Caso Ciro: La construcción mediática de víctimas y victimarios

Discursos e imágenes en torno al caso de Rosario Ponce y la desaparición de Ciro Castillo

Trabajo final del curso “Crimen y Sociedad” – Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad Católica del Perú

Raúl Álvarez

Aurora Escudero

Julián Mezarina

Silvana Prado

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Cuando la justicia no es justicia

Casos Eva Bracamonte y Liliana Castro, e incluso los de Roberto Martínez y Rosario Ponce, muestran debilidad de nuestro sistema judicial.

Existe fuerte tendencia para disponer prisión y después investigar.

Publicado en La Primera el 11 de Agosto del 2013

La justicia no siempre se imparte de manera equitativa. Hay casos en el que los magistrados se contradicen en sus fallos y en medio de ellos hay personas que sufren prisión. Mientras se debaten cuestiones jurídicas muchos son privados de su libertad sin mayores evidencias. Un caso flagrante es el que sucedió con Eva Bracamonte y Liliana Castro, en el primero de los casos sigue en prisión, pese a que en instancias superiores se ha determinado que no hay pruebas para acusarla, y en el caso de Liliana, fue puesta en libertad por el mismo motivo.

Para efectos de la prisión preventiva, ni el tipo de delito ni la detención en flagrancia incrementan o disminuyen el peligro procesal que representa el imputado. Sí afectan directamente el grado de presión que pueda sentir el juez a partir de una opinión pública que ya ve al acusado como culpable y espera que se imponga justicia con mano dura.

Ambas sufrieron prisión por más de tres años por interpretaciones de los magistrados que se inclinaron por disponer su encarcelamiento sin pruebas contundentes. El congresista de Solidaridad Nacional, Heriberto Benítez, dijo que hay muchos administradores de justicia que con sus fallos han cometido ilícitos, por lo que también deben ser alcanzados por la muerte civil y la imprescriptibilidad al que se refirió el presidente Ollanta Humala durante su discurso del 28 de julio último.

“En sus sentencias muchas veces van contra el espíritu de la Ley, sin embargo no solo se salvan de la cárcel, sino que poco tiempo después se reincorporan a la carrera magisterial. El día que se envíe a la cárcel a los jueces por dictar resoluciones contrarias a la Ley, se habrá avanzado en la lucha contra la corrupción. En las cárceles no hay ningún juez”, señaló.

Otro caso sonado y reciente en el que un fallo judicial fue puesto en entredicho fue el que pretendía llevar a prisión a Roberto Martínez. Se dictó una orden de captura en su contra y el exfutbolista tuvo que pasar a la clandestinidad ante lo que consideraba una medida injusta. Poco tiempo después, la misma justicia le daría la razón al declarar que no procedía su detención.

Si es que Martínez no hubiera pasado a la clandestinidad, seguro habría sido capturado en medio de un gran operativo policial y trasladado enmarrocado al penal Sarita Colonia del Callao, en medio de cámaras y flashes de los reporteros gráficos. ¿Quién le devolvía luego el honor ante esa humillación pública?

DEFENSORÍA

Recientemente se hizo la primera encuesta a representantes de la Defensoría del Pueblo de Lima sobre el accionar de distintos operadores durante la etapa previa al juicio y las detenciones bajo el nuevo Código Procesal Penal. Solo un 28% de defensores públicos encuestados señaló estar presente cuando el imputado presta sus primeras declaraciones a la Policía, y —peor aún— solo un 18% anotó estar presente a la hora de las primeras declaraciones ante el fiscal.Los defensores explicaron que les avisan tarde y cuando llegan ya tomaron las declaraciones. El 35% de defensores considera que cuando el fiscal argumenta que el imputado fue capturado en flagrancia, en realidad eso no es así.

El 62% y 67% de los defensores encuestados opinó que los jueces otorgan al menos un peso importante a la flagrancia y al tipo de delito en cuestión, respectivamente, a la hora de decidir sobre la libertad o prisión de un procesado. Para el 72% de defensores, la gravedad de la pena es el elemento central durante las audiencias de prisión preventiva.

