Fiscal Lozada Sotomayor a investigar Región Ancash

El Fiscal de la Nación saliente Dr. José Peláez Bardales emite resolución el 14 de Abril del 2014 incorporando a la Dra. Lozada Sotomayor al equipo que investiga denuncias por corrupción y abuso de poder en la Región Ancash.

Lea aquí la Resolución.

Inseguridad y corrupción, una necia tendencia a simplificar las cosas

Por José Antonio Alfageme – Publicado en altavoz.pe el 15 de Abril del 2014

Estamos viviendo problemas complicados en el campo de la seguridad y de la corrupción; en muchos casos, ambos problemas se juntan. Esta semana, como las anteriores, se suceden noticias que enlutan a familias inocentes y sustraen dineros que deberían mejorar la vida del ciudadano común. Es como una serie de TV que repite sus capítulos, cambiando actores y locaciones.

Estamos hablando de problemas que son parte del escenario nacional y continental desde hace mucho tiempo; que se nutren de conciencias desfiguradas, autoridades débiles, cómplices activos o pasivos de los depredadores; de espectadores distraídos, que no alcanzan a darse cuenta del drama, salvo cuando les toca. Entonces, ya es tarde.

Sin embargo, las autoridades, los salvadores de la patria, nos ofrecen unos mejorales y unas tazas de caldo como forma de solución. Algunos lo creemos y saludamos los espejitos y piedras de colores ofrecidos y pensamos, crédulamente, “ahora si se acabará”. Pero esto nunca sucede, la “serie” se repite a diario como una saga sin fin.

Nos centramos en Ancash, en Orión o en la banda del choclito y con eso dormimos más tranquilos. Pero no es suficiente.

La Corrupción

Está por doquier en la administración pública. A veces sólo son robos “al paso” o “al menudeo”; otras, son mafias “hechas y derechas”. Cajamarca fue famosa, hoy sólo es casi un recuerdo. No sólo “Conga no va”, sino que varios escándalos que aparecieron siguen sin sancionarse; y sigue retrocediendo, mientras otras regiones crecen. Y los otros gobiernos regionales, y los municipios, ¿se cree que no aprenden nada, de lo bueno y de lo malo? ¿Por qué será que aparecen autoridades u opositores, muertos o que huyen asustados? ¿Por qué aparece tanta competencia, tentando los ansiados cargos? ¿Por amor a la patria?

Qué nos dicen “nuestros salvadores”, que el problema está en Ancash, y ahí se dirige toda la artillería (no se sabe por cuánto tiempo). Mientras tanto existe, “vivita y coleando” en, quién sabe cuántos, otros lugares.

La Inseguridad vial

Ahora resulta que Orión tiene la culpa. La alcaldesa metropolitana, sacando cuerpo como todo político que se respete, nos dice que Callao es el culpable por dar permiso a Orión. Primero, ¿es Orión solamente? Entonces, que nos diga cuáles empresas del ramo sí manejan bien. Segundo, ¿se habrá dado un paseo por las rutas centrales o más dispersas, para ver cómo manejan, prácticamente todos, micros, combis, taxis, motos y “gente decente”? Las luces, semáforos, señales de pare, senderos peatonales y hasta los policías, son para muchos, adornos simpáticos, y nada más…

Además, quizás Ud. no se enteró, las mismas empresas que hoy matan gente, lo seguirán haciendo en las nuevas empresas ganadoras de concesiones en los famosos “corredores viales”. Aunque la mona se vista de seda…

La policía dice que, como no pueden acceder al ranking de multas, no se dan cuenta de nada. Habría que advertirles que estos conductores y unidades circulan diariamente, por rutas más o menos fijas y los podrían agarrar con sencillos operativos. Pero, municipio y policía, tienen tareas “más importantes”: multar a los conductores particulares que sobrepasen caprichosas señales de velocidad. ¡La inteligencia en acción!

Como si faltara algo, se suelta a asesinos verdaderos, como aquel que se subió a la vereda para pasar a un rival y atropelló, y no mató, de milagro, a una embarazada.

Delincuencia

Somos suertudos, se detuvo a senderistas y ahí se centra la propaganda oficial. Es una buena noticia pero ¿Y los secuestradores, los extorsionadores, las pandillas, los narcotraficantes et al? Aparecen noticias alarmantes sobre estos y… no pasa nada.

