La justicia del diablo

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“… Desde aquellos días de enero del 2009 he visto un sinnúmero de personas ofreciendo audios, discos duros, borradores a mano, amistades con fiscales, con jueces; he visto a la fauna caníbal peor que en el Libro de Eli vender sus pedazos de extorsión por menos de 100 dólares. Cuántas laptops escaparon de manos de la policía, cuántas personas sonreían al ver las imágenes de Canal N y las detenciones en tiempo real.

El Perú es un país que, como todos, ha tercerizado áreas de su servicio de inteligencia. Lo hace Rusia, los Estados Unidos, incluso Bogotá. El punto es que en el Perú este servicio privado está concentrado en marinos y policías, usando equipos propios o del Estado, usando personal en retiro o en actividad. Como todos saben, me costó mucho denunciar ese mal comportamiento por parte de un grupo de marinos peruanos en actividad, pero hoy el asunto rebasa eso. La tercerización se convirtió en una oferta de servicio de espionaje empresarial o interceptación electrónica que algunas empresas y bufetes de abogados contrataron, como quien contrata un servicio de limpieza. De allí la madeja de grabar y escuchar más de lo solicitado hizo adictos a los que brindaban el servicio y despertó más codicia y por qué no decirlo, la inventiva de mirarle el lado político al asunto.

El resto es historia conocida. …”

Las tres Rosarios y Ciro Castillo Rojo

Un caso convertido en novela y que hoy puede llegar a su fin. La madre, la novia y la fiscal comparten un mismo nombre

Por Ibón Machaca – Publicado en Correo el 27 de Setiembre del 2013

A dos años de la extraña muerte del joven Ciro Castillo-Rojo García-Caballero, el interés de la opinión pública no decae, y tampoco el de los medios de comunicación.

El joven estudiante de Ingeniería Forestal se había perdido junto a su enamorada, Rosario Ponce, en el Valle del Colca. Era abril del 2011.

El 13 de ese mismo mes, a los nueve días de reportado el extravío de la pareja, la policía halló solo a la enamorada. En los siguientes seis meses, el padre del muchacho, Ciro Castillo Rojo, protagonizó una tenaz búsqueda que concluyó el 20 de octubre, con el hallazgo del cuerpo de su hijo en las faldas del nevado de Bomboya. Sin embargo, el drama no terminó ahí. La familia de Ciro puso en duda las declaraciones de Rosario, la expareja, y entabló una denuncia en su contra, al considerarla responsable de la muerte del universitario.

Hasta ese entonces, Rosario Ponce era la única protagonista de esta trágica historia. Hoy, dos años y algo más después, son 3 las mujeres que han influido como nadie en el desenlace del escabroso caso. Las tres se llaman Rosario.

La madre

La primera mujer es sin duda alguna su madre, Rosario García Caballero, quien a lo largo de este proceso no ha descansado y se ha mantenido firme en el intento por saber qué sucedió con su hijo, el primogénito.

“Éramos muy unidos”, musitó tras el teléfono, la doliente progenitora, quien además nos dijo que era ella a quien siempre llamaba Ciro para cualquier asunto que lo afectara.

De él recibía los más lindos piropos; le encantaba siempre congraciarse con ella. Su ausencia caló hondo en su corazón de madre, pues “no existe día en el que no piense en él.

En la última comunicación que sostuvo con su hijo, este le hizo una promesa que no fue cumplida. Le dijo que volvería.

Un sinfín de razones pasan por su mente en busca de la respuesta a la muerte de su vástago. Su primer pensamiento siempre involucra a la expareja de su hijo, Rosario Ponce, de quien solo quiere la verdad.

La pareja

Rosario Ponce, la exenamorada con la que Ciro emprendió el trágico e interminable viaje sin retorno, fue objeto de una serie de investigaciones y cuestionamientos.

Tras su rescate, la opinión pública la convirtió en un personaje negativo al considerarla responsable de la muerte del estudiante, posición que se vio alimentada por la actitud aparentemente despreocupada de la muchacha ante el hecho.

“Rosario era una persona movida, que tenía varios enamorados y no le importaba su menor hijo”, tales declaraciones fueron consignadas en el expediente fiscal, a propósito del testimonio de uno de los amigos cercanos a la pareja.

