Por una Justicia previa al Juicio

Extracto del artículo de Ernesto De La Jara publicado en Diario 16 el 11 de Febrero del 2013

Para airearnos un poco de la revocatoria o del indulto a Fujimori, hablemos de otro tema: cárceles. En su discurso de despedida como presidente de la Corte Suprema, César San Martín presentó un dato que expresa un cambio en la administración de justicia que, al entenderse bien, algunos celebrarán y otros pifiarán.

El dato es que con el Nuevo Código Procesal Penal se está reduciendo significativamente el número de personas que están en la cárcel solo por estar siendo procesadas y no por ya haber sido condenadas. Mientras que en Lima, todavía con el viejo código, estos presos sin condena son la mayoría (el 68 %); en Arequipa, ya con el nuevo –dijo con satisfacción– han pasado a ser minoría (el 24 %).

¿Qué quiere decir en realidad este descenso? Acá viene lo que puede gustar o disgustar: los acusados de haber cometido un delito ya no son enviados casi siempre a la cárcel, sino que cada vez son más los casos en los que los jueces permiten que se enfrente el juicio en libertad.

El primer argumento para considerar que estamos ante un anuncio positivo es que los fiscales y jueces estarían actuando, de esta manera, más ceñidos a lo que jurídicamente corresponde. De acuerdo al derecho nacional e internacional, una persona que no ha sido condenada solo debe ser encarcelada cuando exista un peligro real de fuga o de alteración de pruebas. Siempre y cuando, además, este peligro no se pueda eliminar de una manera menos drástica, a través de medidas alternativas a la cárcel, como podría ser el uso de brazaletes (¿no se habían comprado ya?) o la comparecencia restrictiva (contacto permanente con el juzgado, no salir del país, etc.), entre otras.

También estaríamos ante un cambio acertado porque se estaría evitando que miles de personas vayan a la cárcel, no solo de manera ilegal, sino innecesariamente, lo que significaría un ahorro de millones horas-hombre-mujer de sufrimiento.

Hay también razones pragmáticas –de seguro más convincentes– para defender que es mejor tener menos personas sin condena en las cárceles. La reducción de la población penitenciaria traería un inmenso ahorro económico para el Estado.

Actualmente, se tiene que hacer una serie de gastos en infraestructura, alimentación, seguridad, salud, entre muchos otros aspectos, para los cerca de 60 000 presos que hay a nivel nacional (60 % son solo procesados). Este número global es el resultado del fuerte incremento que ha habido en la última etapa: hace 10 años eran cerca de la mitad, y últimamente hay unos 10 000 presos más por año. Es por eso que las cárceles tienen el doble de la población que deberían albergar de acuerdo a su capacidad.

Sin embargo, bien sabemos que muchos serán los que crean que el juez San Martín nos ha dado una pésima noticia. En nombre de la seguridad ciudadana alegarán que lo conveniente es lo contrario: que todo aquel que se crea ha cometido un delito, debe ir, por principio, a la cárcel. Toda medida alternativa sería finalmente peligrosa y un mal mensaje.

Más allá de que se trate de una concepción que choca con el derecho, preguntémonos: ¿qué tan cierto es que, si se deja de mandar a la cárcel a un buen número de acusados y procesados, la ciudad se vuelve más insegura?

Por lo menos, en el caso de Arequipa parece que no ha sido así. De acuerdo a la encuesta de victimización realizada el año pasado por Ciudad Nuestra, de diez ciudades evaluadas, Arequipa está entre las tres menos inseguras, cuando, hace un año, estaba entre las tres más inseguras. Además, tiene una percepción de inseguridad menor al promedio.

Una razón más para evaluar, ¿cuántos del altísimo número de los procesados que hoy están en la cárcel podrían (deberían) seguir sus juicios en libertad?

