No aflicta y convicto, buscando vindicta, sueltos por edicto

Asesinos confesos y evidentemente -por sus declaraciones- no readaptados, habiendo sido condenados a 34 años han dejado la cárcel luego de tan solo 27 meses.

http://peru21.pe/actualidad/liberan-asesinos-confesos-joven-gotico-2122774

Sala Penal de Lima Sur

ACTUALIZACIÓN: El Comercio y Peru21 eliminaron las notas publicadas hoy Jueves 21 de Marzo, temprano. El Comercio publicó esta nueva nota pero no queda claro si la denuncia de los familiares de la víctima es cierta.

El Poder Judicial aclaró hoy mediante un comunicado que Jorge Armando Vásquez Vásquez y Yovanna Sierra Ortiz, autores del asesinato del joven gótico Antonio Parihuamán en la modalidad de homicidio calificado, recibieron respectivamente 20 y 25 años de pena privativa de la libertad. El comunicado es en respuesta a una nota periodística de televisión que indicaba esta mañana que se otorgó arresto domiciliario a los autores del horrendo crimen. “La Sala Penal de la Corte Superior de Justicia de Lima Sur condenó a Jorge Armando Vásquez Vásquez y Yovanna Sierra Ortiz a 25 y 20 años de prisión efectiva, respectivamente, al serhallados culpables del delito de homicidio calificado (asesinato) en agravio de Jorge Antonio Parihuamán Yasila, el 30 de octubre de 2010. El tribunal además les impuso el pago de una reparación civil solidaria de treinta mil nuevos soles”, sostiene el comunicado. “Los acusados –que se acogieron a la figura de la conclusión anticipada del proceso y a la confesión sincera- reconocieron su responsabilidad en el delito que se les incrimina, allanándose a los cargos formulados en su contra por el Ministerio Público”, aclaró. “Las penas impuestas se cumplirán en el 2030 y el 2035”, agregó.

HORRENDO CRIMEN EL 2010

En el 2010 Parihuamán Yacila fue víctima de este crimen como parte de un ritual satánico por su ex pareja, Sierra Ortiz y su amigo Vásquez Vásquez. Le asestaron más de 40 puñaladas y escribieron un mensaje en su pecho. Los autores del crimen también deberán pagar una reparación civil de 30 mil nuevos soles a favor de los herederos legales del agraviado.

Según confesaron en 2010, Parihuamán Yasila y Sierra Ortiz planearon el asesinato al detalle. Además indicaron que lo hicieron por venganza y en ningún momento mostraron arrepentimiento.

ACTUALIZACIÓN: Y hoy Viernes 22 de Marzo, La República publica lo siguiente:

Libertad y amenazas

Los asesinos fueron encarcelados, pero el 4 de febrero pasado la Sala penal de Lima Sur dispuso la excarcelación de Vásquez Vásquez bajo arresto domiciliario en un predio de la avenida Julio César Tello, en Lince. Esto no ocurrió en el caso de Yovanna Sierra Ortiz, pues ella no tenía un domicilio estable en Lima debido a que es oriunda de Huancayo. ‘Balek’ fue puesto en libertad condicional por exceso de detención preventiva.

Tras esta liberación, Yimmer Gustavo Miranda Salazar (23), joven DJ de rock oscuro en las discotecas dark de Lima, denunció haber recibido hasta tres amenazas.

Por ello, ayer acudió a la comisaría de Alfonso Ugarte para pedir garantías para su vida. El joven contó que María T., la actual pareja de ‘Balek’, le dijo hace dos semanas lo siguiente: “Cuando él salga en libertad te va a acuchillar por la espalda, él te odia porque tú lo has delatado”. Siguió: “Encargó a gente prontuariada que te asesinen”. En efecto, fue Yimmer o simplemente ‘Jim’, quien ayudó a la Policía a capturar a los asesinos de Parihuamán. Hoy teme por su vida.

El Precio de hacer Justicia – V

Leer aquí la parte IV.

Mercedes Alaya sabe también cómo puede resentirse un cuerpo sometido a presión. Su neuralgia del trigémino está relacionada con la tensión. La llamada “enfermedad del suicidio” implica indescriptibles dolores en los ojos, la mandíbula, y hasta el pelo, desencadenados por el mero roce del aire. Hace cinco meses que, cada vez que la juez de los ERE toca un papel, empieza a padecer.

A Alaya se la espera en Sevilla como una aparición mariana. “Los médicos han dado con la tecla de su enfermedad”, aseguran en los juzgados, pero el estado de salud preciso de la mujer que ha revolucionado Andalucía con una investigación que persigue la corrupción en cinco consejerías del Gobierno autonómico durante la última década es tan enigmático como ella.

La enfermedad de Alaya, como su personalidad arrolladora, brillante y ensimismada, plantea el debate de la unipersonalidad de las instrucciones. Sin su ambición y paciencia, el caso nunca habría visto la luz; ahora que la investigación parece tan pegada a ella como su propia piel, parece inimaginable que salga adelante sin ella. Dos habitaciones repletas de cajas de documentos marcados con post it escritos a mano la esperan: un laberinto para cualquier sustituto.

Los fiscales desesperan por el parón y porque la forma personalista en la que la juez ha dirigido una investigación descomunal y milimétrica dificulta la transición. Alaya, probablemente porque lleva dos años luchando contra la Junta, aseguradoras y bufetes muy preparados, no es precisamente cooperativa. Se guarda en el cajón piezas que dosifica según le parece oportuno. Los fiscales temen que esta política derive en delaciones que tumben parte de la acusación, algo similar a lo que ocurre en Galicia con la juez De Lara, a la que su exhaustividad la lleva a abrir causas sin detenerse a cerrar ninguna.

