Cuando la justicia no es justicia

Casos Eva Bracamonte y Liliana Castro, e incluso los de Roberto Martínez y Rosario Ponce, muestran debilidad de nuestro sistema judicial.

Existe fuerte tendencia para disponer prisión y después investigar.

Publicado en La Primera el 11 de Agosto del 2013

La justicia no siempre se imparte de manera equitativa. Hay casos en el que los magistrados se contradicen en sus fallos y en medio de ellos hay personas que sufren prisión. Mientras se debaten cuestiones jurídicas muchos son privados de su libertad sin mayores evidencias. Un caso flagrante es el que sucedió con Eva Bracamonte y Liliana Castro, en el primero de los casos sigue en prisión, pese a que en instancias superiores se ha determinado que no hay pruebas para acusarla, y en el caso de Liliana, fue puesta en libertad por el mismo motivo.

Para efectos de la prisión preventiva, ni el tipo de delito ni la detención en flagrancia incrementan o disminuyen el peligro procesal que representa el imputado. Sí afectan directamente el grado de presión que pueda sentir el juez a partir de una opinión pública que ya ve al acusado como culpable y espera que se imponga justicia con mano dura.

Ambas sufrieron prisión por más de tres años por interpretaciones de los magistrados que se inclinaron por disponer su encarcelamiento sin pruebas contundentes. El congresista de Solidaridad Nacional, Heriberto Benítez, dijo que hay muchos administradores de justicia que con sus fallos han cometido ilícitos, por lo que también deben ser alcanzados por la muerte civil y la imprescriptibilidad al que se refirió el presidente Ollanta Humala durante su discurso del 28 de julio último.

“En sus sentencias muchas veces van contra el espíritu de la Ley, sin embargo no solo se salvan de la cárcel, sino que poco tiempo después se reincorporan a la carrera magisterial. El día que se envíe a la cárcel a los jueces por dictar resoluciones contrarias a la Ley, se habrá avanzado en la lucha contra la corrupción. En las cárceles no hay ningún juez”, señaló.

Otro caso sonado y reciente en el que un fallo judicial fue puesto en entredicho fue el que pretendía llevar a prisión a Roberto Martínez. Se dictó una orden de captura en su contra y el exfutbolista tuvo que pasar a la clandestinidad ante lo que consideraba una medida injusta. Poco tiempo después, la misma justicia le daría la razón al declarar que no procedía su detención.

Si es que Martínez no hubiera pasado a la clandestinidad, seguro habría sido capturado en medio de un gran operativo policial y trasladado enmarrocado al penal Sarita Colonia del Callao, en medio de cámaras y flashes de los reporteros gráficos. ¿Quién le devolvía luego el honor ante esa humillación pública?

DEFENSORÍA

Recientemente se hizo la primera encuesta a representantes de la Defensoría del Pueblo de Lima sobre el accionar de distintos operadores durante la etapa previa al juicio y las detenciones bajo el nuevo Código Procesal Penal. Solo un 28% de defensores públicos encuestados señaló estar presente cuando el imputado presta sus primeras declaraciones a la Policía, y —peor aún— solo un 18% anotó estar presente a la hora de las primeras declaraciones ante el fiscal.Los defensores explicaron que les avisan tarde y cuando llegan ya tomaron las declaraciones. El 35% de defensores considera que cuando el fiscal argumenta que el imputado fue capturado en flagrancia, en realidad eso no es así.

El 62% y 67% de los defensores encuestados opinó que los jueces otorgan al menos un peso importante a la flagrancia y al tipo de delito en cuestión, respectivamente, a la hora de decidir sobre la libertad o prisión de un procesado. Para el 72% de defensores, la gravedad de la pena es el elemento central durante las audiencias de prisión preventiva.

El peligro de fuga —medido por el grado de arraigo que tiene el imputado con su comunidad— obtuvo mucha menor consideración. Solo 39% de los defensores públicos opinaron que los jueces le dan al menos un peso importante a la falta de empleo del imputado; mientras que la falta de domicilio fue considerada como un elemento de peso por los jueces únicamente por el 56% de encuestados.

Cuando se preguntó a los defensores su opinión sobre la influencia de factores ajenos a los requisitos establecidos en el Código Procesal Penal, se encontró que un 64% de encuestados otorgó a la prensa un peso importante o más en las decisiones judiciales, mientras que un 58% se lo dio a la opinión pública.

ROSARIO PONCE

Un caso en el que se vio una fuerte presión de la prensa y la opinión pública por acusar a una persona sin evidencias reales, fue el que vivió Rosario Ponce en la desaparición y muerte de Ciro Castillo.

La fuerza de la opinión pública hizo que la investigación fiscal se prolongue más de lo debido y las portadas de algunos medios acusando a Rosario Ponce hicieron que un sector de la sociedad la apunte como si fuera responsable de la muerte del joven estudiante y excursionista.

Tras agotar las investigaciones y realizar los peritajes correspondientes, la fiscal María del Rosario Lozada finalmente emitió su informe, señalando que no se puede probar que la joven haya empujado a su exenamorado y demostrar así su responsabilidad por el delito de homicidio simple.

En su informe de 57 páginas, Lozada concluyó que no había elementos suficientes para acusar a Ponce y se basó en el análisis del físico Alcides López Milla, quien señaló que —de acuerdo con el estudio a las prendas de Castillo Rojo— este cayó con la cabeza hacia arriba y por ello es poco probable que lo hayan empujado.

Ante ello, el juez de investigación preparatoria de Chivay, Giancarlo Torreblanca, acogió el pedido de archivamiento de la investigación a Rosario Ponce López por la muerte de Ciro Castillo Rojo, ocurrida en el valle del Colca hace tres años y dispuso que se archive el caso.

PRISIÓN ES CONDENA

Uno de los principales peligros de abusar de la prisión preventiva, inevitablemente es el efecto negativo que tiene sobre el defendido llevar un proceso penal en prisión, así como en el devenir final del juicio. Estudios al respecto han demostrado que no solo el acceso y capacidad de defensa se ven seriamente limitados, sino que también se incrementa la percepción de culpabilidad que recae sobre el imputado y que influye negativamente en jueces y jurados. Al respecto, el 53% de defensores públicos opinó que quien llega a juicio en prisión preventiva, tiene más probabilidades de ser condenado que un imputado de similares características en libertad.

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