El peligro de fuga —medido por el grado de arraigo que tiene el imputado con su comunidad— obtuvo mucha menor consideración. Solo 39% de los defensores públicos opinaron que los jueces le dan al menos un peso importante a la falta de empleo del imputado; mientras que la falta de domicilio fue considerada como un elemento de peso por los jueces únicamente por el 56% de encuestados.

Cuando se preguntó a los defensores su opinión sobre la influencia de factores ajenos a los requisitos establecidos en el Código Procesal Penal, se encontró que un 64% de encuestados otorgó a la prensa un peso importante o más en las decisiones judiciales, mientras que un 58% se lo dio a la opinión pública.

ROSARIO PONCE

Un caso en el que se vio una fuerte presión de la prensa y la opinión pública por acusar a una persona sin evidencias reales, fue el que vivió Rosario Ponce en la desaparición y muerte de Ciro Castillo.

La fuerza de la opinión pública hizo que la investigación fiscal se prolongue más de lo debido y las portadas de algunos medios acusando a Rosario Ponce hicieron que un sector de la sociedad la apunte como si fuera responsable de la muerte del joven estudiante y excursionista.

Tras agotar las investigaciones y realizar los peritajes correspondientes, la fiscal María del Rosario Lozada finalmente emitió su informe, señalando que no se puede probar que la joven haya empujado a su exenamorado y demostrar así su responsabilidad por el delito de homicidio simple.

En su informe de 57 páginas, Lozada concluyó que no había elementos suficientes para acusar a Ponce y se basó en el análisis del físico Alcides López Milla, quien señaló que —de acuerdo con el estudio a las prendas de Castillo Rojo— este cayó con la cabeza hacia arriba y por ello es poco probable que lo hayan empujado.

Ante ello, el juez de investigación preparatoria de Chivay, Giancarlo Torreblanca, acogió el pedido de archivamiento de la investigación a Rosario Ponce López por la muerte de Ciro Castillo Rojo, ocurrida en el valle del Colca hace tres años y dispuso que se archive el caso.

PRISIÓN ES CONDENA

Uno de los principales peligros de abusar de la prisión preventiva, inevitablemente es el efecto negativo que tiene sobre el defendido llevar un proceso penal en prisión, así como en el devenir final del juicio. Estudios al respecto han demostrado que no solo el acceso y capacidad de defensa se ven seriamente limitados, sino que también se incrementa la percepción de culpabilidad que recae sobre el imputado y que influye negativamente en jueces y jurados. Al respecto, el 53% de defensores públicos opinó que quien llega a juicio en prisión preventiva, tiene más probabilidades de ser condenado que un imputado de similares características en libertad.

Acabó la novela

Por Omar Zevallos – Publicado en El Búho el 16 de Julio del 2013

Finalmente y como quien no quiere la cosa, la fiscal María del Rosario Lozada formalizó ante el despacho del juez de Investigación Preparatoria de Chivay, Giancarlo Torreblanca, su requerimiento de sobreseimiento (archivo) de la denuncia contra Rosario Ponce López. Sin mucho aspaviento y con poco interés por la prensa carroñera, esa misma que se cebó con el caso despedazándolo hasta dejar de interesarse por completo; pues ya no es “noticia” que archiven el caso, total, ya vendieron suficientes periódicos e hicieron altos puntos de rating que se tradujeron en dinero para dichas empresas periodísticas.

Ni el tercer guante, ni el empujón, ni un tercer hombre que tomó las fotos, nada de nada; simplemente, todo cayó como un frágil castillo de naipes que no tenía ni la más mínima base medianamente sólida como para sostener ese tinglado de especulaciones sin pruebas.

Dos años de titulares, de insultos, de acusaciones contra Rosario Ponce, estirando la novela hasta agotar las palabras y destruyendo una vida, tan solo por haber cometido el error de aventurarse por un camino extraño, sin tener la preparación y el equipo necesario. Dos jóvenes llevados por el ímpetu y las ganas de aventurarse, decidieron cruzar el nevado Bomboya y se perdieron. Uno de ellos, perdió la vida, lamentablemente, al desbarrancarse en uno de los escarpados precipicios de la zona. Ella decidió regresar y consiguió sobrevivir. Esa historia sola, es una exquisita crónica de sobrevivencia; pero no fue así, más pudo el morbo y el deseo de encontrar un indicio que apunte al asesinato, que encontrar las verdaderas pruebas de esa especulación.

