¿Adónde va la Alianza del Pacífico?

A 3 años de su creación, ¿hacia donde va la economía de los países integrantes de la Alianza del Pacífico?

“Riesgos y Perspectivas de la Alianza del Pacífico”

Exposición por especialistas en economía de los países integrantes, auspiciado por CESLA y la UAM.

La exposición consiste de diapositivas y videos, dura 1 hora y 10 minutos.
Clic aquí para ver la Conferencia

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“Presunto Culpable” enfrenta futuro sombrío

“Presunto Culpable” es una película mexicana que saca a la luz diversas debilidades del deficiente sistema judicial del D.F., la capital de ese país.

Se estrenó hace dos años, y tuvo una muy buena recepción de la audiencia y crítica local e internacional; sin embargo, a los pocos meses se acumularon las demandas en su contra por haber usado sin permiso imágenes y videos de personas, bajo el tipo de Daño Moral.

La suma de reparaciones ya establecida en juicio supera los 200 millones de dólares (3 mil millones de pesos mexicanos), poniendo sobre la cabeza de los productores una aterradora pesadilla.

Aunque los productores pueden apelar, y el proceso puede tomar varios años, no tienen muchas esperanzas de salir bien librados.

El juicio se desarrolla a puerta cerrada y los demandados están prohibidos de declarar a la prensa.

Las demandas interrumpieron temporalmente la reproducción de la película en las salas de cine, y han afectado el negocio de la venta que se encuentra en la etapa de distribución en discos DVD.

Tenemos por un lado a la Justicia mexicana tratando de cobrar revancha por el daño ocasionado por la película a su imagen, lo que podría interpretarse como un atentado a la libertad de expresión, y por el otro lado una lección a los productores y medios de respetar los derechos de las personas.

Sitio de la película: http://www.presuntoculpable.org/

México : Juguemos al “arraiguito”

Eliminan diputados la figura del arraigo en el Distrito Federal.

En el DF se tenía detenidos, hasta por un mes, a probables responsables de un delito, ahora será sólo por cinco días.

Por Jessica Castillejos – Publicado en Excelsior de México el 1ero. de Mayo del 2013

La Asamblea Legislativa del DF (ALDF) aprobó la derogación del arraigo en la Ciudad de México, y en su lugar crearon una figura de detención de control judicial por cinco días, con posibilidad de duplicar el tiempo.

Asimismo se abolió la Ley contra la Delincuencia Organizada para el DF, bajo el argumento de que es algo que ya se combate a escala federal y esa norma en términos prácticos era “letra muerta”.

Durante su análisis en el pleno, se explicó que el arraigo era una medida cautelar para asegurar la disponibilidad del inculpado en la investigación previa al inicio del proceso penal, lo cual representa una violación de los derechos humanos.

“Aquí se detenía para investigar, cuando en la mayoría de los países democráticos del mundo sucede lo contrario: primero se investiga, y, cuando se reúnen los elementos suficientes, se le detiene”, señaló el presidente de la Comisión de Administración y Procuración de Justicia, Antonio Padierna.

El diputado Jorge Gaviño dijo que con las modificaciones aprobadas ayer en la ALDF, en lugar de que sea el Ministerio Público el que acuse o detenga al presunto delincuente, será un juez, con lo que se busca salvaguardar los derechos humanos del investigado.

Ese juez determinará el lugar, el modo y el tiempo para la aplicación de esta nueva medida cautelar.

Cabe destacar que el Subcomité para la Prevención de la Tortura de la Organización de Naciones Unidas (ONU) verificó que en la casa nacional de arraigo en México, 50 por ciento de las personas que se encontraban en ese lugar mostraban signos de violencia.

Los legisladores señalaron que con la detención con control judicial se deberá acreditar y sustentar la razonabilidad de la afectación a la libertad personal; se reducen significativamente los tiempos de la detención; se establecen criterios de proporcionalidad en la fijación del plazo de la medida; los jueces harán valer los derechos de audiencia, defensa y tutela judicial efectiva de las personas para prolongar la detención y se reforzará la capacidad investigadora de los fiscales y la policía de investigación.

Mal funcionamiento

“Hoy, sin duda, la figura del arraigo es resultado del mal funcionamiento del sistema de investigación y procuración de justicia, pues coloca los incentivos en dirección contraria al fortalecimiento de la capacidad investigativa de la autoridad, además de que el mal uso de la institución puede derivar en otras violaciones”, manifestó Antonio Padierna.

Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno del Diastrito Federal envió la iniciativa para modificar la figura del arraigo el pasado 4 de mayo para “seguir trabajando en la línea del respeto a los derechos humanos”, dijo el mandatario.

Letra muerta

El tema que causó polémica entre los diputados locales fue la derogación de la Ley Contra la Delincuencia Organizada, ya que los legisladores de Acción Nacional (PAN) se mostraron en contra argumentando que han ido en aumento los delitos del fuero federal, como tráfico de estupefacientes, transportación de los mismos, narcomenudeo y delincuencia organizada, y no podría derogarse la ley.

Sin embargo, el diputado local perredista Daniel Ordóñez explicó que todos esos delitos ya se combaten con leyes federales, por lo que en la práctica la ley local terminaba siendo letra muerta.

Lo que cambia

Principalmente se busca:

  • Con la detención con control judicial se deberá acreditar y sustentar la razonabilidad de la afectación a la libertad personal; se reducen significativamente los tiempos de la detención; se establecen criterios de proporcionalidad en la fijación del plazo de la medida.
  • Los jueces harán valer los derechos de audiencia, defensa y tutela judicial efectiva de las personas para prolongar la detención y se reforzará la capacidad investigadora de los fiscales de los policías.

Sicilia y México

Publicado el blog “La voz a ti debida” de Pedro Salinas  el 8 de Abril del 2013

“Puedo entender la alegría, pero ya no estoy aquí. Traigo algo de la muerte conmigo”, dijo el poeta mexicano Javier Sicilia en una entrevista con El País, comentando el asesinato de su hijo hace un par de años. Desde entonces, este escritor se ha convertido en una figura emblemática del deseo de paz en México, donde la violencia y el crimen organizado se han convertido en una suerte de contrapoder.

La violencia se expresa ahí en todas sus formas. Drogas. Secuestros. Sicariato. Tráfico de migrantes. Trata de personas. Contrabando. Protección. Control de mercados informales. Y así.

Y las mafias se llaman Los Zetas. La Familia Michoacana. O Los Caballeros Templarios. Hasta la fecha, se calculan en 30 mil los desaparecidos en tierras mexicanas.

“Un Estado que no puede saber dónde están 30 mil de sus ciudadanos es un Estado que no merece llamarse Estado”, anota Sicilia, quien, sin quererlo ni proponérselo, encabeza un movimiento cívico que clama paz en una sociedad donde la violencia se ha desbordado y la cosa pinta más que sombría. Que no nos pase lo mismo a nosotros.

El poder del crimen anula a la sociedad civil en Tamaulipas

El cierre de una web que alertaba de zonas de peligro continúa la erosión social del Estado más opaco de México

Por Pablo De Llano – Publicado en El País de España el 11 de abril del 2013

“Hoy por la mañana apareció una camioneta con varios ejecutados por el chaparral. Estaba balaceada la camioneta. Y los soldados llegaron por ella a las meritas 12 de la tarde.” Este mensaje fue publicado este martes a las 19.11 en la página de Facebook de Valor por Tamaulipas. Es una web dirigida por un internauta anónimo en la que se avisa de qué zonas es preferible evitar y de qué sucesos ocurren a lo largo del día en Tamaulipas. Tanto ha arraigado la violencia en este Estado del noreste de México que para los tamaulipecos el concepto de información de servicio incluye saber en qué erial han aparecido cadáveres metidos en bolsas o en qué calle han sonado disparos de kalashnikov. Pero dentro de unos días ya no podrán consultar esta información en Valor por Tamaulipas. Su autor ha anunciado que la cerrará la semana que viene porque el crimen organizado le ha puesto precio a su cabeza: 600.000 pesos. 46.000 dólares. La erosión de la sociedad civil de este Estado continúa hasta en el ciberespacio.