El caso de esta sevillana es distinto al de la mayoría de colegas retratados en este reportaje. A pesar de que no le falten los enemigos, no es una juez mártir. Tiene el respaldo de la Audiencia provincial, una página de fans en Facebook, y la prensa la lleva en palmas en una comunidad en la que muchos ciudadanos y poderes fácticos están quemados con las maneras del PSOE tras 30 años de hegemonía. Alaya ejerce una innegable fascinación sobre las cámaras. Coqueta, los días en los que sabe que será foco de las miradas elige sus mejores modelos. Pero no hay nadie más lejos de ser una mujer objeto. Ser madre del primero de sus cuatro hijos con apenas 20 años, y compatibilizarlo con las oposiciones y una exigente carrera, cinceló su fuerte carácter.

Alaya siempre se ha movido entre la timidez y el pundonor. Se ha debatido sobre si su imagen delicada la ha obligado a escenificar una dureza extrema para hacerse respetar. La recusación de la Fiscalía en 2010 —rechazada por la Audiencia provincial— en la que se ponía en duda su capacidad para juzgar el caso Mercasevilla por su matrimonio con un importante consultor que había auditado la empresa, la convirtió en un animal herido. “Me genera pudor hablar de mi vida privada, situación en la que creo que pocos jueces se han visto”, expuso en un escrito. Que se cuestionara su validez profesional le produjo una indeleble humillación.

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MERCEDES ALAYA, CASO DE LOS ERE
Sevilla, 1964.
Casada y con cuatro hijos.
Llegó en 1998 al Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla tras pasar por Fuengirola (Málaga), Carmona (Sevilla) y un juzgado de primera instancia de la capital andaluza.
Detectó que un supuesto empleado de la empresa pública Mercasevilla había sido prejubilado sin haber trabajado jamás allí. Descubrió así una red de fraudes por la que ha imputado a 60 personas. Investiga el papel de la Junta de Andalucía, entre otros actores.

Alaya se sabe escrutada. Es discreta y no se deja ver por Sevilla. Pero en su juzgado no admite otra ley que la suya. Sus enfrentamientos a gritos con las partes han sido siempre sonados; por eso causó tanto estupor como admiración la estrategia que desarrolló en el interrogatorio del ex director general de Trabajo Javier Guerrero. Aquel día la conversación se desarrolló entre sonrisas y mohines a Guerrero, un personaje al que le encanta encantar. La juez dejó al interrogado sentirse a gusto y, entre chistes y requiebros, le hizo desembuchar toda la información que le implicaba en la trama fraudulenta. Cuando Alaya le entregó la imputación, las sonrisas se helaron.

La sevillana es un buen ejemplo del resbaladizo terreno que pisan los jueces que tienen en sus manos la moral de una ciudad. En determinadas situaciones parece fácil llegar a sentir que, si no es uno mismo, nadie será capaz de limpiar un horizonte emponzoñado. Una actitud que puede interpretarse como mesiánica, pero sustentada por una verdad. ¿Quién más estará dispuesto a recibir llamadas de personas importantes sugiriendo que es momento de frenarse? ¿Quién aceptará abrir el periódico para encontrar comentarios sobre su menú de batalla? Probablemente solo alguien que entienda que el premio merece la pena: pararse ante el silencio de un imputado, mirarle a los ojos y entender que hay que seguir adelante. Porque detrás hay una mentira.

El Precio de hacer Justicia – IV

Leer aquí la parte III

Son pequeños triunfos que los magistrados graban como muescas en la culata de sus pistolas. El juez José Castro se ha anotado ya unas cuantas. El instructor del caso Palma Arena ha adelgazado en los últimos tiempos, pero no por las mismas razones que Iñaki Urdangarin, su imputado más famoso.

Por prescripción médica, Castro, de 67 años, ha cambiado las motos de gran cilindrada por la bicicleta. Viéndole pedalear los cinco kilómetros desde el juzgado a su adosado en la playa, a este cordobés podría adivinársele una tranquila vida de jubilado. Pero que nadie se llame a engaño: le siguen gustando las emociones.

Abuelo separado y con novia, tiene un hijo abogado y otro procurador, muy aficionados al deporte, como él. Dueño de un perrito Yorkshire, por ello Castro no deja de ser un lobo solitario que rehúye los actos en grupo. No se deja ver mucho por los bares y restaurantes de Palma, aunque le gusta tomar un café con todas las partes para limar asperezas tras sus interminables interrogatorios. El cordobés es un personaje cercano que se hace llamar Pepe y no deja que le traten de usted. Guarda una buena relación con funcionarios y policías, quienes aprecian que no se pierda un registro, sea en casa del expresidente de Baleares, Jaume Matas, o en las chabolas de Son Banya. No está adscrito a ninguna asociación de jueces, pero no le hace falta: Castro es una de esas raras figuras de consenso que de vez en cuando surgen en una profesión rica en puñaladas. Incluso los que no le aprecian por su vivo temperamento o su carácter inquisitivo le respetan en función de una solvencia y obsesión por la verdad que le ha ocasionado más de un disgusto. El más reseñable quizá se lo dio su amigo el inspector José Gómez Navarro Pepote, condenado a nueve años de prisión por extorsionar a la jefa de un clan de la droga. Cuando el caso llegó a su juzgado, Castro se inhibió para juzgar, pero testificó sin sentimentalismos. El proceso le dejó profundamente herido, y no solo porque se sintiera traicionado: la visión de cómo la corrupción era capaz de empapar cualquier corazón le asqueó.

Todo un veterano en el último tramo de su carrera, Castro ahora solo atiende el caso Urdangarin y cubre guardias. Conoce la Justicia desde su base porque antes de acceder a la judicatura fue funcionario de prisiones. Cumpliendo el patrón, cuando en 1990 se instaló en el juzgado de instrucción 3 de Baleares, las islas eran un destino tranquilo. Hasta que comenzó a emerger la corrupción, con Jaume Matas como protagonista indiscutible. Los poderes políticos pronto intentaron hacerle ver al juez quién mandaba. Pero él no se dio por enterado. La lucha en torno al cacique de las islas fue encarnizada, con la Fiscalía General del Estado volcada para evitar una imputación que se acabó convirtiendo en ineludible.

