Por una Justicia previa al Juicio

Extracto del artículo de Ernesto De La Jara publicado en Diario 16 el 11 de Febrero del 2013

Para airearnos un poco de la revocatoria o del indulto a Fujimori, hablemos de otro tema: cárceles. En su discurso de despedida como presidente de la Corte Suprema, César San Martín presentó un dato que expresa un cambio en la administración de justicia que, al entenderse bien, algunos celebrarán y otros pifiarán.

El dato es que con el Nuevo Código Procesal Penal se está reduciendo significativamente el número de personas que están en la cárcel solo por estar siendo procesadas y no por ya haber sido condenadas. Mientras que en Lima, todavía con el viejo código, estos presos sin condena son la mayoría (el 68 %); en Arequipa, ya con el nuevo –dijo con satisfacción– han pasado a ser minoría (el 24 %).

¿Qué quiere decir en realidad este descenso? Acá viene lo que puede gustar o disgustar: los acusados de haber cometido un delito ya no son enviados casi siempre a la cárcel, sino que cada vez son más los casos en los que los jueces permiten que se enfrente el juicio en libertad.

El primer argumento para considerar que estamos ante un anuncio positivo es que los fiscales y jueces estarían actuando, de esta manera, más ceñidos a lo que jurídicamente corresponde. De acuerdo al derecho nacional e internacional, una persona que no ha sido condenada solo debe ser encarcelada cuando exista un peligro real de fuga o de alteración de pruebas. Siempre y cuando, además, este peligro no se pueda eliminar de una manera menos drástica, a través de medidas alternativas a la cárcel, como podría ser el uso de brazaletes (¿no se habían comprado ya?) o la comparecencia restrictiva (contacto permanente con el juzgado, no salir del país, etc.), entre otras.

También estaríamos ante un cambio acertado porque se estaría evitando que miles de personas vayan a la cárcel, no solo de manera ilegal, sino innecesariamente, lo que significaría un ahorro de millones horas-hombre-mujer de sufrimiento.

Hay también razones pragmáticas –de seguro más convincentes– para defender que es mejor tener menos personas sin condena en las cárceles. La reducción de la población penitenciaria traería un inmenso ahorro económico para el Estado.

Actualmente, se tiene que hacer una serie de gastos en infraestructura, alimentación, seguridad, salud, entre muchos otros aspectos, para los cerca de 60 000 presos que hay a nivel nacional (60 % son solo procesados). Este número global es el resultado del fuerte incremento que ha habido en la última etapa: hace 10 años eran cerca de la mitad, y últimamente hay unos 10 000 presos más por año. Es por eso que las cárceles tienen el doble de la población que deberían albergar de acuerdo a su capacidad.

Sin embargo, bien sabemos que muchos serán los que crean que el juez San Martín nos ha dado una pésima noticia. En nombre de la seguridad ciudadana alegarán que lo conveniente es lo contrario: que todo aquel que se crea ha cometido un delito, debe ir, por principio, a la cárcel. Toda medida alternativa sería finalmente peligrosa y un mal mensaje.

Más allá de que se trate de una concepción que choca con el derecho, preguntémonos: ¿qué tan cierto es que, si se deja de mandar a la cárcel a un buen número de acusados y procesados, la ciudad se vuelve más insegura?

Por lo menos, en el caso de Arequipa parece que no ha sido así. De acuerdo a la encuesta de victimización realizada el año pasado por Ciudad Nuestra, de diez ciudades evaluadas, Arequipa está entre las tres menos inseguras, cuando, hace un año, estaba entre las tres más inseguras. Además, tiene una percepción de inseguridad menor al promedio.

Una razón más para evaluar, ¿cuántos del altísimo número de los procesados que hoy están en la cárcel podrían (deberían) seguir sus juicios en libertad?

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Justicia lejana para mujeres en América Latina

Sólo una pequeña proporción de mujeres latinoamericanas que sufren el menoscabo de sus derechos acceden plenamente a la justicia, alertó un colectivo de organizaciones feministas de la región.

Por Marcela Valente – Publicado en Promsex el 13 de Abril del 2012

“No se trata solo de litigar sin gastos o de plantear un problema ante un tribunal”, dijo a IPS una de las autoras de la denuncia, la argentina Natalia Gherardi, sino de “acceder a un buen servicio judicial”, capaz de fallar “en un tiempo prudencial”.

Gherardi, directora ejecutiva de ELA Equipo Latinoamericano de Justicia y Género, indicó que “la desigualdad, la discriminación y la marginación” explican los obstáculos materiales de muchas mujeres para acceder a la justicia.

Pero aun cuando logran superar esas barreras y acceden al sistema, encuentran muchas veces “un tribunal de justicia cargado de estereotipos de género” producto de la falta de sensibilización que requeriría “un cambio cultural” de la sociedad, añadió.

Esta denuncia fue presentada a fines de marzo en audiencia ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con sede en Washington por parte de la Articulación Regional Feminista por los Derechos Humanos y la Justicia de Género.