Y un personaje clave, el padre del malogrado joven, el Dr. Ciro Castillo que inicialmente se mostró como el “padre coraje” que no desmayaba en su deseo de encontrar a su hijo y que fue reivindicado y elevado a las alturas por la prensa y la televisión, hasta que empezó a caminar por un sendero retorcido que lo llevó al paroxismo y al deseo irreprimible de encontrar un culpable, o una culpable, en este caso, convirtiéndose en fiscal, juez y verdugo de la ex enamorada de su hijo; sin pruebas serias, tan solo por su afán desmedido de aparecer en la prensa.

Ese deseo que finalmente quizá tenía escondido un origen, planificar su futuro político, analizar las propuestas de algunos particos políticos y pensar en lanzar su candidatura a algún cargo público que le siga dando notoriedad; hasta se habló de la posibilidad de candidatear al sillón municipal de Arequipa. Una novela de terror que cierra su último capítulo y que debiera servir de lección para una sociedad que se deja influir por quienes sólo buscan saciar sus intereses.

Caso cerrado herida abierta

Caso emblemático de mal periodismo: Ciro Castillo.

Por Augusto Álvarez Rodrich – Publicado en La República el 14 de julio de 2013

Cuando la fiscal María del Rosario Lozada le ha pedido al juez que archive la investigación por la muerte de Ciro Castillo Rojo, dos años después de la tragedia, es oportuno que los medios hagan una autocrítica por la cobertura de este caso, especialmente por el daño ocasionado a Rosario Ponce, a la familia del muchacho fallecido y al propio oficio.

Quizá se pudo llegar antes a la misma conclusión de no ser por las versiones disparatadas que algunos medios lanzaron con irresponsabilidad, buscando circulaciones y ratings antes que acercarse a la verdad.

No está en duda la legitimidad de la atención de los medios por esta noticia, pues la prensa responde a la necesidad de información de la gente. A los periodistas no nos gusta aceptar que el periodismo es un negocio a la caza de altas circulaciones y ratings, lo cual no tiene nada de malo si esto se hace con ética.

El periodista tiene muchos compromisos –con el medio en que trabaja, la gobernabilidad o sus lectores o audiencia– pero, antes que todo, está el compromiso con la verdad, lo cual debe ser innegociable.

Ahí radica el problema en la cobertura de este caso. Cuando el periodista cree que la verdad no puede interferir con un ‘buen’ titular o reportaje –evaluados solo por su impacto en el rating–, se tritura el compromiso prioritario con la verdad.

Rosario Ponce podrá tener, como toda persona, actitudes peculiares pero nunca hubo pruebas de que sea una asesina. Sin embargo, un sector de la prensa –empujado por la lectoría y el rating– no tuvo el menor reparo en acusarla, condenarla y hostigarla para construir un reality show irresponsable.

Se llegó al extremo, incluso, de divulgar material estrictamente privado como el de sus declaraciones en la cámara Gesell, lo cual es una grave violación de la intimidad y de la privacidad. Esa no fue una decisión periodística sino comercial, guiada por el dinero y no por la búsqueda de la verdad, que es lo que un periodista responsable debe hacer.

La prensa le hizo un gran daño a Rosario Ponce –y a su familia– al acusarla con argumentos deleznables. Ella seguramente podrá recuperarse y salir adelante, pero el daño a la familia de Ciro Castillo es peor.

Además del hecho de que la muerte de un hijo constituye una pérdida irreparable, algunos medios se dedicaron, en busca de impacto noticioso, a inventar hipótesis disparatadas que eran hechas suyas, en medio de su dolor y angustia, por el propio Ciro Castillo padre, alimentando, sin fundamento, la posibilidad de que Ciro hijo estuviera vivo y, luego, cuando encontraron su cadáver, de que haya sido asesinado.

Y, en el camino, el daño mayor fue para el periodismo, el cual sufrió un severo desprestigio.