Todo lo anterior sucede “bajo el manto de la ley”. Bueno, o las leyes no se cumplen o están mal hechas y no sirven. Y nos siguen prometiendo más espejitos, más policías, más control, más tecnología, más mases…

Y esto no se quita con maquillaje, se enfrenta de verdad. Primero, entendiendo su génesis, segundo dando respuestas realmente efectivas, cuyos resultados sean el rasero y no las noticias efectistas. En ello, deben opinar los que saben, y no políticos poco serios, que quieren aprender haciendo.

La solución encontrada debe tener, además de un conjunto de medidas correctas, estabilidad en el tiempo, y que no sea tema de luchas electorales o personalistas. Nos enfrentamos a un monstruo de 7 cabezas y, para matarlo, hay que cortarle todas. No basta una o dos; ni menos, quitarle un rabo o una oreja.

Merecemos también, indicadores sencillos, públicos; independientes de quienes gobiernan; que midan las distintas formas de inseguridad y corrupción; para que los ciudadanos vean cómo estaban al inicio -del periodo de gobierno y de cada año- y a qué valor llegaron al terminar. Sólo así sabremos, quién hace y quién miente; quien vale la pena de ser elegido y seguido, y a quién debemos botar.

Corrupción, ética y política

Por Martín Tanaka – Publicado en La República el 17 de Febrero de 2013

La semana pasada llamaba la atención sobre la necesidad de una profunda reforma judicial, no solo por la obvia necesidad de acceso a la justicia sino también por los efectos que sus decisiones tienen sobre el sistema político. No hay confianza en el sistema judicial y hay actores políticos importantes que parte de la ciudadanía identifica como corruptos. Si los sistemas anticorrupción funcionaran bien, algunos de los imputados deberían pagar condenas, y los inocentes deberían ser librados de sospechas; como no funcionan, terminamos teniendo culpables impunes e inocentes falsamente implicados en la comisión de delitos. La percepción de injusticia hace que se cuestione permanentemente la institucionalidad judicial, que la política tienda a asumir la forma de controversias morales, y que su dinámica tienda a “judicializarse”, a recurrirse reiteradamente a los tribunales para intentar saldar lo que se considera como cuentas pendientes. Esto aumenta la presión política sobre los jueces, con lo que, como en una profecía autocumplida, la judicatura tiende en efecto a politizarse. Como es de esperarse, cuando la moralidad está en juego, el intercambio, la negociación y la búsqueda de acuerdos políticos se dificulta, porque se asume que están en juego valores absolutos. Así es muy difícil construir una comunidad política democrática.

En todos los países de la región, el debilitamiento de los partidos como canales de representación hace que la política tienda a judicializarse; los actores intentan conseguir mediante acciones legales la solución a demandas que no se consiguen mediante la movilización política. La complejidad y la autonomía de lo jurídico hacen en ocasiones que actores débiles obtengan grandes victorias políticas. El problema es, nuevamente, que la judicatura se politiza, se debilita a los partidos, se hacen menos previsibles los resultados judiciales, lo que entorpece el intercambio político.

De todo esto no se debe deducir que corresponde refundar el sistema de justicia “desde afuera”; ese es un camino que ha llevado siempre a autoritarismos y a un mayor control político de las decisiones judiciales. Urge por el contrario una gran reforma judicial y el reforzamiento de un sistema anticorrupción lo más autónomo de presiones políticas. Urge un gran acuerdo político y entre los poderes del Estado para limpiar la política de la percepción de corrupción, que amenaza la legitimidad del sistema político. En segundo lugar, urge que los partidos y actores políticos sobre los que hay sospechas de impunidad o problemas por falta de transparencia colaboren con las investigaciones necesarias para despejar toda duda y no refugiarse en artilugios legales. Y tercero, por parte de todos los actores políticos y sociales, no dejarse llevar por el expediente fácil de acusar a alguien de corrupto para intentar ganar disputas políticas, y por parte de los medios de comunicación el no dar cabida a acusaciones sin fundamento.

Tanto palacio, para tan poca justicia

¿Cómo romper el círculo vicioso que supone el que tengamos malos postulantes a jueces en gran parte por tener un mal PJ…?

Publicado el 3 de Marzo de 2012 en El Comercio

El nuevo presidente del Consejo Nacional de la Magistratura (CNM) ha hecho muy bien en resaltar lo grave de que solo el 20% de los postulantes a jueces pase el examen de conocimientos exigido como primer paso del proceso de calificación, pese a tratarse de una prueba que, como puede confirmar cualquier abogado normalmente competente que le dé un vistazo, coloca la valla a una altura más bien modesta.