De sus últimas pesquisas sobre una de las fuentes de enriquecimiento ilegal de Matas, la construcción del velódromo Palma Arena, salió en una fina labor de cruce de datos fiscales y cuentas la pieza separada que lanzó el proceso de Urdangarin. Antes de imputar al duque, cuentan sus próximos que se lo pensó mucho. Temía una tormenta ingobernable, pero algo entre el sentido del deber y el gusanillo del reto le pudo. Sus detractores dicen que ese gusanillo es toda una serpiente: el ego de un hombre al que le gusta disparar al sol.

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JOSÉ CASTRO, CASO NÓOS
Córdoba, 1945
Separado y con dos hijos.
Desde 1976 ha pasado por juzgados de Dos Hermanas (Sevilla), Arrecife (Lanzarote) y Sadabell (Barcelona). En 1985 llegó al de lo Social 2 de Palma y en 1990 pasó al de Instruccion 3.
Reclamó la investigación de los fiscales, la Guardia Civil y Hacienda sobre el patrimonio de Jaume Matas y la unió a la que instruía sobre las irregularidades en el velódromo Palma Arena. De esa semilla nace el caso Nóos, por el que imputa a Iñaki Urdangarin.

El respeto que Castro concita en propios y extraños le ha aislado de presiones, aunque los medios de comunicación más conservadores se hayan lanzado a investigar la compra de su casa sin demasiados resultados. A pesar de su afabilidad, no concede entrevistas y no habla nunca de los casos en que trabaja. Prefiere charlar de las alineaciones del Real Madrid. Su medio de comunicación oficial son sus autos y sentencias, auténticos eventos en las islas. En un tono llano pero cargado de ironía, el magistrado se esfuerza porque el texto le resulte accesible al ciudadano. Matas aún está digiriendo algunas de las estocadas que le dejó en su auto de imputación: “Es claro que Matas ha venido a burlarse de los simples mortales”.

Sus interrogatorios también son célebres. El juez se muestra respetuoso, pero no admite componendas. Insiste hasta conseguir la respuesta más precisa posible con un lenguaje directo. No tiembla ante lances que otros considerarían temerarios. “Vamos a ver, señora”, se plantó ante las evasivas de Ana María Tejeiro, mujer del socio de Urdangarin, “lo digo para deshacer, porque dice usted: ‘no, hombre, porque como [la infanta Cristina] era quien es’, pues da la impresión de que doña Cristina no está imputada porque es quien es, y yo le digo que me ayuden a imputarla, si es que se tiene que imputar ¿eh?, si es que se tiene que imputar, para que no parezca que no lo está por ser quien es ¿entiende?”.

Pero la temeridad no suele salir gratis. Lo sabe Baltasar Garzón, juez que reunía todos los requisitos de la inexpugnabilidad: un puesto en la Audiencia Nacional, proyección pública, prestigio internacional… Nada de eso le evitó ser expulsado de la carrera judicial mientras luchaba para desenmarañar la tupida trama Gürtel, un dolor de muelas para el partido en el Gobierno. Su sucesor en el caso, Antonio Pedreira, demostró que la salud entra igualmente en la apuesta por la justicia. El juez sufre ahora en una cama, minado por la enfermedad.

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El Precio de hacer Justicia – III

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Son propuestas que llegan en un momento en que la misma figura del juez instructor pende de un hilo. Alberto Ruiz Gallardón, ministro de Justicia, ha dado los primeros pasos para reformar la Ley de Enjuiciamiento Criminal y que pase a ser el fiscal —teóricamente independiente, pero en la práctica nombrado por el Gobierno— quien dirija la investigación. Buena parte de la judicatura teme que el fiscal tenga aún más problemas para plantarse ante el juego político. Jacobo Pin, joven instructor del caso Fabra contra el presidente de la diputación de Castellón por cohecho, tráfico de influencias y cuatro delitos fiscales, puede dar fe sobre lo difícil que es sustraerse a esa supervisión.

Cuando llegó con 27 años al juzgado de Nules a bordo de su Jaguar, muchos de los que seguían el caso Fabra con la esperanza de que el sumario no se pudriera en un cajón torcieron el morro. El caso había conocido ya ocho togados, todos de paso en el diminuto juzgado de Nules hacia otros destinos. El presidente del PP de Castellón seguía en su cargo mientras su poderoso equipo de abogados conseguía dilatar una instrucción endemoniada en un clima de caciquismo asfixiante. Y Pin tampoco parecía el héroe dispuesto a enfrentarse a esa maquinaria. Miembro de una buena familia (un hermano diplomático y otro médico), hijo de un conocido abogado de Castellón vinculado al PP, y nacido en la localidad castellonense de Burriana, a 10 kilómetros de Nules, había elegido el destino para no alejarse de casa. Solo tenía que darle salida rápido al molesto dossier Fabra para disfrutar de una plácida vida de recién casado.

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JACOBO PIN, CASO FABRA
Burriana (Castellón), 1981. Casado.
En 2008 llegó al Juzgado Número 1 de Nules.
En su primer destino profesional, en un juzgado a 10 kilómetros de su casa, ha asumido la imputación de Carlos Fabra, expresidente de la Diputación de Castellón y del PP, por cohecho, tráfico de influencias y cuatro delitos fiscales. En los nueve años que lleva instruyéndose el proceso, con nueve jueces distintos, Fabra se ha mantenido siempre al frente de todos sus cargos.