Tamaulipas es un territorio casi vedado para las iniciativas no gubernamentales en favor de los derechos humanos. En una entrevista concedida hace una semana a EL PAÍS por el jefe de la oficina regional contra el delito de Naciones Unidas, su encargado, Antonio Luigi Mazzitelli, reconoció que ellos no trabajan en este estado porque no pueden garantizar la seguridad de sus operadores. Hace un año, el Colectivo de Análisis de la Seguridad con Democracia tanteó en su nombre al Gobierno tamaulipeco para saber si era factible hacer allí un taller sobre las condiciones de seguridad de los periodistas. La respuesta fue negativa. “Nos dijeron que mejor ni fuéramos”, dice el presidente de esta organización asesora, Raúl Benítez Manaut. Este experto en seguridad afirma que la virulencia de las mafias en esta zona y su control del territorio impiden el desarrollo de la sociedad civil. “Nadie organiza nada en Tamaulipas. La cohesión social y política está muy deteriorada, y su soberanía territorial está muy mermada”. Mientras tanto el Gobierno federal se limita a reconocer de una manera genérica su preocupación por Tamaulipas. Este miércoles el secretario de Gobernación (ministro del Interior mexicano), Miguel Ángel Osorio Chong, dio una rueda de prensa sobre la evolución de la violencia en México y se le preguntó cómo valoraba el hecho de que una organismo del peso de Naciones Unidas no se atreviese a poner un pie en Tamaulipas. Osorio Chong solo dijo que es un Estado con “complicaciones” y que era uno de los objetivos del plan de seguridad del gabinete del presidente Enrique Peña Nieto.

La realidad concreta para la sociedad civil es asfixiante. Desde la oficina mexicana de Amnistía Internacional explican que ellos no hacen nada en Tamaulipas porque no han tenido ocasión de encontrar a ningún grupo de ciudadanos que pueda servirles de enlace local para sus actividades. La sección de Human Rights Watch en México lamenta que se trata de uno de los estados con más necesidad de activistas y sin embargo carece de ellos por el riesgo que supone defender los derechos humanos donde el poder del crimen parece ubicuo. “No solo por la falta de apoyo de las autoridades estatales y por la violencia de la delincuencia organizada, sino también por el siniestro nexo entre ambos”, dice Nik Steinberg, investigador de esta organización. Las ONG locales en Tamaulipas son una especie civil amenazada.

La más consolidada del Estado cerró en 2011 después de 12 años de actividad. Se llamaba Centro de Estudios Fronterizos y de Promoción de los Derechos Humanos, CEFPRODHAC, y tenía su base en Reynosa. Un miembro de la organización cuenta por correo electrónico, bajo condición de anonimato, por qué han tenido que echarse a un lado. “Llegó un momento en que no sabías a quién estabas defendiendo, podía ser un delincuente, y el trabajo de monitoreo y de registro de las torturas era altamente riesgoso”. Pone un ejemplo de la inviabilidad del trabajo civil para las agencias locales y para las foráneas. “El año pasado visitaron nuestra ciudad dos mujeres que hacen investigación sobre derechos humanos y literalmente salieron huyendo por las amenazas que recibieron”.

Otro caso es el del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo. Su presidente, Raymundo Ramos, explica que su grado de inseguridad llega a tal punto que trabajan siempre con su oficina cerrada con llave, y nunca de noche. Ramos está bajo protección de la Secretaría de Gobernación a petición de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Su ONG documentó la “desaparición forzada” de seis hombres en junio de 2011 a manos supuestamente de miembros de la Armada, y la Comisión Nacional exigió la aclaración del caso en su Recomendación 39/2012. “Entonces hubo actos de intimidación hacia los familiares de las víctimas y hacia un servidor”, dice Ramos, que igual que reconoce que en su momento la Secretaría de Gobernación se ocupó de protegerlo, denuncia que hace cuatro meses que intenta sin éxito reunirse con miembros de este organismo. “Aunque estemos en riesgo, a los de la provincia no quieren escucharnos”. Él dice que vive entre dos fuegos. “Por un lado, el crimen organizado, y por otro las posibles represalias del Ejército, de la Armada y de la Policía Federal”.

Tamaulipas tampoco ha sentido el calor del fenómeno civil más importante de los últimos años en México, la aparición del Movimiento por la Paz, liderado por el poeta Javier Sicilia. Ninguna de las caravanas contra la violencia que ha hecho esta organización ha pasado por allí. Uno de sus miembros, Daniel Gershenson, explica que no lo han hecho porque ellos apoyan sus viajes en la colaboración de las asociaciones locales, y en este Estado no han encontrado “la infraestructura ciudadana” que necesitan. De todos modos el Movimiento por la Paz tiene en mente ir a Tamaulipas. “Es el epicentro del horror”, dice Sicilia, “y sentimos que estamos en deuda con este lugar. Es casi un territorio tomado por el crimen y con muchas violaciones de derechos humanos que no se han podido visibilizar. Tamaulipas es territorio de nadie”.