Ciro sobreseído

Por Fernando Vivas – Publicado en su columna Mucho Ojo de El Comercio el 6 de Julio del 2013

Por fin, se cerró un caso prolongado como culebrón por la terquedad de un padre que hasta hoy se niega a aceptar la altísima probabilidad de que su hijo haya muerto accidentalmente. Creo que Ciro Castillo Rojo padre, como jefe de familia autoritario que ha demostrado ser, no puede soportar la idea de que su primogénito haya sido ayudado a sobrevivir por una chica más fuerte que él. Y es esa telenovela de orgullo patriarcal contrariado la que periódicos y programas amarillos han contado, sin rigor, como si fuera la crónica objetiva de los hechos.

Es cierto que Ciro papá cita evidentes contradicciones de Rosario Ponce, pero ninguna es prueba de delito, ninguna delata un móvil de asesinato. Pueden deberse a la mala memoria de un suceso traumático o a mentiras que ocultaban detalles de sus peleas y su separación de Ciro en plena emergencia. Nada de ello configura siquiera negligencia culposa.

También es cierto que la supervivencia de Rosario roza lo increíble, pero no la hemos dejado contar su historia a plenitud. La interrumpimos para sintonizar la telenovela patriarcal que se volvía cada vez más truculenta cuando se forzaban subplots con exnovios de Rosario, policías en la familia y hasta el par de topos mexicanos que parecían quiromantes de “Psíquicos” antes que socorristas. Por cada Ciro padre, hay muchísimos otros que entierran a sus hijos con serenidad, y su dolor conmueve igual.

Por supuesto, acompañamos a Ciro papá en su duelo, pero no en su terquedad. Discrepo de quienes lo han tomado como ejemplo de lo que un padre de familia debe hacer ante una tragedia similar. Ante las cámaras, impuso su discurso a su esposa e hijos. Oírlo disertar sobre su futuro político con la esposa llorosa detrás no me parece edificante, ¿qué quieren que les diga? Solo su tesón, eso sí, permitió el hallazgo del cadáver, que, por cierto, fue lo que acabó exculpando a Rosario.

Mientras los Castillo Rojo se prodigaban a los medios, Rosario se ganaba su antipatía con respuestas a media caña y luego, mal aconsejada, cediendo la invitación de Ciro Taype para subir a la pasarela. Frivolizó su causa. Sin embargo, esa anécdota ya pasó y, ahora, rehabilitada por el sobreseimiento del caso, merece que se la deje contar su hazaña.

Y, para la próxima, no caigamos por favor en presumir que los padres tienen que mover cielo y tierra para buscar culpables de la muerte de sus hijos. Por cada Ciro Castillo Rojo papá hay muchísimos otros que entierran a sus hijos con discreción y su dolor es igual de conmovedor, aunque las cámaras no los sigan.

La pesadilla Ciro Castillo

Por Jair Emeterio – Publicado en Aeronoticias el 2 de Julio del 2013

Con cincuenta y ocho folios, la fiscal María del Rosario Lozada Sotomayor mató la telenovela que hizo ganar miles de soles, si no millones, a los medios de comunicación por una praxis tan cuestionable, que haría justa cualquier denuncia por linchamiento mediático, como (tristemente) ya sucede en Ecuador.

Una telenovela con sazón a supervivencia, mala suerte y harta baba sensacionalista.

La principal sospechosa de la muerte de Ciro Castillo Rojo, el joven estudiante que cayó en el valle del Colca (Arequipa), está desapareciendo como sospechosa puesto que no se ha logrado acreditar participación directa tras la partida del estudiante. Pero con sus portadas y su actitud de amplificador de quejas -que tendría sentido si es que se suman pruebas a tanto llanto-, el “periodismo peruano” ha quedado embarrado por su propia actitud. Un mea culpa ayudaría a sacar tanta hediondez.

¿Alguna disculpa por el caso Ciro hasta ahora?

doctor_ciro3El padre no ayuda mucho. Más allá de las pretensiones políticas que tenga, es cuestionable que Ciro Castillo Rojo padre maquine hacer un filme -o una serie-. Exista o no exista un desembolse como derecho por recrear la historia, lo crítico del caso será el rodaje de un evento que alimentará críticas: el final de Castillo hijo. Para el padre, Rosario Ponce  empujó al muchacho. Para los Ponce, lo que diga la investigación sucedió. Y en la filmación ¿Qué y cómo se grabará?