Sin embargo, ella dejó atrás lo vivido y optó por seguir adelante. Antes se había visto obligada a dejar sus estudios ante el asedio de la prensa, pero hace poco más de un mes se graduó como ingeniera forestal en la Universidad La Molina.

Cumplirá 27 años este 6 de octubre y está resuelta a salir adelante pese a los obstáculos.

La Fiscal

María del Rosario Lozada Sotomayor, abogada y fiscal arequipeña egresada de las aulas de la Universidad Católica de Santa María, tomó el caso el año pasado, cuando le fue transferido de otra fiscalía.

La designación partió del propio fiscal de la Nación, José Peláez Bardales, quien consideró que, por tratarse de un caso sonado, se requería de amplio conocimiento y experiencia en la labor de investigación.

Previamente a ella, dos fiscales estuvieron al frente. El primero fue el fiscal de Chivay, Zacarías Macedo Rodríguez, pero lamentablemente dejó de existir al poco tiempo.

El caso fue trasladado al despacho del fiscal Jan Frank Zegarra Rocha, quien inició las indagaciones, pero tuvo que dar un paso al costado una vez conocida la decisión de Peláez Bardales.

La fiscal Lozada, al ser consultada, reconoció -de manera escueta- que el proceso fue muy mediático, pero que pese a ello llevó las investigaciones con serenidad y siempre en búsqueda de la verdad. Su decisión de archivar el proceso, según lo manifestó en juicio ante el magistrado Giancarlo Torreblanca, obedeció a la falta de pruebas suficientes que corroboren la hipótesis inicial y que consideraba a Rosario Natalie Ponce López como la persona que empujó a Ciro Castillo-Rojo García-Caballero hacia el vacío donde halló la muerte.

Juicio

El caso fue investigado durante dos años y medio aproximadamente. Finalmente, hoy habrá un desenlace cuando, a las 8:30 horas, en la Segunda Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Justicia de Arequipa, los magistrados Fernán Fernández, Héctor Huanca y Sandra Lazo evaluarán la solicitud presentada por la defensa de Ciro Castillo para que el proceso no sea archivado y se mantenga la investigación vigente “hasta sancionar a los culpables”, como sostiene la familia.

Caso Ángeles: Primera entrevista a la fiscal

Habla Paula Asaro, la fiscal que investiga el asesinato de Ángeles Rawson

Publicado en fiscales.gob.ar el 18 de Setiembre del 2013

En esta primera parte de la entrevista realizada por Fiscales, Asaro relata cómo fueron los primeros días de la causa y los hechos que tuvieron lugar la noche en que quedó detenido Jorge Mangeri. Además, cuenta las hipótesis sobre el móvil y el modus operandi del único imputado en la causa.

Mangeri no pudo con su culpa”, afirma la fiscal María Paula Asaro y no titubea al repasar los hechos que tuvieron lugar en la madrugada del sábado 15 de junio, casi cinco días después del asesinato de Ángeles Rawson. El encargado desde hacía once años del edificio de Ravignani 2360 había llegado a la fiscalía llorando, disfrazado de policía, por voluntad propia.

Asaro afirma que, hasta ese momento, nunca se había imaginado lo que estaba por ocurrir. De hecho, cuando el martes 11 le habían confirmado que el cuerpo sin vida encontrado en una planta del CEAMSE en José León Suárez era el de Ángeles Rawson – a quien buscaban desde la noche anterior -, lo primero que pensó fue “nunca voy a encontrar al culpable”.

Sin embargo, durante las últimas horas del viernes y la madrugada del sábado, la declaración testimonial del encargado del edificio comenzó a mostrar una serie de contradicciones. Mangeri confundía los horarios de entrada y salida del edificio, no lograba definir si los malestares que le había provocado una enfermedad al inicio de la semana le habían producido dolor de estómago, de cabeza o un resfrío. Tampoco podía evocar correctamente sus actividades durante los últimos cinco días, ni siquiera donde había pernoctado.

“Odio a la policía”, “odio a la justicia” dijo el encargado más de una vez durante su declaración, antes de asegurar que lo habían quemado y picaneado en el trayecto a la fiscalía. También afirmó que el día anterior, a bordo de un Volkswagen Polo negro, lo habían amenazado con una pistola y un cuchillo tipo “Tramontina”. Las inconsistencias en el relato obligaron a recordarle las previsiones del artículo 275 del Código Penal referidas al falso testimonio.

