brindan internet para hackear sitios incómodos, publicar fotos privadas de opositores, crear falsas matrices de opinión y blogs a favor del gobierno. Otro nivel de sofisticación.

-Además hay poca información y fuentes confiables en internet sobre el tema.

-Exacto. Además la pelea es muy desproporcionada. En Cuba solo hay 120 tuiteros independientes. Muchos de ellos son de mi aula alternativa, que es la sala de mi casa, donde doy clases tecnológicas gratuitas. Somos solo unos pocos en cambio ellos son soldados de la web y son miles. Mienten y nos atacan. A veces los periodistas extranjeros creen que la verdad está en el justo medio. Pero, ¿cuál es el justo medio con una desproporción tan grande? No es una justa proporción.

-Mencionó que antes utilizaba la tecnología como una forma de escapismo. ¿Cuándo despertó su conciencia política?

-Tengo 37 años y llegué a la adolescencia con la caída del Muro de Berlín y la Unión Soviética. ¿Qué hizo la mayoría de mis contemporáneos? Escapar, que fue también una forma de ser rebelde. Lamentablemente, algo que está sucediendo ahora en Cuba es que la generación de mi hijo (18 años) tiene habilidades tecnológicas pero aún no utiliza la tecnología como instrumento liberador. Solo la utilizan para fines lúdicos y para entretenimiento.

Casi al despedirse elaboró una metáfora sobre lo que llama “los beneficios colaterales del terror”. “Dicen que el pájaro debe conformase con la jaula porque le dan alpiste, es decir, educación y salud”, explica. “Pero el ave quiere volar.” Su posición la resume con una frase: sin alpiste pero sin jaula. “Hoy le molesto a este gobierno y mañana le molestaré al próximo”. Luego se fue.

México reducirá los plazos que permiten comenzar a buscar a un desaparecido

Las autoridades tenían por costumbre esperar 72 horas antes de iniciar una investigación

Por Paula Chouza – Publicado en El País de España el 11 de Abril del 2013

Darcy, una joven de 20 años del Distrito Federal, fue vista por última vez cuando salía de la heladería en la que trabajaba el domingo 24 de marzo a las nueve de la noche. “Nos preocupamos hacia la una de la mañana, ella nunca llegaba tarde”, relata su padre, José Luis Losada, en conversación telefónica. Con su esposa acudió a la Procuraduría de Justicia, pero no pudieron presentar la denuncia porque no habían pasado las horas necesarias. Su madre declaró a la prensa haber recibido una llamada desde el teléfono de Darcy en la que oyó gritar a la joven suplicando que cesaran los golpes. El número se había marcado sin querer. La muchacha fue hallada finalmente muerta el lunes por la noche y hasta el martes no pudo ser identificada, horas antes de que el asesino confesara la autoría del crimen a la familia vía Facebook.

Hasta la fecha, en México las autoridades tienen por costumbre esperar 72 horas desde la ausencia de una persona hasta el inicio de la investigación, una práctica que parece tener los días contados. Con la aprobación del nuevo protocolo de búsqueda de personas desaparecidas las primeras horas serán cruciales para intentar ubicar a la víctima y tratar de saber qué pasó con ella. La Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos (PROVÍCTIMA) ha confirmado al diario EL PAÍS que el documento está finalizado. El texto, en el que el organismo lleva trabajando casi un año, ha alcanzado el consenso de las 32 procuradurías estatales y será sometido a votación en la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, para la cual todavía “no hay fecha prevista pero no será más tarde de junio”, afirma la subprocuradora Patricia Bugarín. El Protocolo constituye un documento que adoptarán de forma homologada las diferentes instancias del país: “Lo fundamental es que no estamos proponiendo un protocolo de integración, en el que se dice ‘haz esto’. Es un protocolo de investigación que propone cómo hacerlo”.

Para el padre de Darcy Losada, la noticia es positiva: “Tal vez, si se hubiese buscado en la zona durante las primeras horas, se habría evitado”. En este sentido Bugarín reconoce que en este caso debió de prestarse atención a indicios previos –ella ya había sido amenazada- y concluye que las primeras 24 horas son “fundamentales”. “Una investigación de búsqueda es el primer contacto con la información, cuanto más tardemos más lejos estamos de resolverla”.

La reforma se basa en cuatro pilares: la recopilación de la información que pueden proporcionar las víctimas indirectas, elegir los datos estratégicos para la búsqueda, definir hacia dónde llevar la pesquisa y analizar los datos. La cifra de desaparecidos en México es muy alta. Según reconoció el Gobierno en febrero, entre 2006 y 2012 hubo 26.121 denuncias de desaparecidos.

Cuando la hija de Marisela Escobedo desapareció en 2008 en Ciudad Juárez, las autoridades tardaron más de un mes en iniciar las pesquisas. En aquel caso, con sus propios recursos, la madre logró localizar al presunto asesino de su hija, quien reconoció la autoría de los hechos en el juicio y hasta el lugar de sepultura de sus restos. Los jueces lo declararon inocente por falta de pruebas y el caso de Marisela saltó a los medios nacionales e internacionales. Ella se convirtió en activista y en 2010 la mataron de un tiro en la cabeza frente al Palacio de Gobierno del Estado de Chihuahua. La Justicia, en todo aquel proceso, funcionó al revés. “En la experiencia de Juárez estamos convencidos de que si los protocolos se hubiesen activado antes, habríamos evitado miles de asesinatos. Las primeras horas son clave para la solución en la investigación de un desaparecido”, afirma Imelada Marrufo, presidenta de la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, localidad que ha sufrido la muerte violenta de 1.441 mujeres desde 1993 y la desaparición de otras 171 desde 1995. “Desde la sociedad civil llevamos años pujando por que se lleve a cabo una búsqueda inmediata, así que este protocolo es una buena noticia”, concluye.

La publicación del listado con 26.121 ausentes entre 2006 y 2012 fue la respuesta del Ejecutivo de Peña Nieto a un informe de Human Right Watch que documentaba la participación de las fuerzas de seguridad en 149 desapariciones durante el sexenio de Felipe Calderón. Entre las principales deficiencias del sistema de búsqueda HRW denunciaba la demora en los plazos para iniciar las pesquisas. La Procuraduría General de la República ha expresado en varias ocasiones su compromiso con este asunto, asegurando que la localización de personas ausentes es una prioridad del Gobierno Federal.