Las mujeres de la Articulación, que provienen de organizaciones de Argentina, Bolivia, Chile, Colombia, Ecuador, Guatemala, México y Perú, pidieron a la Comisión esa “audiencia especial” con dos objetivos simultáneos.

“Uno fue político regional para llamar la atención de la Comisión sobre problemas que exceden a un solo país y que se presentan como un patrón de conductas en varios, con realidades económicas y sociales diversas”, explicó Gherardi.

Este llamado de atención es clave, destacó la activista argentina, debido al rol que puede asumir esta Comisión, que forma parte del sistema de la Organización de los Estados Americanos (OEA), ante los gobiernos del continente en el seguimiento de estos temas mediante visitas, informes especiales y otras acciones.

El otro propósito es que, al llevar el tema a un foro que vela por el cumplimiento los de compromisos de cada país en materia de derechos humanos, se apunta a que en cada sitio se vea la importancia que se da a problemas internos en la comunidad internacional.

En este sentido, la Articulación señala en el texto de la denuncia que “hay avances en la conquista de derechos que no encuentran correlato en la transformación de la realidad de muchas mujeres latinoamericanas”.

Junto a la argentina ELA están en Articulación, creada en 2004, la Corporación Humanas, de Chile, Colombia y de Ecuador, la Coordinadora de la Mujer, de Bolivia, La Cuerda, de Guatemala, Equis: Justicia para las Mujeres, de México, y Demus. Estudio para la Defensa de los Derechos de las Mujeres, de Perú.

Carolina Carrera, presidenta de la Corporación Humanas, de Chile, dijo a IPS que acudir a la Comisión Interamericana sirve para “visibilizar” problemas que fueron denunciados reiteradamente en los países, pero que persisten como el de la violencia.

A eso se suman nuevos retos, remarcó, como la falta de acceso a la justicia de mujeres indígenas o el empobrecimiento que sufren adultas mayores por no poder acudir a la justicia en defensa del derecho a la jubilación.

Para Carrera, una de las principales trabas está a nivel de los parlamentos. Las leyes contra la violencia en muchos países solo atienden a la intrafamiliar, dejando impunes las agresiones de género que se ejercen en otros ámbitos de la vida social.

Las entidades femeninas que hacen un seguimiento de las causas que involucran a mujeres, a través del Observatorio de Sentencias Judiciales, han advertido “patrones sistemáticos de violación de derechos de las mujeres” en la región.

Esta violación se da principalmente en relación a los delitos violentos perpetrados contra ellas, pero también en casos de derechos sexuales y reproductivos, como la negación de la anticoncepción de emergencia, al igual que con los derechos económicos, laborales, sociales y culturales.

Cuanto mayor es la marginación de las mujeres, más son sus dificultades de acceso pleno a la justicia, con lo cual aparecen especialmente afectadas las que viven por debajo de la línea de pobreza, en zonas rurales, indígenas o afrodescendientes.

En Argentina, un asunto emblemático es el de los abortos no punibles, señaló Gherardi. Se refirió así a la gran cantidad de mujeres que son llevadas ante los tribunales pese a que la ley no obliga a responder en estos casos.

Por ejemplo, mujeres a las que la ley permite interrumpir un embarazo producto de una violación sexual deben, muchas veces, peregrinar por tribunales en busca de una autorización no exigida por la norma, pero sí por el sistema sanitario y que, de conseguirse, siempre llega tarde.

En Colombia se exige a las mujeres víctimas de violencia agotar el conflicto en una audiencia de conciliación entre las partes antes de avanzar en un proceso, pero, en cambio, se puede demorar mucho más de lo debido en un proceso por violación.

En este punto, el informe presentado a la Comisión cita el caso de una niña violada por su padre, que después de cuatro años de recorrer los tribunales aún no ha logrado la imputación del atacante, pese a las múltiples pericias y a declaraciones a las que fue sometida.

También en México y Chile se ofrece suspender procesos iniciados por mujeres en situaciones de violencia, y optar por alternativas que no implican sanción, lo que redunda en un “alarmante índice de impunidad”.

Carrera recordó el caso de la jueza chilena Karen Atala, a la que se le denegó en su país justicia por discriminación. La Corte Interamericana de Derechos Humanos, también parte del sistema de la OEA, condenó en marzo al Estado por quitarle el cuidado de los hijos bajo el argumento de que es lesbiana.

Otro caso muy sonado ocurrido también en Chile, que obligó a las mujeres a acudir al sistema interamericano, fue el de la aymará Gabriela Blas. Quedó embarazada a los 16 años, producto de una violación. Tuvo a su hijo, pero el acusado, sobreseído, la siguió acosando.

La mujer, dedicada al pastoreo de ganado, extravió a su hijo de tres años, quien luego apareció muerto. Por esa pérdida, Blas fue condenada a 12 años de prisión y no se le permitió asistir al funeral del niño.

¿Presunción de inocencia?