La declaración fue suspendida definitivamente para evitar que se autoincriminara, labrándose el acta sin su firma aunque dejando constancia por escrito de lo que había ocurrido durante ese acto.

Posteriormente, a las 5.15 de la mañana, Mangeri pidió hablar a solas con Asaro. Como no es posible declarar frente a un fiscal sin testigos, se sumó el secretario de la fiscalía. Fue entonces cuando el encargado se quebró: “Fui yo”.

“Dijo muy convencido la frase. Hasta me dio lástima, se me llenaron los ojos de lágrimas”, recuerda la fiscal. Sin embargo, en aquel momento Asaro no descartaba que el encargado estuviera “encubriendo” a alguien más.

A raíz de las contradicciones en que había incurrido, sumado a otros elementos de prueba reunidos hasta ese momento, Mangeri fue imputado y quedó detenido.

La fiscal ya contaba en ese momento con las imágenes de las cámaras instaladas en el trayecto desde la escuela a la casa de Ángeles, las cuales mostraban a la adolescente en camino hacia su hogar. También había recibido el testimonio de la empleada doméstica de la familia, Dominga, quien “juró que Ángeles no había entrado al departamento durante esa mañana”. Se había descartado así que el crimen hubiera ocurrido en la calle, pero tampoco había tenido lugar dentro del departamento de la familia de Ángeles.

Mangeri, a pesar de haber pedido licencia, había estado presente cuando se realizó el allanamiento en el edificio, dos días antes de que se presentara a declarar. Mientras el equipo de la fiscalía repasaba una y otra vez las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona que mostraban a la joven a punto de ingresar al edificio, el encargado había confirmado: “Es la Mumi”.

“La noche que vino a declarar no me miraba a los ojos”, recuerda Asaro. Y asegura: “Creo que fue mejor que lo interrogara una mujer, se sintió invadido muchísimo más en lo que había hecho. Sin embargo, antes de centrar las sospechas en Mangeri, Asaro admite que debió investigar al círculo íntimo de la víctima. “En la televisión ya daban por culpable al padrastro”, señala, en referencia a Sergio Opatowski. No obstante ello, carecía de elementos de prueba serios que lo comprometieran.

Una vez que los resultados del hisopado realizado en las uñas de Ángeles revelaron que había ADN del portero, la fiscal asegura que confirmó definitivamente las sospechas que la llevaron a pedir la detención e indagatoria de aquél. “Me quedé helada cuando me comunicaron que las posibilidades de que fuera ADN de Mangeri eran del 99,9 por ciento”, relata.

Ante la consulta por el móvil del asesinato, Asaro explica: “Para mí quiso abusar de la chica. Pero no lo tenía armado”. La hipótesis de la fiscalía es que el portero convenció a la adolescente para que suba hasta la portería ubicada en el octavo piso.

“Creemos que el lugar del hecho fue la portería. No lo podemos afirmar todavía, pero estamos cada día más cerca”. Ángeles se resistió pero, como señaló la última junta médica solicitada por la querella, y que fue adecuadamente ordenada por el Juez, a tal punto que realizó un puntilloso cuestionario de setenta y dos preguntas, su cuerpo fue llevado al container de basura ya sin vida. La dificultad para probar el lugar preciso del homicidio radica en que Mangeri tuvo casi cinco días para limpiar la escena del crimen.

“Se vio superado por el hecho, debe ser muy fuerte matar a una persona. Se empezó a sentir mal, a vomitar. No pudo con su culpa”. De hecho, así fue consignado por los jueces de la Cámara del Crimen en la confirmación de su procesamiento, concluye Asaro.

Si bien ese Tribunal cambió la calificación del hecho a homicidio simple, todavía se aguardan los resultados del análisis histopatológico de varias muestras obtenidas durante la exhumación del cuerpo y en la autopsia, un entrecruzamiento de llamados telefónicos, entre otras diligencias que podrían confirmar el supuesto de homicidio ‘criminis causa’ -cometer un delito para ocultar otro-; es decir, se trataría de un asesinato destinado a encubrir un ataque violento de índole sexual.