Es evidente que Ciro Castillo padre rechace el archivamiento de la investigación. Pero que dentro de su lógica Rosario sea culpable no significa que ella lo sea, sobre todo si los peritos señalan del desbarrancamiento del joven tras estar sentado, y desmintiendo algún trazo de pelea. Pero los medios han jugado a la ambigüedad -como el juicio no ha dictaminado culpabilidad, digo que fulano es culpable hasta que se demuestre lo contrario-, y desde allí miserablemente se abrigarán.

Los juicios mediáticos: ¿y la presunción de inocencia?

Por María del Pilar Tello – Publicado en Generacción.com el 28 de Junio del 2013

El Congreso ecuatoriano controlado por Rafael Correa aprobó la Ley de Comunicación que tenía cuatro años de incubación. Las críticas a dicha norma han venido de la oposición pero también de organismos internacionales, hasta el punto de ser calificada como ley mordaza.

Entre los artículos más controvertidos están los referidos al delito de “linchamiento mediático”, definido como la “difusión de información que, de manera directa o a través de terceros, sea producida de forma concertada y publicada reiterativamente a través de uno o más medios de comunicación con el propósito de desprestigiar a una persona natural o jurídica o reducir su credibilidad pública”. La pena por este delito es pedir disculpas “en el medio o medios de comunicación, en días distintos, en el mismo espacio, programas, secciones, tantas veces como fue publicada la información lesiva al prestigio o la credibilidad de las personas afectadas”. No parece tan grave.

Pero no solo hay inquietud por la ley ecuatoriana. En España han considerado preocupante que la resolución adoptada por un juez o un jurado popular pueda verse condicionada por el prejuicio formado por los medios, en la opinión pública, durante la instrucción sumarial o la celebración del juicio. Por ello han previsto dar al juez la facultad de requerir a un medio de comunicación el cese de la publicación de informaciones que comprometen gravemente el derecho a un proceso justo o a los derechos fundamentales de los afectados.

Este condicionamiento, que para muchos afecta la libertad de expresión, está haciendo un camino en el sentido común al punto que en el foro El papel de los medios durante los procesos penales, organizado por la Asociación de la Prensa de Madrid, se señaló que el periodista es un historiador de la realidad diaria cuya primera preocupación es la verdad, y que el ejercicio del periodismo suscita en numerosas ocasiones un conflicto entre derechos fundamentales. Se refieren los hispanos a los llamados “juicios paralelos” o “juicios mediáticos” figuras de hecho emparentadas con el famoso “linchamiento mediático” de la ley ecuatoriana. En España han encontrado una solución legislativa al conflicto posible entre el derecho a la información y el derecho a la tutela judicial efectiva.

Como bien dice el ex presidente Carlos Mesa Gisbert, político y reconocido periodista boliviano, los hombres y mujeres de la información nos hemos convertido en jueces sumariales, rol alejado de la justicia, que debemos evitar en tanto implica una violación a la presunción de inocencia, garantía obtenida en siglos de lucha.

Para el ministro español Gallardón “los medios de comunicación y el sistema judicial se superponen, se influyen y chocan cuando comprometen el derecho a la presunción de inocencia, que es una condición para que haya un juicio justo, o el derecho a la información, que es un derecho medular en una sociedad avanzada como la española”.

Y por casa, ¿cómo andamos? No queremos leyes reguladoras sobre juicios o linchamientos mediáticos pero aceptamos complacientemente que algunos medios ataquen o liquiden personajes sin presunción de inocencia alguna. Sin ir más lejos ahí está el caso de Rosario Ponce, sentenciada a priori por los medios, por la muerte de Ciro Castillo. Le dedicaron un tratamiento duro y destructivo, con múltiples primeras planas, que de seguro le ocasionaron un daño imposible de reparar. Pero el Ministerio Público acaba de archivarlo. ¿Quién le devuelve el tiempo y el dolor por un tratamiento injusto de los medios en el tribunal de la opinión pública?.

Comencemos, entonces, por priorizar la autorregulación e instalar instituciones que la perfeccionen, protectoras de derechos como el Defensor del Lector o de la Audiencia. Nos evitaremos problemas.