Tras los primeros días quedó claro que, por mucho que hubiera trabajado con una ONG en Bolivia —según afirmó al recoger un premio por su expediente académico, su ambición es dedicarse a los derechos humanos— el juez no reunía los atributos que se le suponen a un aventurero. Su estilo procesal era seco, muy pegado a la letra. En sus autos e interrogatorios no resultaba interpretativo ni especialmente arrojado. Pero poco a poco comenzó a abrirse camino entre los tomos de la causa. Mostró diligencia al pedir información a los bancos, activó resortes de la investigación esclerotizados, aplicó con rigor los fundamentos jurídicos… Y empezó a ganarse problemas, a desayunar con entrevistas en las que Fabra decía no tener “ninguna manía al juez Jacobo Pin”, a sufrir movimientos invasivos de Carlos Domínguez, presidente de la Audiencia de Castellón y amigo del ya exdirigente del PP.

Hasta que soltó el bombazo. Pin hizo algo tan inaudito para el juez de un pueblecito, como es pedir amparo al CGPJ contra sus superiores. Es en ese escrito al órgano de dirección de los jueces donde se le descubre una firmeza desconocida. No se aleja de los caminos en los que se siente cómodo —todos los puntos los sostienen argumentos legales—, pero sus conclusiones son apabullantes: desde Castellón están “tratando de imponer indirectamente el sobreseimiento del presunto delito de cohecho”, que Pin quería sumar a los que acumulaba Fabra. La petición de Pin es clara: “Deje de perturbar mi independencia”. Contra lo previsible, el CGPJ no archivó la petición de amparo y el Tribunal Supremo ha ordenado que el político sea juzgado también por cohecho.

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El Precio de hacer Justicia – II

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Porque la presión es la clave.

“El miedo social hace que algunos jueces prefieran dedicarse a perseguir solo delitos de perfil más bajo. Eso genera una forma de corrupción”. Lo dijo en una conferencia en 2008 Miguel Ángel Torres, instructor del caso Malaya, la mayor operación contra la corrupción en España. Torres ahora dirige procesos rutinarios en un juzgado de Granada. El magistrado ha confesado a sus íntimos haberse sentido solo durante fases de la Malaya en las que se le señalaba a él como el enemigo en lugar de a los saqueadores de Marbella. Torres, un hombre impenetrable, siente que los jueces, fiscales y policías que investigan a personalidades con contactos se encuentran desprotegidos por el Estado ante la presión ambiental. Según quienes le conocen, es especialmente crítico con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y las instancias judiciales cercanas al poder político.

A mayor contenido político, más presión. Y no solo proveniente de los implicados. Lo sabe Josep Maria Pijuan, instructor del caso Palau, el expolio de una de las mayores instituciones culturales de Cataluña a manos de su gestor, Félix Millet. Algunos medios revelaron que Pijuan, al poco tiempo de ser nombrado instructor del caso, recibió subvenciones de la Generalitat a través de una fundación que dirigía. La información sembraba la sospecha de que el dinero sirviera para que el magistrado no investigara con demasiado brío, pero los hechos no han sustentado este temor. Los indicios sobre la vertiente política del caso —el pago de comisiones de Ferrovial a Convergencia a través del Palau— se han asentado durante la instrucción de Pijuan, que ha impuesto una fianza de 3,2 millones al partido dominante en Cataluña.

JOSEP MARIA PIJUAN, CASO PALAU Nacido en Balaguer (Lleida) en 1953, es padre de dos hijos. Ahora en el 30 de Barcelona, desde 1979 ha pasado por juzgados de Tremp (Lleida), Herrera del Duque (Badajoz), Olot (Girona), Figueres (Girona), Bilbao y Barcelona. De 1993 a 2011 fue magistrado de la Audiencia de Barcelona. El prohombre barcelonés Félix Millet desfalcó más de 35 millones de euros del Palau de la Música a lo largo de años. El juez estudia si parte del dinero financió partidos.

JOSEP MARIA PIJUAN, CASO PALAU
Nacido en Balaguer (Lleida) en 1953, es padre de dos hijos. Ahora en el 30 de Barcelona, desde 1979 ha pasado por juzgados de Tremp (Lleida), Herrera del Duque (Badajoz), Olot (Girona), Figueres (Girona), Bilbao y Barcelona. De 1993 a 2011 fue magistrado de la Audiencia de Barcelona.
El prohombre barcelonés Félix Millet desfalcó más de 35 millones de euros del Palau de la Música a lo largo de años. El juez estudia si parte del dinero financió partidos.

El caso de este juez es peculiar: no llegó y se encontró una sorpresa, sino que fue a buscarla. Pijuan, un hombre de 60 años que se dice abiertamente de izquierdas y muy catalanista, llevaba una existencia plácida en la Audiencia Provincial de Barcelona, pero pidió la plaza en cuanto quedó vacante el juzgado 30, el que investiga el saqueo del Palau. Su vuelta a las trincheras en 2011 ha impulsado la investigación después de que su antecesor, Juli Solaz, fuera criticado por su lentitud. Pijuan es dueño de una fuerte personalidad, pero exhibe un carácter abierto que en alguna ocasión le ha generado problemas por su franqueza ante los micrófonos. Su temperamento incisivo (hay quien dice inquisitorial) en los interrogatorios también es célebre.

Es, en definitiva, un hombre que se enfrenta al trabajo con el aplomo de quien ha lidiado años con temas muy políticos. Y que volvió porque le gusta estar en la punta de lanza contra la corrupción, insistiendo en la necesidad de crear un equipo de especialistas que trabajen conjuntamente y alejados de la figura del juez estrella.

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El Precio de hacer Justicia – I

Copio de El País un artículo acerca de jueces españoles y su esfuerzo por cumplir con su misión, lo he dividido en 5 partes. Sí, es sintomático.