Por Ricardo Santayana Sánchez 

Publicado en el blog Iter Criminis de la PUCP el 4 de noviembre de 2011

De cómo la opinión pública y la reacción popular corrompen el sentido original de la justicia

“… la presunción de inocencia se constituye en un principio y garantía que actúa como limite al poder persecutorio del Estado, además de ser un derecho fundamental, de exigir ser considerado inocente, mientras una sentencia judicial declare lo contrario.” 

– Fany Quispe Farfán

Toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Esta es una de las frases más escuchadas relacionada a los procesos penales. La frase hace referencia directa al principio de presunción de inocencia, entendido como una actitud favorable al inculpado en el que tanto los operadores del derecho como la comunidad en general están forzados a considerar al sujeto como inocente, hasta que una sentencia judicial lo declare culpable luego de la presentación de los respectivos medios probatorios [1].

Luzón Cuesta, señala que: la presunción de inocencia es un derecho subjetivo público, que se ha elevado a la categoría de derecho fundamental y tiene un doble plano de eficacia: por una parte, opera en las situaciones extraprocesales y consiste en el derecho a recibir la consideración y el trato de no autor del delito; por otro lado, en el campo procesal, en relación a la presentación y actuación de las pruebas [2].

Sin embargo, lamentablemente este principio es violado constantemente antes de que el proceso penal inicie, o incluso antes de que exista una demanda en cuestión. Una de las principales razones por las que este principio es vulnerado, es la influencia de los medios de comunicación, que en su labor “informativa” generan en la opinión publica ideas parcializadas que sin conocer de medios probatorios o principios generales del derecho, le otorgan culpabilidad a una de las partes.

Consecuencia directa de lo anterior, es que se generen conclusiones inexactas, carentes de valor jurídico pero cargadas de valoración social; que tendrán un efecto evidentemente negativo en el honor y la reputación del inculpado. Es el Estado el competente para decidir la inocencia o culpabilidad del sujeto, pero los medios de comunicación masivos se atribuyen la potestad de condenarlo socialmente, fundamentando su opinión en perspectivas parcializadas.

Luis Pásara considera que los medios de comunicación abren un proceso penal paralelo, con relevancia social que somete al sujeto no a una condena judicial sino a una condena popular [3]. En estos casos, los medios de comunicación no actúan en afán de informar y cumplir sus funciones, sino que actúan con el “propósito comercial de aumentar la circulación o la audiencia del medio, la satisfacción de intereses económicos o políticos vinculados a los propietarios del medio, y la venalidad de algunos periodistas que ponen su labor al servicio de quien pueda recompensarla.”

Otra consecuencia importante de la vulneración de este principio, son los efectos que se producen en la opinión del juez, donde se pone en tela de juicio su imparcialidad. El juez tiene el poder de decisión acerca de la libertad de un sujeto de derecho, y en procesos penales la imparcialidad debe ser absoluta por la importancia del derecho que se podría ver restringido: la libertad. Si los medios de comunicación influyen sobre la opinión publica, también lo hacen sobre la de los jueces y demás operadores del derecho que intervengan en el proceso. De esta manera se arriesga uno de los principios jurisdiccionales más importantes en el Estado Constitucional de Derecho.

Un claro ejemplo del tema que se viene tratando, es el conocido caso de Ciro Castillo. El padre de la víctima ha presentado una demanda por homicidio, la cual el órgano jurisdiccional correspondiente deberá resolver para determinar la inocencia o culpabilidad de la acusada, Rosario Ponce (pareja sentimental de la víctima). No obstante, al margen de la demanda por homicidio, los medios de comunicación se han encargado a lo largo de la investigación del caso, de dejar claro a la opinión pública que Rosario Ponce es efectivamente culpable de la muerte de Ciro Castillo.

Esta situación se mantiene desde que Ponce fue encontrada tras haberse perdido en el Valle del Colca con la víctima. Los medios masivos de comunicación, tales como canales de televisión y la gran mayoría de diarios que circulan por nuestro país, han sacado conclusiones de los “indicios” del caso. Resultado directo de esto, es que la opinión pública ha determinado la culpabilidad de Rosario Ponce, no sólo sin las pruebas pertinentes, sino que sin ningún fundamento jurídico u objetivo.

El caso de Rosario Ponce es sólo uno de los varios casos de violación a la presunción de inocencia, que como se ha mencionado incide directamente en otros derechos fundamentales como el honor y la buena reputación.

Definitivamente, no podemos hablar de una auténtica presunción de inocencia en nuestro sistema de justicia, pues esta se ve empañada por factores externos que la corrompen. De esta manera el verdadero sentido de la justicia se ve obstaculizado por los medios de comunicación a tal punto de poner en tela de juicio la imparcialidad de un proceso penal, hecho que tendrá como consecuencia la posible condena de inocentes, o la impunidad de culpables.

[1] QUISPE FARFAN, Fany. “El derecho a la presunción de inocencia”. Palestra Editores. Lima. Pp. 16, 2001.
[2] CARDENAS RIOSECO, Raúl . “La Presunción de Inocencia”. Editorial Porrúa, 2da. Edición. México. Pp. 23, 2006.
[3] PASARA, Luis. “Conflictos entre medios de comunicación y justicia”. 2003