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El Nuevo Código Procesal Penal

Por Marcos Ibazeta Marino – Publicado en su columna “Sentido Común” en Expreso el 24 de Octubre del 2012

Existe una teoría jurídica sobre la naturaleza de las normas procesales que las califica como orgánicas, materiales y formales. Los dos segundos conceptos están referidos a los sujetos y actos procesales así como al desenvolvimiento de los mismos hasta que el proceso logre su finalidad de resolver conflictos. Sin embargo, ni el elemento material ni el formal tendrán eficacia alguna sino tiene una organización que las sostenga con éxito.

En palabras más simples, podemos tener los mejores códigos procesales del mundo, pero si no construimos una organización idónea que garantice y haga visible las bondades de aquellos, el resultado de fracaso se va a sentir de inmediato y más tratándose de uno que regula la persecución del delito porque en vez de disminuir la delincuencia ésta se va a incrementar cuando descubra que el nuevo código, sin organización idónea de soporte, le genera un mundo de impunidad. No aprendemos las lecciones de la historia lo que nos lleva a fracasar en todo aquello que cuenta con todo para alcanzar el éxito.

Ya ocurrió en los noventa cuando en el Perú se puso en vigencia el novísimo Código Procesal Civil el cual, por la estructura procesal y el diseño procedimental, no tenía que generar retardo alguno por parte de los jueces y auxiliares jurisdiccionales en el desarrollo de los procesos. Sin embargo, así como ocurre con el nuevo código procesal penal, fue poniéndose en vigencia progresiva pero dentro de una estructura organizativa obsoleta en términos de administración de recursos, diseño de oficinas y distribución de funciones del personal auxiliar.

Esta obsolescencia organizacional tenía que haber sido superada al promulgarse la nueva Ley Orgánica del Poder Judicial a finales de 1991, en la cual se concedió a la Corte Suprema todopoder para autogobernarse, con un diseño para juzgados y salas, y funcional para magistrados y auxiliares: jamás se elaboraron ni reglamentos de organización ni manuales de funciones y menos de procedimientos internos.

El Código Procesal Civil vigente desde inicios de 1993 se hizo trizas y terminó mutilándose todo su diseño originario.

Con el NCPP no tenemos buenos investigadores ni policiales ni fiscales, no hay laboratorios idóneos dispersos por todo el Perú ni modernidad suficiente para que un proceso garantista cuente con pruebas idóneas: o se absolverá a los culpables o se perseguirá arbitrariamente a muchos inocentes.

Ministerio Público pide S/.533 millones más de presupuesto para 2013

El fiscal de la Nación, José Peláez, afirmó que esos recursos permitirán el fortalecimiento del sistema fiscal, médico legal y administrativo, así como la mejora del programa de prevención del delito.

Publicado en Peru21 el 10 de Octubre del 2012

El Ministerio Público solicitó al Ministerio de Economía y Finanzas un incremento de 533 millones 285 mil 475 soles en su presupuesto para el próximo año. Ese monto, sumado a los 1,182 millones 488 mil 448 soles asignados por el MEF, dan un total de 1,715 millones 773 mil 923 soles.

En su presentación ante la Comisión Presupuesto y Cuenta General de la República del Congreso, el fiscal de la Nación, José Peláez, explicó que este aumento de recursos permitirá el fortalecimiento del sistema fiscal, médico legal y administrativo, así como la mejora del programa de prevención del delito, la asistencia a víctimas y testigos, la puesta en marcha del plan de trata de personas, el fortalecimiento de las fiscalías especializadas en materia ambiental y la unificación de ingresos.

Agregó que este incremento hará posible, además, el cumplimiento del pago de beneficios sociales, de la planilla de pensiones, de los subsidios por fallecimiento, de las sentencias judiciales, la continuidad de las inversiones, el equipamiento de las oficinas y de los servicios básicos.

Peláez Bardales planteó que se le exonere a su despacho de las prohibiciones referidas al ingreso de personal durante el 2013, a fin de efectuar el nombramiento de fiscales, la contratación de personal médico y administrativo.

Propuso que se autorice al MEF a continuar con los estudios para nivelar los ingresos de los trabajadores del Ministerio Público sujetos a los regímenes laborales de los decretos legislativos 276 y 728 con los ingresos de los trabajadores de otras entidades del sistema de justicia.