La investigación de los procesos contra la corrupción más importantes está en manos de instructores cuyo único punto en común es la durísima presión que reciben. Este es su retrato

Por Jerónimo Andreu – Publicado en El País de España el 3 de Marzo del 2013

Con información de Silvia R. Pontevedra, Fernando J. Pérez, Jesús García, Andreu Manresa y Javier Martín-Arroyo.

precio1Pilar de Lara, una magistrada menuda y de maneras suaves, llegó en 2007 al Juzgado de Instrucción número 1 de Lugo y encontró una causa de la que nadie quería oír hablar. Trataba sobre un cabo de la Guardia Civil que, a cambio de favores bajo las sábanas, ofrecía a prostitutas brasileñas pasar por alto su situación irregular. De Lara, con 37 años entonces, venía de bregar en un juzgado de Mieres con el narcotráfico y casos como el de Trashorras, el exminero responsable de los explosivos del 11-M. Lugo parecía un destino tranquilo, una melancólica capital de provincia con una pertinaz lluvia desdibujando las murallas romanas.

De Lara interrogó a centenares de prostitutas, ordenó escuchas a sus clientes y registró comisarías. Levantando piedras, encontró un trazo escalofriante: una red de corrupción que desde los burdeles se extendía por la columna vertebral de Galicia como un sarcoma. La juez averiguó que mandos policiales hacían la vista gorda ante los abusos del proxeneta del Queen’s (los fundamentos del llamado caso Carioca); y desde ese mismo prostíbulo dio con una pandilla de empresarios que, sabiendo que jugaban en terreno seguro, se vanagloriaban de tener alcaldes a sueldo para conseguirles contratos y favores (la Operación Pokémon). Las pesquisas de De Lara están extendiéndose ahora a Asturias y Cataluña (Operación Manga). En total, más de un centenar de imputados por delitos de trata, abusos sexuales, tráfico de drogas, blanqueo, malversación, sobornos… Algunos de la talla de los alcaldes de Lugo, Santiago y Ourense o el jefe de Policía Municipal de esta última localidad.

El premio a la osadía de esta juez ha sido vivir aislada y rodeada de imputados que le han declarado la guerra. Amenazas, ataques políticos y confabulaciones policiales se han sucedido para intentar que De Lara abandone la ciudad.

El patrón suele repetirse: un juez recién llegado empieza a escarbar en lugares en los que no pasaba nada porque nadie removía nada. Pero resulta que sí había algo. Entonces el togado se convierte en el enemigo. Los más expuestos a estas presiones del entorno son magistrados de base que trabajan apoyándose en pocos medios y muchas tripas. Jueces que no responden a un perfil ideológico y que pueden ser tanto veteranos como bisoños. Individuos aislados que, cada uno desde su rincón del mundo, están poniendo al descubierto la corrupción que inunda todos los estamentos de un país: de sus burdeles a sus palacios.

Más detalles sobre cómo se llega a tener una ciudad en contra. El acoso empezó por las prostitutas que declararon ante la juez. Mensajes de matones: “Márchate de Lugo o la poli irá a por ti”. De Lara, implicada con las mujeres hasta el punto de avalarlas a la hora de encontrar empleo o residencia, se esforzó para que ninguna se echara atrás. Luego las amenazas llegaron a ella y a su hija. Con la policía tampoco puede trabajar después de haber imputado a parte de su cúpula; por eso se apoya en la Guardia Civil de fuera de la provincia. Un agente confesó que le habían ofrecido 22.000 euros por demandar a la juez, y los foros policiales de Internet están llenos de insultos hacia De Lara y la otra magistrada decidida a limpiar Galicia, Estela San José, responsable de la Operación Campeón y a la que la presión sobre su vida privada ha llevado a un traumático divorcio y a querellas contra agentes. Incluso la Confederación Española de Policía denunció manejos para presionar a De Lara y boicotear su investigación. Los políticos tampoco se han quedado cortos al acusarla de contemporizar con la intención de que las imputaciones más sonadas coincidan con citas electorales. El PSG se agarra a la única mácula que presenta el historial de independencia de De Lara: su matrimonio con Roberto Menéndez Mato, miembro del PP local, al que conoció en Asturias. En la Audiencia provincial a la juez tampoco le sobran aliados. Las presiones han sido tan acusadas que en 2011 un grupo de ciudadanos de Lugo (incluidos simpatizantes del 15-M e IU poco sospechosos de connivencias con el PP) organizaron una manifestación en apoyo de De Lara y San José.

PILAR DE LARA, CASOS CARIOCA, POKÉMON Y MANGA  Cartagena, 1971.  Casada y con una hija.  En 1999 llegó al juzgado de instrucción 2 de Mieres. En 2007 pasó al de instrucción 1 de Lugo, su destino actual.  A partir de una investigación sobre trata de blancas, imputó a empresarios y políticos que pactaban negocios ilegales en burdeles protegidos por la policía. Las tres operaciones acumulan más de 100 imputados por tráfico de drogas, cohecho, agresiones, corrupción...

PILAR DE LARA, CASOS CARIOCA, POKÉMON Y MANGA
Cartagena, 1971.
Casada y con una hija.
En 1999 llegó al juzgado de instrucción 2 de Mieres. En 2007 pasó al de instrucción 1 de Lugo, su destino actual.
A partir de una investigación sobre trata de blancas, imputó a empresarios y políticos que pactaban negocios ilegales en burdeles protegidos por la policía. Las tres operaciones acumulan más de 100 imputados por tráfico de drogas, cohecho, agresiones, corrupción…

Para no dejar flancos expuestos, la juez se ha construido una vida monacal: ida y vuelta de casa al trabajo en sesiones hasta la madrugada, aunque tenga la gripe A o por la fatiga llegue a desvanecerse. La prensa local la vigila hasta el punto de señalar que abusa del Red Bull en sus jornadas maratonianas. A ella esas intromisiones le molestan. En parte porque lo que de verdad le gusta es el té y en parte porque rehúye a los medios. Las únicas declaraciones que se le conocen se encuentran en un reportaje en el que pedía más medios para los juzgados. Hay quien sospecha que esa falta de recursos no es casual y que no hay demasiado interés en equiparla para investigar. En su juzgado se ha visto a funcionarios adelantar el dinero del tóner de las impresoras, en gran medida porque es una mujer cuya dedicación se aprecia. En su círculo de fieles, aparte de su amiga San José, destacan dos agentes de la Guardia Civil y una secretaria judicial. Ellos son su escudo contra la presión.

