Cosas que pasan más allá de Lima

Drama de los desaparecidos debe ser política de Estado.

Por Augusto Alvarez Rodrich – Publicado en La República el 28 de junio de 2013

El drama de las familias de las personas desaparecidas en el Perú desde los años ochenta exige una respuesta urgente de la sociedad y del Estado que hasta hoy no ocurre.

Ese fue el llamado que hace una semana hicieron los presidentes de la Conferencia Episcopal y del Concilio Nacional Evangélico, el monseñor Salvador Piñeiro y el pastor Enrique Alva, para que el gobierno responda al problema de los desaparecidos con una política de Estado.

El problema es grave. En el Perú hay al menos 15.731 desaparecidos durante las dos décadas de violencia. La mayoría de sus familiares vienen de zonas altoandinas, son quechuahablantes marginados y no pueden interactuar con la burocracia.

Estas familias sufren por no saber qué ocurrió con sus parientes, quienes probablemente estén en alguno de los 6.462 sitios de entierro conocidos en el país. Su angustia no terminará hasta que puedan recuperarlos y enterrarlos con dignidad.

Las investigaciones que el Ministerio Público (MP) realiza desde el 2002 han logrado recuperar poco más de dos mil cuerpos e identificar poco menos de mil, pero la magnitud del problema lo ha desbordado.

La solución priorizada es la vía judicial-penal, pero esta es lenta y compleja. Nadie puede reemplazar al MP en las investigaciones forenses, pero el esquema actual de investigación judicial limita la cantidad y la calidad de la información, lo cual impide avanzar como se debería.

La experiencia internacional recomienda crear instituciones excepcionales para coordinar a los múltiples actores involucrados recuperar sistemáticamente la información de familiares y testigos, apoyar técnicamente al MP en la recuperación e identificación de los restos mortales, y asegurar restituciones y entierros dignos, generando un efecto positivo en la salud mental de los familiares.

Una alternativa para que los familiares busquen a sus desaparecidos no implica la renuncia del Estado a su obligación de investigar y perseguir los delitos, pues siempre será posible que los familiares y testigos se animen a testificar al MP y buscar las responsabilidades penales donde las haya.

Esta alternativa solo supondría la priorización de la búsqueda de las personas desaparecidas a la búsqueda de los responsables, un cambio que significaría para los familiares la devolución de la esperanza y del futuro que esta hace posible.

El presidente Ollanta Humala debiera escuchar con interés y atención el pedido hecho por el monseñor Piñeiro y el pastor Alva, con el fin de mitigar la angustia de los familiares de las personas desaparecidas en el Perú.

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