Por último, planteó que se permita a la institución otorgar un bono por desempeño por el cumplimiento de metas y objetivos institucionales del 2013, lo que favorecía al 15% del personal que presta servicios en las fiscalías, en las unidades de medicina legal y administrativas.

Admito el desacierto

Por Victorio Neves de Baers – 10 de Setiembre del 2012

El 18 de Mayo del 2012, escribí una nota titulada “Investigación ¿Preliminar o Preparatoria?”, la cual elaboré luego de leer los artículos del Nuevo Código Procesal Penal (NCPP) referentes a las etapas y plazos en los que se encuentra un caso como el de Ciro Castillo.

No he estudiado derecho, tampoco torcido, pero me llamó la atención que la Dra. Lozada y otros actores del caso usaran el término “Investigación Preliminar”, el cual no aparece como tal en el NCPP, y a raíz de eso, escribí la nota.

Mi apreciación fue correcta, y la reafirmo, no existe una etapa que se pueda llamar “Investigación Preliminar”, y no debería ser usada por prestar a confusión.

Sin embargo, por desconocimiento llegué a conclusiones erradas, las cuales son las siguientes:

1. Según el NCPP, las diligencias preliminares deben durar 20 días, y en Mayo 2012 ya habían pasado más de 300 días (desde el 7/7/2011 cuando se inició el caso), y por lo tanto yo consideré que ya no nos encontrábamos en las diligencias preliminares, y supuse que el paso a la siguiente etapa debió haber sucedido en el mismo Julio 2011, cuando aún yo no tomaba interés en el caso.

Eso fue un error mío, el NCPP en el Art. 334.2 dice: El plazo de las Diligencias Preliminares, conforme al artículo 3°, es de veinte días, salvo que se produzca la detención de una persona. No obstante ello, el Fiscal podrá fijar un plazo distinto según las características, complejidad y circunstancias de los hechos objeto de investigación.”

Yo lo había leído pero consideré que 20 días no podrían haberse extendido tanto, hasta más de 300 días, toda vez que también había leído los artículos 342.1 y 342.2, donde se habla de las prórrogas de 60 días y de 8 meses, pero donde se especifica que son prórrogas de la “Investigación Preparatoria” y no de las “diligencias preliminares”.

2. Ese error me llevó a otras conclusiones erradas, entre ellas, que la fiscal del caso, Dra. Lozada debe decidir ahora entre el archivamiento o la acusación, cuando lo correcto es que debe decidir entre el archivamiento o la formalización de la “Investigación preparatoria”.

Lo correcto

Entonces, lo correcto es que el 4 de Setiembre del 2012 concluyó la etapa de las diligencias preliminares, que el NCPP sugiere que debe ser de 20 días, pero que puede ser prorrogada o extendida, usando los plazos de la Investigación Preparatoria, aunque esto no lo dice el NCPP; pero así ha sido usado en otros casos, y debido a la jurisprudencia u otros considerandos legales que no domino, se aplica también para este caso; en el cual esta etapa llegó a extenderse por más de 420 días.

También es correcto que el siguiente paso, que es la decisión de la fiscal, no es o archivar o acusar; sino o archivar o formalizar la investigación preparatoria. De decidir la fiscal por formalizar la investigación preparatoria, tendría hasta 8 meses más, que es la prórroga de un caso complejo, para realizarla, es decir hasta Mayo 2013.

Mil disculpas.

Para leer:

El Nuevo Código Procesal Penal

Artículo: Investigación ¿Preliminar o Preparatoria?

Artículo: Caso podría extenderse hasta Mayo 2013

Investigación ¿Preliminar o Preparatoria?

Esta nota contiene apreciaciones erradas, lea la nota Admito el desacierto

Por Victorio Neves de Baers – 18 de Mayo del 2012

En los procesos comunes, como es el caso Ciro Castillo, y de acuerdo al Nuevo Código Procesal Penal, vigente en Arequipa, NO EXISTE LA INVESTIGACIÓN PRELIMINAR, sin embargo este término ha sido usado por la misma Dra. Lozada, los abogados de las partes, y por ende, repetido por toda la prensa.