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Corrupción, ética y política

Por Martín Tanaka – Publicado en La República el 17 de Febrero de 2013

La semana pasada llamaba la atención sobre la necesidad de una profunda reforma judicial, no solo por la obvia necesidad de acceso a la justicia sino también por los efectos que sus decisiones tienen sobre el sistema político. No hay confianza en el sistema judicial y hay actores políticos importantes que parte de la ciudadanía identifica como corruptos. Si los sistemas anticorrupción funcionaran bien, algunos de los imputados deberían pagar condenas, y los inocentes deberían ser librados de sospechas; como no funcionan, terminamos teniendo culpables impunes e inocentes falsamente implicados en la comisión de delitos. La percepción de injusticia hace que se cuestione permanentemente la institucionalidad judicial, que la política tienda a asumir la forma de controversias morales, y que su dinámica tienda a “judicializarse”, a recurrirse reiteradamente a los tribunales para intentar saldar lo que se considera como cuentas pendientes. Esto aumenta la presión política sobre los jueces, con lo que, como en una profecía autocumplida, la judicatura tiende en efecto a politizarse. Como es de esperarse, cuando la moralidad está en juego, el intercambio, la negociación y la búsqueda de acuerdos políticos se dificulta, porque se asume que están en juego valores absolutos. Así es muy difícil construir una comunidad política democrática.

En todos los países de la región, el debilitamiento de los partidos como canales de representación hace que la política tienda a judicializarse; los actores intentan conseguir mediante acciones legales la solución a demandas que no se consiguen mediante la movilización política. La complejidad y la autonomía de lo jurídico hacen en ocasiones que actores débiles obtengan grandes victorias políticas. El problema es, nuevamente, que la judicatura se politiza, se debilita a los partidos, se hacen menos previsibles los resultados judiciales, lo que entorpece el intercambio político.

De todo esto no se debe deducir que corresponde refundar el sistema de justicia “desde afuera”; ese es un camino que ha llevado siempre a autoritarismos y a un mayor control político de las decisiones judiciales. Urge por el contrario una gran reforma judicial y el reforzamiento de un sistema anticorrupción lo más autónomo de presiones políticas. Urge un gran acuerdo político y entre los poderes del Estado para limpiar la política de la percepción de corrupción, que amenaza la legitimidad del sistema político. En segundo lugar, urge que los partidos y actores políticos sobre los que hay sospechas de impunidad o problemas por falta de transparencia colaboren con las investigaciones necesarias para despejar toda duda y no refugiarse en artilugios legales. Y tercero, por parte de todos los actores políticos y sociales, no dejarse llevar por el expediente fácil de acusar a alguien de corrupto para intentar ganar disputas políticas, y por parte de los medios de comunicación el no dar cabida a acusaciones sin fundamento.

Por una Justicia previa al Juicio

Extracto del artículo de Ernesto De La Jara publicado en Diario 16 el 11 de Febrero del 2013

Para airearnos un poco de la revocatoria o del indulto a Fujimori, hablemos de otro tema: cárceles. En su discurso de despedida como presidente de la Corte Suprema, César San Martín presentó un dato que expresa un cambio en la administración de justicia que, al entenderse bien, algunos celebrarán y otros pifiarán.

El dato es que con el Nuevo Código Procesal Penal se está reduciendo significativamente el número de personas que están en la cárcel solo por estar siendo procesadas y no por ya haber sido condenadas. Mientras que en Lima, todavía con el viejo código, estos presos sin condena son la mayoría (el 68 %); en Arequipa, ya con el nuevo –dijo con satisfacción– han pasado a ser minoría (el 24 %).

¿Qué quiere decir en realidad este descenso? Acá viene lo que puede gustar o disgustar: los acusados de haber cometido un delito ya no son enviados casi siempre a la cárcel, sino que cada vez son más los casos en los que los jueces permiten que se enfrente el juicio en libertad.

El primer argumento para considerar que estamos ante un anuncio positivo es que los fiscales y jueces estarían actuando, de esta manera, más ceñidos a lo que jurídicamente corresponde. De acuerdo al derecho nacional e internacional, una persona que no ha sido condenada solo debe ser encarcelada cuando exista un peligro real de fuga o de alteración de pruebas. Siempre y cuando, además, este peligro no se pueda eliminar de una manera menos drástica, a través de medidas alternativas a la cárcel, como podría ser el uso de brazaletes (¿no se habían comprado ya?) o la comparecencia restrictiva (contacto permanente con el juzgado, no salir del país, etc.), entre otras.

También estaríamos ante un cambio acertado porque se estaría evitando que miles de personas vayan a la cárcel, no solo de manera ilegal, sino innecesariamente, lo que significaría un ahorro de millones horas-hombre-mujer de sufrimiento.

Hay también razones pragmáticas –de seguro más convincentes– para defender que es mejor tener menos personas sin condena en las cárceles. La reducción de la población penitenciaria traería un inmenso ahorro económico para el Estado.

Actualmente, se tiene que hacer una serie de gastos en infraestructura, alimentación, seguridad, salud, entre muchos otros aspectos, para los cerca de 60 000 presos que hay a nivel nacional (60 % son solo procesados). Este número global es el resultado del fuerte incremento que ha habido en la última etapa: hace 10 años eran cerca de la mitad, y últimamente hay unos 10 000 presos más por año. Es por eso que las cárceles tienen el doble de la población que deberían albergar de acuerdo a su capacidad.

Sin embargo, bien sabemos que muchos serán los que crean que el juez San Martín nos ha dado una pésima noticia. En nombre de la seguridad ciudadana alegarán que lo conveniente es lo contrario: que todo aquel que se crea ha cometido un delito, debe ir, por principio, a la cárcel. Toda medida alternativa sería finalmente peligrosa y un mal mensaje.