No obstante lo anterior, quien verdaderamente sale jalado anualmente en el examen de la CNM es el Poder Judicial existente. Y es que si, con excepción de algunos meritorios quijotes, ninguno de los buenos estudiantes de Derecho del país intenta dedicarse a la profesión judicial, buena parte de la culpa está en lo que ha hecho de esta carrera el Poder Judicial (PJ). Es decir, en la corrupción, la mediocridad y el consiguiente desprestigio que suelen reinar en nuestras cortes y juzgados. ¿Quién quiere entrar a una institución que, según sondeo de Transparencia Internacional, obtiene el máximo puntaje de corrupción en opinión de nuestros compatriotas?

Es cierto que los sueldos que se pagan en el PJ no se acercan a los que los buenos alumnos podrían llegar a ganar en el sector privado, pero ese no es el problema central: existen otras entidades estatales, como las reguladoras, en las que sucede lo mismo y en ellas sin embargo, sí son captados exponentes de nuestro mejor talento jurídico. Después de todo, a los profesionales jóvenes, y sobre todo a los destacados, suele importarles, además del dinero, trabajar en lugares que los motiven, que puedan respetar y que les den prestigio.

Lo que nos pasa a los peruanos con el PJ es igual a lo que le sucede a los pueblos del mundo que llevan décadas viviendo al lado de un desastre ecológico – como un relave abandonado o un derrame que nunca se limpió–. Lo asumimos como parte del paisaje, sin que ello escandalice especialmente a nadie, aunque intentamos evitarlo en nuestro camino diario, a costa de dar grandes rodeos para ello.

Es inconmensurable, sin embargo, lo que pierde el Perú día a día, año a año y década a década con esta situación. Comenzando porque estos “grandes rodeos” son costosos, como lo prueban las inacabables horas de abogados que, en los contratos de cuantía, deben gastar las partes en el intento por blindar sus términos de cualquier futura lectura irracional o mañosa del PJ. Y continuando, principalmente, por el hecho que no contar con un PJ confiable – honesto, eficiente y buen técnico jurídico– significa tener sometidos todos nuestros derechos a un irrenunciable nivel de incertidumbre.

Todos sabemos que el día en que alguien decida desconocer el derecho que nos da la ley y no entregarnos la casa que le compramos o no pagarnos las cuotas del préstamo que le dimos, no podremos predecir con ningún grado de razonabilidad si el juez nos dará la razón o si nos la dará a tiempo y sin costarnos en el camino más de lo que vale el derecho que reclamamos. Esto hace que en nuestro país nadie dé por cierto nada y todos estemos, por tanto, dispuestos a invertir menos de lo que podríamos en cualquier cosa que esté sometida a la jurisdicción peruana. Dicho de otra forma: gracias al estado del PJ pende una amenaza constante sobre todos los derechos que existen en el Perú, castigando su valor y, en consecuencia, el del país entero. Un lujo curioso para un país que sigue teniendo al 31% de su población viviendo en la pobreza.

¿Cómo romper el círculo vicioso que supone el que tengamos malos postulantes a jueces en gran parte por tener un mal PJ, y el tener un mal PJ en gran parte por tener malos jueces? Hasta ahora el sistema de justicia ha tragado como un hoyo negro todos los millones y esfuerzos que, durante décadas, se le han lanzado para reformarlo. Acaso el tema no esté, pues, en intentar romper el círculo, sino en irlo achicando. Esto es, en tomar una parte del sistema judicial –por ejemplo los juzgados de una especialidad dada– y someterla a un proyecto piloto que le suba los sueldos y, sobretodo, que la separe del resto del sistema y su mala fama. Así, ese sector del PJ podría verse como apetecible para el joven talento mientras que, paralelamente, habría que establecer un filtro que obligue al CNM a escoger los jueces del sector solo entre los mejores alumnos de las facultades más destacadas. De esta forma se podría crear una isla de eficiencia que tendría la capacidad de ir avanzando, sector por sector, al resto del PJ.

En cualquier caso, está claro que toda iniciativa de cambio tiene que venir del PJ, con lo que su presidente es tal vez la persona con la responsabilidad más seria del país. Después de todo, no importa qué tanto desarrollo construyamos; lo haremos más lento de lo que podríamos y la construcción siempre será incierta y temblorosa, mientras la piedra angular que yace bajo todo el edificio permanezca rota.