El nuevo Código habla de Investigación Preparatoria, la cual comprende en su inicio diligencias preliminares las cuales pueden realizarse durante 20 días. La investigación Preparatoria tiene un plazo de 120 días. Luego de la investigación preparatoria, el fiscal debe decidir por formalizar la acusación o por el sobreseimiento (archivamiento) del caso. La investigación preparatoria puede ser ampliada por 60 días y luego por 240 días, como ha sucedido en este caso.

Revisemos algunas declaraciones de la Dra. Lozada donde comete este error:

 27/10/2011

¿Y que sigue Dra. en el proceso?, ¿cuánto tiempo queda de plazo para poder formalizar una denuncia ante el Poder Judicial, o abstenerse de hacerla?

No, como yo les he venido diciendo en este nuevo Código tenemos una Investigación Preliminar que es de 120 días, después podemos pasar a una preparatoria, o podemos quedarnos en la preliminar, en fin, las decisiones las tomará la Fiscalía.

 03/01/2012

Estando por cumplirse el plazo de investigación del caso Ciro Castillo Rojo ¿qué avances tiene hasta ahora, qué va a pasar?

Sí, efectivamente se ha cumplido ya el plazo de la investigación preliminar que la fiscalía cumplió hasta por el término de 180 días, teniendo en cuenta que el cadáver de Ciro Castillo Rojo fue encontrado el 23 de Octubre del año pasado la fiscalía ha ordenado una serie de diligencias que son necesarias para la culminación precisamente de este caso, por ello la Fiscalía, de acuerdo al artículo 342 del código procesal penal, ha decidido declarar complejo este caso, y ¿qué significa esto?, el declarar complejo significa precisamente la ampliación de la investigación por el término de 8 meses, ello no significa precisamente que la investigación va a durar 8 meses, si no que tenemos estos 8 meses para poder realizar algunas diligencias, y además podría ser que el caso termine en 1, 2 o 3 meses para una decisión final, ¿que significa una decisión final?, significa o ir a una investigación preparatoria o el sobreseimiento del caso, y ello es de acuerdo a las diligencias que nosotros nos hemos planteado; la Fiscalía se ha planteado 19 diligencias que va a realizar en el menor plazo posible y por ello es precisamente que se declara un proceso complejo, por la cantidad significativa de actos de investigación que se tienen que realizar.

Ahora, pasando los ocho meses, doctora, que se ha ampliado la investigación, ¿podrían ver que nuevamente se estaría ampliando, o definitivamente acaba, qué pasaría con este proceso?

Nosotros tenemos 2 caminos, o entramos a una investigación preparatoria que sería lo menos, o entramos a un sobreseimiento, y el sobreseimiento se da cuando la fiscalía considera que no se han dado los elementos de prueba suficientes o de medios de prueba suficientes que nos permitan llegar a una conclusión definitiva de haber cometido o no un homicidio a determinada persona, eso les hablo en manera genérica, no estamos hablando del caso concreto de Rosario Ponce; en fin, lo que nosotros estamos haciendo hoy es ampliar la investigación porque es necesario y vamos a tratar de que esta investigación termine o culmine en el menor tiempo posible.

¿Qué es lo correcto?

El 7 de Julio del 2011 se hizo la denuncia por homicidio y desaparición real y personal.

Se tuvo 20 días para realizar las diligencias preliminares al final de los cuales se decidió continuar con la Investigación Preparatoria.

Luego de 120 días, el 4 de Noviembre del 2011 se vencía el plazo de la Investigación Preparatoria; se solicitó ampliación por hasta 60 días más.

Luego de 180 días, el 2 de Enero del 2012 se vencía el plazo de la Investigación Preparatoria ampliada, se declaró el caso complejo y se amplió por hasta 240 días más, es decir hasta el 30 de Agosto del 2012.

¿Porqué se comete este error?