Una de las amenazas de la zona son los halcones. Así le llaman a los sujetos que sirven de vigías en las calles para los criminales, los ojos de las mafias, sus oídos. Ellos son una amenaza para los activistas civiles y para cualquier otro cuyo oficio, de una forma u otra, consista en preguntar. Por ejemplo, las empresas de sondeos. “En Tamaulipas nos vigilan, hasta saben donde nos hospedamos”, dice Roy Campos, director de Consulta Mitofsky. Ellos no han renunciado a trabajar allí, pero se preocupan de que sea evidente que son consultores y no cualquier otra cosa. En los hoteles se registran a nombre de la empresa, el alquiler de los coches lo hacen a nombre de la empresa, en la calle visten camisa y visera de la empresa. Para que los ojos de los halcones no se confundan. Otra empresa de sondeos, Parametría, ha llegado a sufrir la “retención” de unos de sus consultores durante unas horas, aunque luego los soltaron y no les hicieron nada. Su director, Franciso Abundis, cuenta que siempre que hacen un sondeo prescinden de algún municipio porque antes les chivan que está caliente. ¿Quién los avisa? “A veces el Ejército, a veces los vecinos, a veces los propios criminales. Ellos en las carreteras tienen retenes de hombres armados y te dicen ‘regrésate’, o ‘por aquí no pasas’, y eso evita problemas”.

Otros profesionales de la pregunta que se han encontrado con el bozal de silencio de Tamaulipas son los periodistas. Los periódicos locales han renunciado a investigar al crimen organizado, e incluso a informar de los meros crímenes diarios, y ni siquiera la ONG que más vela por la seguridad de los reporteros mexicanos, Artículo 19, hace incursiones en el Estado. “Es una zona demasiado monitoreada. Hay informantes en cada esquina. Trabajamos a distancia, tanto por nuestra seguridad como por la de los reporteros locales. Allí la situación está sostenida con alfileres”, dice Ricardo González, miembro de está organización.

51 minutos después del mensaje con el que empezaba esta crónica, aparecía otra anotación en Valor por Tamaulipas. “Reynosa. ¿Alguien supo qué pasó por el cuartel como a las 2:25? Indican que se escucharon algunas detonaciones”. La página de información de servicio seguía funcionando. Todavía.

“El riesgo ha sobrepasado a Valor por Tamaulipas”

MARI LUZ PEINADO

El peligro le ha ganado a la libertad. La decisión del administrador de Valor por Tamaulipas de cerrar su página de Facebook y su cuenta en Twitter es definitiva y se debe a las amenazas. En declaraciones a EL PAÍS por correo electrónico, el internauta anónimo ha confirmado que en los próximos días cerrará su página. “Cuando comencé no tomé las precauciones necesarias. Hay varios factores que, si los junto con el temor que tengo a que se tomen acciones contra los usuarios que siguen a Valor por Tamaulipas, me hacen considerar que los riesgos empiezan a sobrepasar cualquier apoyo que genere el mantener la página”. El gestor de las cuentas también asegura que “hay personas que no comprenden esta decisión, pero desde mi perspectiva, la consideración de daños a terceros pesa demasiado”. Hace unos dos meses, cuando aparecieron los folletos que ofrecían una recompensa de 600.000 pesos para saber algo de su paradero, el administrador reconoció que su mujer y sus hijos habían tenido que pasar a Estados Unidos y abandonar México por miedo a represalias.

México reducirá los plazos que permiten comenzar a buscar a un desaparecido

Las autoridades tenían por costumbre esperar 72 horas antes de iniciar una investigación

Por Paula Chouza – Publicado en El País de España el 11 de Abril del 2013

Darcy, una joven de 20 años del Distrito Federal, fue vista por última vez cuando salía de la heladería en la que trabajaba el domingo 24 de marzo a las nueve de la noche. “Nos preocupamos hacia la una de la mañana, ella nunca llegaba tarde”, relata su padre, José Luis Losada, en conversación telefónica. Con su esposa acudió a la Procuraduría de Justicia, pero no pudieron presentar la denuncia porque no habían pasado las horas necesarias. Su madre declaró a la prensa haber recibido una llamada desde el teléfono de Darcy en la que oyó gritar a la joven suplicando que cesaran los golpes. El número se había marcado sin querer. La muchacha fue hallada finalmente muerta el lunes por la noche y hasta el martes no pudo ser identificada, horas antes de que el asesino confesara la autoría del crimen a la familia vía Facebook.

