Por Ernesto De La Jara – Publicado en Diario16 el 19 de Noviembre del 2012
El análisis de los casos judiciales que los medios de comunicación logran mantener en la cresta de la ola puede hacerse desde diversas entradas: rating, prejuicios, identificación, figuretismo, corrupción, voyerismo, entre muchas otras. Pero hay una muy práctica, que es la enorme capacidad que hoy ellos tienen para absolver o condenar. Rosario Ponce y Eva Bracamonte fueron consideradas culpables desde el comienzo; mientras que Luis Llanos y Gastón Mansilla, inocentes. Si bien son casos muy diferentes, tienen en común que hay muertos de por medio y que, por una u otra razón, son muy complejos.
Es cierto que lo dicho por los medios no es obligatorio, pero en compensación tienen una enorme capacidad tanto para estigmatizar como para crear héroes, aún por encima del veredicto judicial.
Se suele decir que es una ironía que el derecho se haya pasado más de un siglo inventando garantías para un juicio justo (presunción de inocencia, defensa, juez imparcial, obligación de motivar toda resolución, etc.) y que los medios de comunicación hayan terminado con ellas en un dos por tres.
El que se metan en todo lo que pasa en el sistema de justicia es un avance. Por encima de excesos, constituye una manera de mirar por la cerradura lo que hay al interior del cuarto oscuro que todavía es el (sub)mundo de la justicia. Sin embargo, si ya van a impartir una especie de justicia paralela, ellos también deberían tener que respetar garantías básicas.
Para que se pueda confrontar los fundamentos que esgrimen, debería terminarse con la venta por lo bajo de partes de expedientes, y que todos podamos acceder a ellos. Es hora de pasar a la informatización del proceso, para que apretando una tecla podamos ver si es verdad o mentira lo que se dice. El acceso a los medios de todas las partes involucradas, y no solo de una de ellas, sería una forma de proteger el derecho de defensa. Permitir que los jueces y fiscales tengan portavoces que salgan a la opinión pública a explicar sus decisiones sería una manera de reproducir el carácter público que deben tener las actuaciones judiciales.
El manejo absolutamente negligente de los hechos, o el descubrimiento de conflictos de intereses o actos de corrupción, debería tener consecuencias prácticas.
Los medios suelen alegar a su favor que en el mismo Poder Judicial el respeto de garantías deja mucho que desear; es verdad, pero por lo menos son derechos exigibles.
Sobre Javier Diez Canseco. Cuando apareció información acerca de un proyecto presentado por él sobre acciones de inversión, se logró sembrar dudas. ¿Qué hacía JDC metiéndose en temas relacionados con la bolsa de valores? Pero al poco tiempo quedó claro que era una venganza de sus enemigos, ya que el proyecto beneficiaba a muchos trabajadores y pequeños inversionistas. Y a partir de ahí han sido muchísimas las personas que han salido a defenderlo, conociendo muy bien de la materia y sin que tengan alguna razón para hacerlo por espíritu de cuerpo. Es injusto que haya sido sancionado por el Congreso, y encima debido a una alianza impensable y peligrosa: nacionalistas y fujimoristas.
JNE. Tomando en cuenta quiénes han salido elegidos como presidente titular y suplente, habría que agregar un requisito para el cargo: haber cometido una falta grave susceptible de destitución. Ojalá que prime el Francisco Távara (elegido por solo siete votos de 18) de la época en que fue un aceptable presidente de la Corte Suprema. Ahora viene la elección de los presidentes de la Corte Suprema y de todas las Cortes Superiores del país, comenzando por la de Lima, donde ya hay candidatos y candidatos.
Gregorio Santos. Al encabezar la fundación de un nuevo partido político, ya no puede negar que más que defender la voluntad de la población cajamarquina lo que busca son votos.
El crimen perfecto 