Porque se arrastra conceptos del Código anterior, y porque existe el término “Juez de la Investigación Preliminar”; también hay que anotar que para Procesos Especiales, que no es el caso, el Nuevo Código sí considera una etapa de Investigación Preliminar.

La Acusación – Artículos

Artículo 349 Contenido.-

1. La acusación fiscal será debidamente motivada, y contendrá:

a) Los datos que sirvan para identificar al imputado;
b) La relación clara y precisa del hecho que se atribuye al imputado, con sus circunstancias precedentes, concomitantes y posteriores. En caso de contener varios hechos independientes, la separación y el detalle de cada uno de ellos;
c) Los elementos de convicción que fundamenten el requerimiento acusatorio;
d) La participación que se atribuya al imputado;
e) La relación de las circunstancias modificatorias de la responsabilidad penal que concurran;
f) El artículo de la Ley penal que tipifique el hecho, así como la cuantía de la pena que se solicite;
g) El monto de la reparación civil, los bienes embargados o incautados al acusado, o tercero civil, que garantizan su pago y la persona a quien corresponda percibirlo; y,
h) Los medios de prueba que ofrezca para su actuación en la audiencia. En este caso presentará la lista de testigos y peritos, con indicación del nombre y domicilio, y de los puntos sobre los que habrán de recaer sus declaraciones o exposiciones. Asimismo, hará una reseña de los demás medios de prueba que ofrezca.

2. La acusación sólo puede referirse a hechos y personas incluidos en la Disposición de formalización de la Investigación Preparatoria, aunque se efectuare una distinta calificación jurídica.

3. En la acusación el Ministerio Público podrá señalar, alternativa o subsidiariamente, las circunstancias de hecho que permitan calificar la conducta del imputado en un tipo penal distinto, para el caso de que no resultaren demostrados en el debate los elementos que componen su calificación jurídica principal, a fin de posibilitar la defensa del imputado.

4. El Fiscal indicará en la acusación las medidas de coerción subsistentes dictadas durante la Investigación Preparatoria; y, en su caso, podrá solicitar su variación o que se dicten otras según corresponda.

Artículo 350 Notificación de la acusación y objeción de los demás sujetos procesales.-

1. La acusación será notificada a los demás sujetos procesales. En el plazo de diez días éstas podrán:

a) Observar la acusación del Fiscal por defectos formales, requiriendo su corrección;
b) Deducir excepciones y otros medios de defensa, cuando no hayan sido planteadas con anterioridad o se funden en hechos nuevos;
c) Solicitar la imposición o revocación de una medida de coerción o la actuación de prueba anticipada conforme a los artículos 242 y 243, en lo pertinente;
d) Pedir el sobreseimiento;
e) Instar la aplicación, si fuere el caso, de un criterio de oportunidad;
f) Ofrecer pruebas para el juicio, adjuntando la lista de testigos y peritos que deben ser convocados al debate, con indicación de nombre, profesión y domicilio, precisando los hechos acerca de los cuales serán examinados en el curso del debate. Presentar los documentos que no fueron incorporados antes, o señalar el lugar donde se hallan los que deban ser requeridos;
g) Objetar la reparación civil o reclamar su incremento o extensión, para lo cual se ofrecerán los medios de prueba pertinentes para su actuación en el juicio oral; o,
h) Plantear cualquier otra cuestión que tienda a preparar mejor el juicio.

2. Los demás sujetos procesales podrán proponer los hechos que aceptan y que el Juez dará por acreditados, obviando su actuación probatoria en el Juicio. Asimismo, podrán proponer acuerdos acerca de los medios de prueba que serán necesarios para que determinados hechos se estimen probados. El Juez, sin embargo, exponiendo los motivos que lo justifiquen, podrá desvincularse de esos acuerdos; en caso contrario, si no fundamenta especialmente las razones de su rechazo, carecerá de efecto la decisión que los desestime.