Hasta la fecha, en México las autoridades tienen por costumbre esperar 72 horas desde la ausencia de una persona hasta el inicio de la investigación, una práctica que parece tener los días contados. Con la aprobación del nuevo protocolo de búsqueda de personas desaparecidas las primeras horas serán cruciales para intentar ubicar a la víctima y tratar de saber qué pasó con ella. La Procuraduría Social de Atención a las Víctimas de Delitos (PROVÍCTIMA) ha confirmado al diario EL PAÍS que el documento está finalizado. El texto, en el que el organismo lleva trabajando casi un año, ha alcanzado el consenso de las 32 procuradurías estatales y será sometido a votación en la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia, para la cual todavía “no hay fecha prevista pero no será más tarde de junio”, afirma la subprocuradora Patricia Bugarín. El Protocolo constituye un documento que adoptarán de forma homologada las diferentes instancias del país: “Lo fundamental es que no estamos proponiendo un protocolo de integración, en el que se dice ‘haz esto’. Es un protocolo de investigación que propone cómo hacerlo”.

Para el padre de Darcy Losada, la noticia es positiva: “Tal vez, si se hubiese buscado en la zona durante las primeras horas, se habría evitado”. En este sentido Bugarín reconoce que en este caso debió de prestarse atención a indicios previos –ella ya había sido amenazada- y concluye que las primeras 24 horas son “fundamentales”. “Una investigación de búsqueda es el primer contacto con la información, cuanto más tardemos más lejos estamos de resolverla”.

La reforma se basa en cuatro pilares: la recopilación de la información que pueden proporcionar las víctimas indirectas, elegir los datos estratégicos para la búsqueda, definir hacia dónde llevar la pesquisa y analizar los datos. La cifra de desaparecidos en México es muy alta. Según reconoció el Gobierno en febrero, entre 2006 y 2012 hubo 26.121 denuncias de desaparecidos.

Cuando la hija de Marisela Escobedo desapareció en 2008 en Ciudad Juárez, las autoridades tardaron más de un mes en iniciar las pesquisas. En aquel caso, con sus propios recursos, la madre logró localizar al presunto asesino de su hija, quien reconoció la autoría de los hechos en el juicio y hasta el lugar de sepultura de sus restos. Los jueces lo declararon inocente por falta de pruebas y el caso de Marisela saltó a los medios nacionales e internacionales. Ella se convirtió en activista y en 2010 la mataron de un tiro en la cabeza frente al Palacio de Gobierno del Estado de Chihuahua. La Justicia, en todo aquel proceso, funcionó al revés. “En la experiencia de Juárez estamos convencidos de que si los protocolos se hubiesen activado antes, habríamos evitado miles de asesinatos. Las primeras horas son clave para la solución en la investigación de un desaparecido”, afirma Imelada Marrufo, presidenta de la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez, localidad que ha sufrido la muerte violenta de 1.441 mujeres desde 1993 y la desaparición de otras 171 desde 1995. “Desde la sociedad civil llevamos años pujando por que se lleve a cabo una búsqueda inmediata, así que este protocolo es una buena noticia”, concluye.

La publicación del listado con 26.121 ausentes entre 2006 y 2012 fue la respuesta del Ejecutivo de Peña Nieto a un informe de Human Right Watch que documentaba la participación de las fuerzas de seguridad en 149 desapariciones durante el sexenio de Felipe Calderón. Entre las principales deficiencias del sistema de búsqueda HRW denunciaba la demora en los plazos para iniciar las pesquisas. La Procuraduría General de la República ha expresado en varias ocasiones su compromiso con este asunto, asegurando que la localización de personas ausentes es una prioridad del Gobierno Federal.

Ley de Amparo reformulada en México

Según el presidente mexicano Enrique Peña Nieto, esta nueva versión, estudiada y revisada en demasía, y presentada ayer, es un logro contra el abuso de autoridad; basta leer el artículo 262.

Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión:

I. Al rendir informe previo o con justificación exprese un hecho falso o niegue la verdad;

II. Sin motivo justificado revoque o deje sin efecto el acto que se le reclama con el propósito de que se sobresea en el amparo, sólo para insistir con posterioridad en la emisión del mismo;

III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra;

IV. En los casos de suspensión admita, por notoria mala fe o negligencia inexcusable, fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente; y

V. Fuera de los casos señalados en las fracciones anteriores, se resista de cualquier modo a dar cumplimiento a los mandatos u órdenes dictadas en materia de amparo.

Ya está en el papel, ahora hay que implementarla.