La fiscal evalúa imputar a Mangeri por femicidio y trabaja sobre esa posibilidad junto con el programa de Género del MPF. Respecto de los hechos, sólo restan verificar detalles para precisar los resultados de la investigación que, en apenas cuatro días, permitió identificar al autor del crimen de Ángeles Rawson.

“Solo quiero saber dónde está mi hijo”

Publicado en Correo el 18 de Agosto del 2013

Ageda Pari Gutiérrez, madre de Néstor Ccañihua, se sume en el llanto y en una terrible desesperación al no conocer hasta ahora el paradero de su hijo desaparecido el 13 de junio pasado.

Su ausencia en casa es dolorosa -dice doña Ageda-, en especial los fines de semana, en que a Néstor le gustaba escuchar música y ponerse a bailar mientras hacía sus labores.

Ahora, el ambiente se ha llenado de un profundo silencio del que no emerge ni una pequeña risa.

“La última vez que habló conmigo me pidió dinero para hacer un trabajo en Internet”, dice mientras discurren en su rostro amargas lágrimas. “Han pasado más de dos meses sin saber su paradero, nadie nos dice nada, yo solo quiero saber dónde está mi hijo”, expresa con voz entrecortada.

En tanto, el corto espacio de su sala se ha llenado con su retrato y en una esquina de su cuarto se ha levantado un altar improvisado acompañado con imágenes de la virgen María y de Cristo Crucificado.

“Mi hijo era un chico trabajador, estudioso, amoroso con su mamá y con sus hermanos, nunca nos ha traído problemas”, explica don Víctor Cañihua, padre de Néstor.Su desaparición no tendría explicación alguna y dudan de que haya fugado de casa. Es por ello que ambos padres se encuentran a la espera de las investigaciones que realiza la PNP y sobre el vínculo que uniría a su hijo con el taxista Efraín Pampa que hoy permanece detenido.

Vigilia por Néstor. Ayer a las 18:30 h familiares, amigos y compañeros, con carteles y velas en mano, hicieron una vigilia en el frontis de la Catedral de Arequipa; orando por el joven estudiante y por su pronto regreso a casa.

DATO:

Solicitan ayuda de Eloy. Los padres de Néstor, en su afán de saber su paradero, piden la ayuda del guía de montaña Eloy Cacya, quien halló los cuerpos de Ciro Castillo y Olivier Toledo.

Cuando la justicia no es justicia

Casos Eva Bracamonte y Liliana Castro, e incluso los de Roberto Martínez y Rosario Ponce, muestran debilidad de nuestro sistema judicial.

Existe fuerte tendencia para disponer prisión y después investigar.

Publicado en La Primera el 11 de Agosto del 2013

La justicia no siempre se imparte de manera equitativa. Hay casos en el que los magistrados se contradicen en sus fallos y en medio de ellos hay personas que sufren prisión. Mientras se debaten cuestiones jurídicas muchos son privados de su libertad sin mayores evidencias. Un caso flagrante es el que sucedió con Eva Bracamonte y Liliana Castro, en el primero de los casos sigue en prisión, pese a que en instancias superiores se ha determinado que no hay pruebas para acusarla, y en el caso de Liliana, fue puesta en libertad por el mismo motivo.

Para efectos de la prisión preventiva, ni el tipo de delito ni la detención en flagrancia incrementan o disminuyen el peligro procesal que representa el imputado. Sí afectan directamente el grado de presión que pueda sentir el juez a partir de una opinión pública que ya ve al acusado como culpable y espera que se imponga justicia con mano dura.

Ambas sufrieron prisión por más de tres años por interpretaciones de los magistrados que se inclinaron por disponer su encarcelamiento sin pruebas contundentes. El congresista de Solidaridad Nacional, Heriberto Benítez, dijo que hay muchos administradores de justicia que con sus fallos han cometido ilícitos, por lo que también deben ser alcanzados por la muerte civil y la imprescriptibilidad al que se refirió el presidente Ollanta Humala durante su discurso del 28 de julio último.

“En sus sentencias muchas veces van contra el espíritu de la Ley, sin embargo no solo se salvan de la cárcel, sino que poco tiempo después se reincorporan a la carrera magisterial. El día que se envíe a la cárcel a los jueces por dictar resoluciones contrarias a la Ley, se habrá avanzado en la lucha contra la corrupción. En las cárceles no hay ningún juez”, señaló.