Más allá de que se trate de una concepción que choca con el derecho, preguntémonos: ¿qué tan cierto es que, si se deja de mandar a la cárcel a un buen número de acusados y procesados, la ciudad se vuelve más insegura?

Por lo menos, en el caso de Arequipa parece que no ha sido así. De acuerdo a la encuesta de victimización realizada el año pasado por Ciudad Nuestra, de diez ciudades evaluadas, Arequipa está entre las tres menos inseguras, cuando, hace un año, estaba entre las tres más inseguras. Además, tiene una percepción de inseguridad menor al promedio.

Una razón más para evaluar, ¿cuántos del altísimo número de los procesados que hoy están en la cárcel podrían (deberían) seguir sus juicios en libertad?

Justicia lejana para mujeres en América Latina

Sólo una pequeña proporción de mujeres latinoamericanas que sufren el menoscabo de sus derechos acceden plenamente a la justicia, alertó un colectivo de organizaciones feministas de la región.

Por Marcela Valente – Publicado en Promsex el 13 de Abril del 2012

“No se trata solo de litigar sin gastos o de plantear un problema ante un tribunal”, dijo a IPS una de las autoras de la denuncia, la argentina Natalia Gherardi, sino de “acceder a un buen servicio judicial”, capaz de fallar “en un tiempo prudencial”.

Gherardi, directora ejecutiva de ELA Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, indicó que “la desigualdad, la discriminación y la marginación” explican los obstáculos materiales de muchas mujeres para acceder a la justicia.

Pero aun cuando logran superar esas barreras y acceden al sistema, encuentran muchas veces “un tribunal de justicia cargado de estereotipos de género” producto de la falta de sensibilización que requeriría “un cambio cultural” de la sociedad, añadió.

Esta denuncia fue presentada a fines de marzo en audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington por parte de la Articulación Regional Feminista por los Derechos Humanos y la Justicia de Género.

Las mujeres de la Articulación, que provienen de organizaciones de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, México y Perú, pidieron a la Comisión esa “audiencia especial” con dos objetivos simultáneos.

“Uno fue político regional para llamar la atención de la Comisión sobre problemas que exceden a un solo país y que se presentan como un patrón de conductas en varios, con realidades económicas y sociales diversas”, explicó Gherardi.

Este llamado de atención es clave, destacó la activista argentina, debido al rol que puede asumir esta Comisión, que forma parte del sistema de la Organización de los Estados Americanos (OEA), ante los gobiernos del continente en el seguimiento de estos temas mediante visitas, informes especiales y otras acciones.

El otro propósito es que, al llevar el tema a un foro que vela por el cumplimiento los de compromisos de cada país en materia de derechos humanos, se apunta a que en cada sitio se vea la importancia que se da a problemas internos en la comunidad internacional.

En este sentido, la Articulación señala en el texto de la denuncia que “hay avances en la conquista de derechos que no encuentran correlato en la transformación de la realidad de muchas mujeres latinoamericanas”.

Junto a la argentina ELA están en Articulación, creada en 2004, la Corporación Humanas, de Chile, Colombia y de Ecuador, la Coordinadora de la Mujer, de Bolivia, La Cuerda, de Guatemala, Equis: Justicia para las Mujeres, de México, y Demus. Estudio para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, de Perú.

Carolina Carrera, presidenta de la Corporación Humanas, de Chile, dijo a IPS que acudir a la Comisión Interamericana sirve para “visibilizar” problemas que fueron denunciados reiteradamente en los países, pero que persisten como el de la violencia.

A eso se suman nuevos retos, remarcó, como la falta de acceso a la justicia de mujeres indígenas o el empobrecimiento que sufren adultas mayores por no poder acudir a la justicia en defensa del derecho a la jubilación.

Para Carrera, una de las principales trabas está a nivel de los parlamentos. Las leyes contra la violencia en muchos países solo atienden a la intrafamiliar, dejando impunes las agresiones de género que se ejercen en otros ámbitos de la vida social.

Las entidades femeninas que hacen un seguimiento de las causas que involucran a mujeres, a través del Observatorio de Sentencias Judiciales, han advertido “patrones sistemáticos de violación de derechos de las mujeres” en la región.

Esta violación se da principalmente en relación a los delitos violentos perpetrados contra ellas, pero también en casos de derechos sexuales y reproductivos, como la negación de la anticoncepción de emergencia, al igual que con los derechos económicos, laborales, sociales y culturales.

Cuanto mayor es la marginación de las mujeres, más son sus dificultades de acceso pleno a la justicia, con lo cual aparecen especialmente afectadas las que viven por debajo de la línea de pobreza, en zonas rurales, indígenas o afrodescendientes.

En Argentina, un asunto emblemático es el de los abortos no punibles, señaló Gherardi. Se refirió así a la gran cantidad de mujeres que son llevadas ante los tribunales pese a que la ley no obliga a responder en estos casos.

Por ejemplo, mujeres a las que la ley permite interrumpir un embarazo producto de una violación sexual deben, muchas veces, peregrinar por tribunales en busca de una autorización no exigida por la norma, pero sí por el sistema sanitario y que, de conseguirse, siempre llega tarde.

En Colombia se exige a las mujeres víctimas de violencia agotar el conflicto en una audiencia de conciliación entre las partes antes de avanzar en un proceso, pero, en cambio, se puede demorar mucho más de lo debido en un proceso por violación.

En este punto, el informe presentado a la Comisión cita el caso de una niña violada por su padre, que después de cuatro años de recorrer los tribunales aún no ha logrado la imputación del atacante, pese a las múltiples pericias y a declaraciones a las que fue sometida.

También en México y Chile se ofrece suspender procesos iniciados por mujeres en situaciones de violencia, y optar por alternativas que no implican sanción, lo que redunda en un “alarmante índice de impunidad”.