Artículo 351 Audiencia Preliminar.-

1. Presentados los escritos y requerimientos de los sujetos procesales o vencido el plazo fijado en el artículo anterior, el Juez de la Investigación Preparatoria señalará día y hora para la realización de una audiencia preliminar, la que deberá fijarse dentro de un plazo no menor de cinco días ni mayor de veinte días. Para la instalación de la audiencia es obligatoria la presencia del Fiscal y el defensor del acusado. No podrán actuarse diligencias de investigación o de prueba específicas, salvo el trámite de prueba anticipada y la presentación de prueba documental, para decidir cualquiera de las solicitudes señaladas en el artículo anterior.

2. La audiencia será dirigida por el Juez de la Investigación Preparatoria y durante su realización, salvo lo dispuesto en este numeral no se admitirá la presentación de escritos.

3. Instalada la audiencia, el Juez otorgará la palabra por un tiempo breve y por su orden al Fiscal, a la defensa del actor civil, así como del acusado y del tercero civilmente responsable, los que debatirán sobre la procedencia o admisibilidad de cada una de las cuestiones planteadas y la pertinencia de la prueba ofrecida. El Fiscal podrá en la misma audiencia, presentando el escrito respectivo, modificar, aclarar o integrar la acusación en lo que no sea sustancial; el Juez, en ese mismo acto correrá traslado a los demás sujetos procesales concurrentes para su absolución inmediata.

Artículo 352 Decisiones adoptadas en la audiencia preliminar.-

1. Finalizada la audiencia el Juez resolverá inmediatamente todas las cuestiones planteadas, salvo que por lo avanzado de la hora o lo complejo de los asuntos por resolver, difiera la solución hasta por cuarenta y ocho horas improrrogables. En este último caso, la decisión simplemente se notificará a las partes.

2. Si los defectos de la acusación requieren un nuevo análisis del Ministerio Público, el Juez dispondrá la devolución de la acusación y suspenderá la audiencia por cinco días para que corrija el defecto, luego de lo cual se reanudará. En los demás casos, el Fiscal, en la misma audiencia, podrá hacer las modificaciones, aclaraciones o subsanaciones que corresponda, con intervención de los concurrentes. Si no hay observaciones, se tendrá por modificado, aclarado o saneado el dictamen acusatorio en los términos precisados por el Fiscal, en caso contrario resolverá el Juez mediante resolución inapelable.

3. De estimarse cualquier excepción o medio de defensa, el Juez expedirá en la misma audiencia la resolución que corresponda. Contra la resolución que se dicte, procede recurso de apelación. La impugnación no impide la continuación del procedimiento.

4. El sobreseimiento podrá dictarse de oficio o a pedido del acusado o su defensa cuando concurran los requisitos establecidos en el numeral 2) del artículo 344, siempre que resulten evidentes y no exista razonablemente la posibilidad de incorporar en el juicio oral nuevos elementos de prueba. El auto de sobreseimiento observará lo dispuesto en el artículo 347. La resolución desestimatoria no es impugnable.

5. La admisión de los medios de prueba ofrecidos requiere:

a) Que la petición contenga la especificación del probable aporte a obtener para el mejor conocimiento del caso; y
b) Que el acto probatorio propuesto sea pertinente, conducente y útil. En este caso se dispondrá todo lo necesario para que el medio de prueba se actúe oportunamente en el Juicio. El pedido de actuación de una testimonial o la práctica de un peritaje especificará el punto que será materia de interrogatorio o el problema que requiere explicación especializada, así como el domicilio de los mismos. La resolución que se dicte no es recurrible.

6. La resolución sobre las convenciones probatorias, conforme a lo dispuesto en el numeral 2) del artículo 350, no es recurrible. En el auto de enjuiciamiento se indicarán los hechos específicos que se dieren por acreditados o los medios de prueba necesarios para considerarlos probados.

7. La decisión sobre la actuación de prueba anticipada no es recurrible. Si se dispone su actuación, ésta se realizará en acto aparte conforme a lo dispuesto en el artículo 245, sin perjuicio de dictarse el auto de enjuiciamiento. Podrá dirigirla un Juez si se trata de Juzgado Penal Colegiado.