Otro caso sonado y reciente en el que un fallo judicial fue puesto en entredicho fue el que pretendía llevar a prisión a Roberto Martínez. Se dictó una orden de captura en su contra y el exfutbolista tuvo que pasar a la clandestinidad ante lo que consideraba una medida injusta. Poco tiempo después, la misma justicia le daría la razón al declarar que no procedía su detención.

Si es que Martínez no hubiera pasado a la clandestinidad, seguro habría sido capturado en medio de un gran operativo policial y trasladado enmarrocado al penal Sarita Colonia del Callao, en medio de cámaras y flashes de los reporteros gráficos. ¿Quién le devolvía luego el honor ante esa humillación pública?

DEFENSORÍA

Recientemente se hizo la primera encuesta a representantes de la Defensoría del Pueblo de Lima sobre el accionar de distintos operadores durante la etapa previa al juicio y las detenciones bajo el nuevo Código Procesal Penal. Solo un 28% de defensores públicos encuestados señaló estar presente cuando el imputado presta sus primeras declaraciones a la Policía, y —peor aún— solo un 18% anotó estar presente a la hora de las primeras declaraciones ante el fiscal.Los defensores explicaron que les avisan tarde y cuando llegan ya tomaron las declaraciones. El 35% de defensores considera que cuando el fiscal argumenta que el imputado fue capturado en flagrancia, en realidad eso no es así.

El 62% y 67% de los defensores encuestados opinó que los jueces otorgan al menos un peso importante a la flagrancia y al tipo de delito en cuestión, respectivamente, a la hora de decidir sobre la libertad o prisión de un procesado. Para el 72% de defensores, la gravedad de la pena es el elemento central durante las audiencias de prisión preventiva.

El peligro de fuga —medido por el grado de arraigo que tiene el imputado con su comunidad— obtuvo mucha menor consideración. Solo 39% de los defensores públicos opinaron que los jueces le dan al menos un peso importante a la falta de empleo del imputado; mientras que la falta de domicilio fue considerada como un elemento de peso por los jueces únicamente por el 56% de encuestados.

Cuando se preguntó a los defensores su opinión sobre la influencia de factores ajenos a los requisitos establecidos en el Código Procesal Penal, se encontró que un 64% de encuestados otorgó a la prensa un peso importante o más en las decisiones judiciales, mientras que un 58% se lo dio a la opinión pública.

ROSARIO PONCE

Un caso en el que se vio una fuerte presión de la prensa y la opinión pública por acusar a una persona sin evidencias reales, fue el que vivió Rosario Ponce en la desaparición y muerte de Ciro Castillo.

La fuerza de la opinión pública hizo que la investigación fiscal se prolongue más de lo debido y las portadas de algunos medios acusando a Rosario Ponce hicieron que un sector de la sociedad la apunte como si fuera responsable de la muerte del joven estudiante y excursionista.

Tras agotar las investigaciones y realizar los peritajes correspondientes, la fiscal María del Rosario Lozada finalmente emitió su informe, señalando que no se puede probar que la joven haya empujado a su exenamorado y demostrar así su responsabilidad por el delito de homicidio simple.

En su informe de 57 páginas, Lozada concluyó que no había elementos suficientes para acusar a Ponce y se basó en el análisis del físico Alcides López Milla, quien señaló que —de acuerdo con el estudio a las prendas de Castillo Rojo— este cayó con la cabeza hacia arriba y por ello es poco probable que lo hayan empujado.

Ante ello, el juez de investigación preparatoria de Chivay, Giancarlo Torreblanca, acogió el pedido de archivamiento de la investigación a Rosario Ponce López por la muerte de Ciro Castillo Rojo, ocurrida en el valle del Colca hace tres años y dispuso que se archive el caso.

PRISIÓN ES CONDENA

Uno de los principales peligros de abusar de la prisión preventiva, inevitablemente es el efecto negativo que tiene sobre el defendido llevar un proceso penal en prisión, así como en el devenir final del juicio. Estudios al respecto han demostrado que no solo el acceso y capacidad de defensa se ven seriamente limitados, sino que también se incrementa la percepción de culpabilidad que recae sobre el imputado y que influye negativamente en jueces y jurados. Al respecto, el 53% de defensores públicos opinó que quien llega a juicio en prisión preventiva, tiene más probabilidades de ser condenado que un imputado de similares características en libertad.