Carrera recordó el caso de la jueza chilena Karen Atala, a la que se le denegó en su país justicia por discriminación. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, también parte del sistema de la OEA, condenó en marzo al Estado por quitarle el cuidado de los hijos bajo el argumento de que es lesbiana.

Otro caso muy sonado ocurrido también en Chile, que obligó a las mujeres a acudir al sistema interamericano, fue el de la aymará Gabriela Blas. Quedó embarazada a los 16 años, producto de una violación. Tuvo a su hijo, pero el acusado, sobreseído, la siguió acosando.

La mujer, dedicada al pastoreo de ganado, extravió a su hijo de tres años, quien luego apareció muerto. Por esa pérdida, Blas fue condenada a 12 años de prisión y no se le permitió asistir al funeral del niño.

¿Presunción de inocencia?

Por Ricardo Santayana Sánchez 

Publicado en el blog Iter Criminis de la PUCP el 4 de noviembre de 2011

De cómo la opinión pública y la reacción popular corrompen el sentido original de la justicia

“… la presunción de inocencia se constituye en un principio y garantía que actúa como limite al poder persecutorio del Estado, además de ser un derecho fundamental, de exigir ser considerado inocente, mientras una sentencia judicial declare lo contrario.” 

– Fany Quispe Farfán

Toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Esta es una de las frases más escuchadas relacionada a los procesos penales. La frase hace referencia directa al principio de presunción de inocencia, entendido como una actitud favorable al inculpado en el que tanto los operadores del derecho como la comunidad en general están forzados a considerar al sujeto como inocente, hasta que una sentencia judicial lo declare culpable luego de la presentación de los respectivos medios probatorios [1].

Luzón Cuesta, señala que: la presunción de inocencia es un derecho subjetivo público, que se ha elevado a la categoría de derecho fundamental y tiene un doble plano de eficacia: por una parte, opera en las situaciones extraprocesales y consiste en el derecho a recibir la consideración y el trato de no autor del delito; por otro lado, en el campo procesal, en relación a la presentación y actuación de las pruebas [2].

Sin embargo, lamentablemente este principio es violado constantemente antes de que el proceso penal inicie, o incluso antes de que exista una demanda en cuestión. Una de las principales razones por las que este principio es vulnerado, es la influencia de los medios de comunicación, que en su labor “informativa” generan en la opinión publica ideas parcializadas que sin conocer de medios probatorios o principios generales del derecho, le otorgan culpabilidad a una de las partes.

Consecuencia directa de lo anterior, es que se generen conclusiones inexactas, carentes de valor jurídico pero cargadas de valoración social; que tendrán un efecto evidentemente negativo en el honor y la reputación del inculpado. Es el Estado el competente para decidir la inocencia o culpabilidad del sujeto, pero los medios de comunicación masivos se atribuyen la potestad de condenarlo socialmente, fundamentando su opinión en perspectivas parcializadas.

Luis Pásara considera que los medios de comunicación abren un proceso penal paralelo, con relevancia social que somete al sujeto no a una condena judicial sino a una condena popular [3]. En estos casos, los medios de comunicación no actúan en afán de informar y cumplir sus funciones, sino que actúan con el “propósito comercial de aumentar la circulación o la audiencia del medio, la satisfacción de intereses económicos o políticos vinculados a los propietarios del medio, y la venalidad de algunos periodistas que ponen su labor al servicio de quien pueda recompensarla.”

Otra consecuencia importante de la vulneración de este principio, son los efectos que se producen en la opinión del juez, donde se pone en tela de juicio su imparcialidad. El juez tiene el poder de decisión acerca de la libertad de un sujeto de derecho, y en procesos penales la imparcialidad debe ser absoluta por la importancia del derecho que se podría ver restringido: la libertad. Si los medios de comunicación influyen sobre la opinión publica, también lo hacen sobre la de los jueces y demás operadores del derecho que intervengan en el proceso. De esta manera se arriesga uno de los principios jurisdiccionales más importantes en el Estado Constitucional de Derecho.

Un claro ejemplo del tema que se viene tratando, es el conocido caso de Ciro Castillo. El padre de la víctima ha presentado una demanda por homicidio, la cual el órgano jurisdiccional correspondiente deberá resolver para determinar la inocencia o culpabilidad de la acusada, Rosario Ponce (pareja sentimental de la víctima). No obstante, al margen de la demanda por homicidio, los medios de comunicación se han encargado a lo largo de la investigación del caso, de dejar claro a la opinión pública que Rosario Ponce es efectivamente culpable de la muerte de Ciro Castillo.

Esta situación se mantiene desde que Ponce fue encontrada tras haberse perdido en el Valle del Colca con la víctima. Los medios masivos de comunicación, tales como canales de televisión y la gran mayoría de diarios que circulan por nuestro país, han sacado conclusiones de los “indicios” del caso. Resultado directo de esto, es que la opinión pública ha determinado la culpabilidad de Rosario Ponce, no sólo sin las pruebas pertinentes, sino que sin ningún fundamento jurídico u objetivo.

El caso de Rosario Ponce es sólo uno de los varios casos de violación a la presunción de inocencia, que como se ha mencionado incide directamente en otros derechos fundamentales como el honor y la buena reputación.

Definitivamente, no podemos hablar de una auténtica presunción de inocencia en nuestro sistema de justicia, pues esta se ve empañada por factores externos que la corrompen. De esta manera el verdadero sentido de la justicia se ve obstaculizado por los medios de comunicación a tal punto de poner en tela de juicio la imparcialidad de un proceso penal, hecho que tendrá como consecuencia la posible condena de inocentes, o la impunidad de culpables.

[1] QUISPE FARFAN, Fany. “El derecho a la presunción de inocencia”. Palestra Editores. Lima. Pp. 16, 2001.
[2] CARDENAS RIOSECO, Raúl . “La Presunción de Inocencia”. Editorial Porrúa, 2da. Edición. México. Pp. 23, 2006.
[3] PASARA, Luis. “Conflictos entre medios de comunicación y justicia”. 2003